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Las cabinas telefónicas desaparecerán en 2022 tras un siglo de servicio
También las guías telefónicas en papel
El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT), una de las reformas pactadas con la Unión Europa para el desembolso de los fondos europeos que, entre otras medidas, decreta el fin de las cabinas telefónicas tras 93 años de servicio y también de las guías telefónicas.
España cumple así con el calendario enviado a Europa, que fija su aprobación en Congreso y Senado para el primer semestre de 2022 y desde la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones han señalado que es "razonable" llegar a esa fecha.
Lo cierto es que desde hace tres décadas, con la incorporación masiva de los teléfonos móviles en nuestras vidas, las cabinas telefónicas que pueblan nuestras ciudades y pueblos se habían convertido en objetos de auténtica arqueología urbana.
De hecho, en el informe Digital 2021 de Hootsuite se apunta que en nuestro país hay 54,34 millones de móviles conectados, lo que supone el 116,2 % de la población.
El canto de cisne de las otrora tan populares como imprescindible cabinas comenzó a fraguarse en 2018, cuando el gobierno designó a Telefónica de España como operador encargado de la prestación de ese servicio e indicando que se mantenía su naturaleza de "servicio universal de telecomunicaciones" hasta el 31 de diciembre de 2019.
En aquella ocasión el Ejecutivo justificó esta decisión en que así se podría realizar un debate más amplio en el marco de la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, de manera coordinada con la mayoría de países de la UE.
Un proceso que culmina ahora con la nueva LGT por la que en 2022 desaparecerán definitivamente las 14.824 cabinas telefónicas que aún quedan en pie en nuestro país y que sufren un constante vandalismo y un menos que escaso uso. Y es que, según los datos de Telefónica, desde estas miles de cabinas solo se realiza de media una llamada al día.
En cualquier caso, ya se manejan alternativas para dar una segunda vida a las cabinas de teléfono. Por ejemplo, en Andalucía hay un proyecto piloto para reconvertirlas en puntos de recarga de electricidad o routers wifi y también de utilizarlas como puntos de información turística. En Barcelona, la única cabina cubierta de la ciudad es ahora un punto de intercambio de libros.
Las guías corren la misma suerte
Otra consecuencia de la nueva legislación es también la desaparición el próximo año de las guías telefónicas. De hecho, desde el 1 de enero de 2019, Telefónica ya no estaba obligada a elaborarlas ni a mantener un número de información.
También en esto nuestro Gobierno sigue las directrices de la Unión Europea donde se considera que el sector privado ya cubre suficientemente as necesidades que atendían las guías.
Y lo mismo sucede con las famosas Páginas Amarillas, la guía telefónica para empresas organizadas según el tipo de producto o servicio. Su última edición vio la luz el 22 de marzo de este año después de que la empresa BeeDigital anunciase que dejaba de imprimirlas para centrarse en el asesoramiento y gestión de la transformación digital para pymes.
Novedades de la nueva Ley
La ley transpone el código europeo de comunicaciones electrónicas de 2018 y entre sus novedades también se encuentra una reforma del sistema de servicio universal, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.
Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería serán regulados. No obstante, esta regulación solo se aplicará a aquellos inscritos en el registro de operadores, con lo que aplicaciones como Whattsapp (que no están registradas) quedarían exentas de las obligaciones de operador.
El texto posibilita crear el mencionado sistema de alertas y permitirá al 112 usar la ubicación de los teléfonos móviles para determinar mejor la geolocalización de las llamadas.
Además, el nuevo texto regula la introducción de la banda ancha como parte del servicio universal. Aunque la ley tiene que desarrollarse en distintas normativas para determinar por ejemplo la velocidad de conexión, el servicio deberá permitir cumplir una serie de funciones como usar motores de búsqueda o buscar empleo y deberá ser ofrecida por todos los operadores.
Entre otras disposiciones destinadas al usuario, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duración a 24 meses y se regulan por primera vez los paquetes de servicios, a la vez que amplía derechos en el ámbito de la portabilidad móvil.
Así, se permitirá conservar el saldo de un móvil de prepago si se cambia de operador, y se regula la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a los contratos.
Espectro radioeléctrico
En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, el proyecto establece una duración mínima de 20 años de las concesiones de espectro, lo que busca permitir dar certezas a las compañías para desplegar sus inversiones.
También se ha habilitado un mercado secundario del espectro radioeléctrico, así como un esquema de autorización general para acelerar el despliegue en áreas pequeñas con dispositivos de potencia limitada.
