No son pocos las pólizas de seguros que presentan límites de edad para su contratación. Existen en los seguros de salud, de decesos o de vida. Pero, al mismo tiempo, existen exclusiones en otros seguros, como los de viajes, que no cubren los accidentes a partir de cierta edad, generalmente los 70 años. A su vez, la edad eleva el riesgo y, por tanto, encarece las pólizas exponencialmente.
Pese a que las personas mayores no representan el grupo de clientes al que mejor trata el sector asegurador, son todo un filón para la industria del seguro. Los mayores de 65 años que cuentan con un seguro privado de salud aumentan año tras año y ya se acercan al millón de personas. En concreto, 909.820 mayores cuentan con una póliza. Si bien es cierto que los seguros de salud no paran de marcar récords año tras año desde la pandemia, en plena crisis de la sanidad pública, las cifras en el resto de ramos de pólizas en mano de los mayores, es también apabullante.
Así, 778.586 personas cuentan con un seguro de vida; 4,8 millones de personas tienen una póliza de autos y 5,67 millones han decidido cubrir su sepelio a través de un seguro de decesos. En el ámbito del ahorro, la cifra de personas mayores con su dinero depositado en el sector asegurador también es importante. En concreto, 2,8 millones de ciudadanos mayores de 65 años tienen algún tipo de seguro de ahorro.
Son algunos de los datos recogidos en la Memoria Social del Seguro 2023 que la patronal del seguro, Unespa (@UNESPA), acaba de publicar. “El seguro cuida de los mayores de muchas formas”, asegura Unespa. Cuida, y hace negocio, porque las primas se disparan con cada año cumplido en ramos como los de salud, vida o decesos. Y pese a que aún hay edades máximas para contratar pólizas, el sector trabaja llenar los espacios de necesidades sénior sin cubrir, con productos específicos: seguros de decesos de prima única, seguros de dependencia o seguros de salud con coberturas específicos.
Los sénior con algún seguro contratado asciende al 93%. Como media, tienen contratados 2,55 seguros distintos, siendo los más comunes los relativos a hogar, vehículos y decesos. Son datos del IV Barómetro del Consumidor Sénior elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre.
En los últimos años, el seguro de salud privado se ha disparado. En 2023, cerca de 12,4 millones de españoles tenían una póliza de asistencia sanitaria, una cifra superior a los 12 millones que se registraron en 2022, según los datos de Unespa. La patronal señala, a través de un comunicado que acompaña a la publicación de la memoria de 2023, que uno de cada cuatro habitantes tiene un seguro de salud privado, ya sean personas jóvenes o mayores, con una penetración media en todos los rangos de edad que oscila entre el 17% y el 30%.
El seguro de vida riesgo también ha aumentado su número de clientes, pasando de 20,5 millones en 2022 a 21 millones en 2023, mientras que el seguro del automóvil protegía en 2023 un parque asegurado de 33,4 millones de vehículos. Además, atendió a más de 220.000 víctimas de accidentes de tráfico de diversa consideración, con 3.220 personas indemnizadas por el fallecimiento de la víctima. Por otro lado, Unespa destaca la gestión de ahorro a largo plazo de sus asegurados. Las compañías de seguros velan por el dinero de 13,5 millones de asegurados y partícipes a través de pólizas de ahorro y fondos de pensiones, productos que suman 256.500 millones de euros.
Además, las entidades suelen actuar como inversores institucionales. Los recursos a su cargo, tanto propios como de terceros, ascienden a 342.666 millones de euros, cifra de la que un 34% está invertido en deuda pública española.
Por otro lado, la patronal destaca que tres de cada cuatro hogares en España están aseguradas o, lo que es lo mismo, 21,4 millones de hogares.
Asimismo, 5,6 millones de pólizas protegen el tejido productivo del país a través de seguros de multirriesgo, crédito y caución, transportes, responsabilidad civil, de tal forma que las aseguradoras desembolsan cada año 3.884 millones de euros por distintos conceptos indemnizatorios ligados a la actividad empresarial.
Según la Memoria Social del Seguro, en 2023 las compañías aseguradoras atendieron 193 millones de percances. Al tiempo, recibieron 114.801 reclamaciones, una cifra que representa el 0.06% de los percances atendidos. Ahora bien, de esas reclamaciones interpuestas ante los servicios de atención al cliente de las compañías, 10.797 ascendieron para llegar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. De ellas, un 35% fueron estimadas a favor del cliente, un 30% a favor de la empresa; y un 30% presentó otras situaciones, que pueden ser, por ejemplo, requerir de la justicia para alcanzar una solución.
Las aseguradoras pagaron 685 millones de euros en 2023 para reparar los desperfectos provocados por eventos climatológicos en inmuebles, empresas o vehículos, tal y como ha explicado la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle. A este pago, se suman los 453 millones de euros de indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
El año pasado, en concreto, se produjeron tres grandes fenómenos meteorológicos, según la memoria: las borrascas Aline y Bernard, que supuso un coste de 97 millones de euros para los seguros multirriesgos --con datos a cierre del pasado mes de mayo--, la granizada en el norte de España que se produjo en julio, con un pago de 91 millones de euros, y las borrascas Ciarán y Domingos, que tuvo un coste de 57 millones de euros. Unespa destaca, además, que en el periodo entre 2017 y 2023, las aseguradoras han indemnizado daños por valor de 3.430 millones de euros en inmuebles.
Mirenchu Del Valle ha resaltado sobre este particular que el "estupendo" sistema de colaboración público-privada que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que también es un "referente" a nivel internacional y ha probado "su eficacia" a lo largo del tiempo. Sin embargo, ha aprovechado la presentación para poner sobre la mesa las "secuelas" que deja el cambio climático y que hacen necesario, en opinión de la patronal de los seguros, que se revise la definición de riesgo extraordinario que determina la intervención del consorcio. "Estaríamos encantados de iniciar un diálogo con el consorcio y con la Dirección General de Seguros" al respecto, ha indicado Del Valle.
Del Valle, ha querido poner el foco en la sequía, que ha afectado a dos millones de personas y 2,3 millones de hectáreas y ha supuesto indemnizaciones por valor de 486 millones de euros.
