65YMÁS accede al borrador enviado a las CCAA del polémico modelo de residencias de Belarra

Tras meses de negociaciones con autonomías, sindicatos, patronales, familias y otras entidades, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 podría por fin aprobar este martes el nuevo modelo de residencias de mayores. 

Según fuentes del sector, Derechos Sociales habría asegurado que ya tiene una mayoría de comunidades dispuestas a votar a favor de su nueva propuesta de Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La versión anterior, del 25 de mayo, no llegó a someterse a votación –la mayoría de regiones se oponían–. 

El nuevo borrador

65YMÁS ha accedido al documento de trabajo enviado por el ministerio de Ione Belarra a las comunidades autónomas el miércoles  pasado que, si no se realizan cambios de última hora, podría ser el que se vote en el Consejo Interterritorial, aunque será este martes cuando salgamos de dudas –fuentes autonómicas consultadas por este diario no descartan que se hayan podido hacer modificaciones en el último momento–.

Según se desprende del documento, las nuevas residencias tendrían que situarse en entornos urbanos bien comunicados, parecerse a hogares, tener un máximo de 120 plazas en grandes ciudades –90 en municipios medianos y 75 en pequeños– y un 65% de habitaciones individuales, eliminar las sujeciones, aplicar una ratio de personal de 0,51 y permitir la participación de las familias y de los usuarios. Los centros ya construidos deberían también cumplir, según recoge el citado borrador, con una serie de requisitos si quieren concertar con la administración: tendrán que organizar el 80% de sus plazas en unidades de 15 residentes y alcanzar una ratio de gerocultores del 0,5 de aquí a 2029, así como eliminar las sujeciones en un plazo de tres años, entre otras medidas. 

Un modelo rodeado de polémica

Cabe recordar que la mayoría de estas propuestas ya estarían incluidas en borradores anteriores, y por esta razón, muy probablemente el acuerdo seguiría sin contar con el apoyo de patronales, sindicatos y familiares –sí que tiene el de los geriatras y gerontólogos y de CERMI–. En concreto, por aquel entonces, las empresas gestoras echaban de menos una financiación suficiente, los representantes de los trabajadores criticaban que no se acabase con la precariedad en el sector y las familias se mostraban en contra del "excesivo" número máximo de plazas en las nuevas residencias y consideraban que las ratios de personal eran escasas. Sin embargo, prácticamente ninguno de estos puntos se habría modificado en el nuevo documento.

Las novedades

Ahora bien, aunque los cambios en el texto habrían sido mínimos, el acuerdo sí que incluiría ciertas modificaciones de interés, respecto al borrador de mayo, que probablemente se habrían hecho para contentar las peticiones de algunas comunidades y de los sindicatos:

• Se añadiría una excepción para que determinados centros de nueva construcción en zonas rurales y en urbes medianas puedan ampliar el número máximo de plazas hasta las 120.
• El borrador estipula un porcentaje de contratos indefinidos: el 80%.
• Se fijaría la fecha tope para acabar con las sujeciones: el 30 de junio de 2025. 

Estos serían los puntos clave y las principales modificaciones: 

¿Fin de las macrorresidencias?

En primer lugar, en el nuevo acuerdo se propondría limitar el número de nuevas macrorresidencias en España, pero no acabaría con las ya construidas, como se llegó a prometer en un principio. 

El texto exigiría que los nuevos centros tuviesen un máximo de 75 plazas en zonas rurales, 90, en localidades medianas, y 120, en zonas densamente pobladas. Todos ellos deberían dividirse en unidades de 15 personas con ambiente hogareño y tener como mínimo un 65% de habitaciones individuales.

Con todo, el documento incluiría también una excepción –que no recogía el texto del 25 de mayo–: en el mundo rural y en las poblaciones intermedias, los edificios sociosanitarios podrían tener un máximo de 120 camas si acreditan "circunstancias excepcionales de viabilidad económica".

Por otra parte, las residencias ya en funcionamiento, según el borrador, no deberían limitar su número de camas, pero tendrían que contar, al menos, con un 80% de sus plazas organizadas en unidades de convivencia de 15 personas y tener, como mínimo, un 25% de habitaciones individuales en grandes ciudades, un 20%, en zonas intermedias, y un 10%, en el entorno rural.

Eso sí, se introducirían dos excepciones: 

• Los centros de menos de 35 plazas que "acrediten circunstancias excepcionales de viabilidad económica o arquitectónica" no tendrían que cumplir obligatoriamente con los porcentajes de habitaciones individuales.
• Las residencias ya construidas que demuestren que no pueden dividirse por motivos arquitectónicos podrían incumplir este apartado, siempre y cuando garantizasen que el ambiente de las estancias es hogareño, que se aplica el modelo de Atención Centrada en la Persona y que se limita la rotación de personal.      

Más ratios de trabajadores y contratos fijos

Otro punto clave del Acuerdo sería el aumento de las ratios de personal. En este caso, se debería situar en un 0,51 para gerocultores y personal sanitario (0,43 para cuidadores) a finales de 2029. "Aquellas Comunidades Autónomas que así lo consideren incrementarán la ratio prevista para aquellas personas que presenten situaciones de cuidado de especial complejidad, reconociendo su necesidad de una mayor intensidad de apoyos, respetando siempre la ratio mínima establecida para personas mayores y personas con discapacidad", añade el nuevo borrador del acuerdo. 

Además, en el texto al que ha tenido acceso este diario, se incluye un nuevo apartado contra la precariedad en el sector: "Se garantizará un 80% de contratos indefinidos sobre el total de contratación laboral de los centros y servicios del SAAD, salvo causa justificada y acreditada por falta de oferta de personal. Por otro lado, el porcentaje de contratos de personal de atención directa de primer nivel de los centros y servicios del SAAD con jornada ordinaria (a tiempo completo) deberá ser de, al menos, el 66% sobre el total de horas contratadas por la entidad. Dicho porcentaje será del 50% en el caso del servicio de ayuda a domicilio". 

Finalmente, el texto también hace referencia a la formación de los cuidadores. Concretamente, se comprometería a abrir un proceso con ministerios como el de Educación o el de Seguridad Social para aumentar la cualificación de los trabajadores del sector. 

Coordinación sociosanitaria: una lección de la pandemia

El acuerdo también recogería la creación de un figura que sirva de enlace entre la Sanidad y los Servicios Sociales, para que todo usuario pueda tener una atención médica digna. 

"Los centros de atención residencial que superen las 30 plazas acreditadas deberán contar con profesionales que realicen las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados. Cuando el centro supere las 75 plazas, las funciones descritas deberán ser asumidas por personal sanitario. Para los centros residenciales de personas con discapacidad que no requieran de cuidados sanitarios especializados, este rol no será necesario. Para los centros residenciales de titularidad pública, dicho personal sanitario podrá ser personal estatutario perteneciente al sistema de salud correspondiente si así se articula en el ámbito competencial autonómico", estipula.  

Atención libre de sujeciones en junio de 2025

"Todas las personas atendidas en el ámbito del SAAD tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones. El reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona debe ser el eje vertebrador de la atención y apoyos a todas las personas", reconoce asimismo el texto. Y para lograr este objetivo, se garantizaría que todos los centros se comprometan a tener un Plan de atención libre de sujeciones. Además, se daría un plazo máximo para terminar con estas medidas de coerción: el 30 de junio de 2025. Como apunte, las residencias deberían contar con un "Protocolo de prevención, detección y denuncia de situaciones de malos tratos a las personas usuarias y de establecimiento de medidas de promoción del buen trato".

Participación de las familias

Otro aspecto en el que el acuerdo haría hincapié es la participación de las familias en la vida de los centros. En este caso, este punto no se ha modificado en el documento al que ha tenido acceso este diario, respecto al borrador del 25 de mayo. "En cada centro existirá un órgano de participación directa de las personas residentes y, si estas lo estiman oportuno, de sus familias y/o personas allegadas, elegido democráticamente, de carácter representativo y participativo, con funciones asesoras, consultivas y de propuesta en todos aquellos asuntos que conciernen directamente a la vida de las personas residentes. En el caso de personas con grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo y/o de comunicación, se activarán los recursos y herramientas necesarias para hacer la mejor interpretación posible de su voluntad y preferencias, contando para ello con sus familiares y/o personas allegadas de referencia o con aquellas que ostenten su representación legal".

Mejora de los servicios domiciliarios, de la teleasistencia y de los centros día

El acuerdo también abordaría el cambio de modelo de la Ayuda a Domicilio: apuntaría a una organiación en pequeños equipos de profesionales que vivan en zonas de proximidad, evitando así grandes desplazamientos, y tendría un enfoque comunitario.

El texto también pretendería reforzar la teleasistencia, para que sea más predictiva y preventiva y para que pueda cubrir las necesidades físicas y emocionales de los dependientes.  

Además, el acuerdo se comprometería a aumentar la ratio de personal de los centros de día y a que se aplique, de igual manera, la Atención Centrada en la Persona. 

Evaluación

En penúltimo lugar, el acuerdo propondría la creación de un sistema común para la evaluación de la calidad de los centros, fijaría un límite temporal para que las CCAA comiencen a aplicar el acuerdo –nueve meses– y propondría crear un mecanismo de control para verificar que se esté cumpliendo lo pactado –una Comisión de Seguimiento–.  

"En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo, tendrán que presentar el plan de transición o adecuación, así como informes anuales que expliquen y acrediten las actuaciones y mejoras realizadas para el acercamiento al nuevo modelo de atención para alcanzar el objetivo de hacer una transición progresiva hacia el nuevo modelo de atención que debe estar culminada el 31 de diciembre de 2029", añade el texto.

Condiciones de financiación

Por último, cabe apuntar que el apartado del documento que hace referencia a las 'Condiciones Financiación' no se habría modificado respecto a anteriores borradores, siendo éste uno de los puntos más polémicos por falta de concreción.  Específicamente, el documento aseguraría que las administraciones adecuarán su presupuesto a medida que se va adoptando el modelo, pero no entra en mucho más detalle.