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Amnistía Internacional recoge firmas para investigar las muertes por Covid en residencias de mayores
Reclaman que se investigue el horror vivido por usuarios y familias durante la primera ola de Covid
Amnistía Internacional exige reabrir los casos archivados de los muertos por Covid en residencias
Amnistía, sobre las muertes en residencias: "Las familias tienen derecho a conocer la verdad"
Familiares entregan 200.000 firmas a la Fiscalía para investigar las muertes de Covid en residencias
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (@amnistiaespana) ha lanzado una recogida de firmas para pedir que se investigue en qué condiciones murieron los mayores infectados con Covid que vivían en residencias durante los momentos más duros de la pandemia.
En concreto, denuncian, han fallecido 35.000 usuarios con Covid o síntomas compatibles, 20.000, sólo en la primera ola, y muchos de ellos, en condiciones indignas.
"Sufrieron graves violaciones de derechos humanos, y no fueron derivadas a hospitales cuando lo necesitaban. Sus familias siguen sin tener justicia", aseguran.
De momento, más de 76.200 personas –a día viernes 17 de febrero– han apoyado esta petición que quieren hacer llegar varias de las más altas instituciones del Estado como el Congreso de los Diputados o la Fiscalía General del Estado.
Cabe recordar que en la primavera de 2020 los sistemas sanitarios de varias comunidades –sobre todo de cuatro: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha– se saturaron hasta tal punto que no pudieron atender a todos los enfermos.
Este colapso propició que se excluyese –a veces incluso mediante protocolos– de toda atención hospitalaria durante varias semanas a muchos mayores que vivían en residencias, lo que provocó que un gran número muriese sin el tratamiento médico debido, sobre todo, en los centros que no contaban con ningún tipo de recurso sanitario y que no fueron medicalizados de urgencia.
Además, muchos mayores fallecieron sin la atención debida por parte de las propias residencias, debido a las incontables bajas entre el personal y a la falta de materiales de protección.
La mayoría de investigaciones se han archivado
Todo esto provocó que centenares de familias acudiesen a los tribunales para exigir justicia y pedir responsabilidades tanto a las autoridades políticas como a los gestores de los centros.
Ahora bien, desde Aministía denuncian que, pese a la extrema gravedad de lo sucedido, las investigaciones penales llevadas a cabo por la Fiscalía han sido "deficientes". En concreto, critican, "el 89%" han sido archivadas. Y es que en muchos casos la Justicia ha asegurado que se hizo todo lo que se pudo en unas circunstancias de excepción, sin los medios necesarios.
Eso sí, matizan, "no se ha escuchado a las víctimas. Se ha dado carpetazo a un elevado número de casos sin haber llamado a testificar a las familias. Tampoco se han investigado lo suficiente los protocolos que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales en los momentos más duros de la pandemia".
"Por otro lado, ni Gobierno ni comunidades autónomas quieren investigar. Se han cerrado las comisiones de investigación creadas en algunas Comunidades Autónomas", añaden.
Por ello, reclaman que se reabran todas las investigaciones cerradas, puesto que estos hechos de tal gravedad deben conllevar algún de tipo de responsabilidad penal o de reparación.
"Las víctimas y sus familiares, no sólo sienten un dolor que merece ser respetado y consolado, sino que además tienen derechos, y cuando estos no se respetan plenamente, el daño se multiplica. Se debe asegurar una verdad individual, la de los casos de las personas afectadas, y una verdad colectiva, a la que tenemos derecho como sociedad", reclaman en la petición.
En caso contrario, advierten, "corremos el riesgo de que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas".
Cabe recordar que hace dos semanas las principales organizaciones de familiares de usuarios de residencias de mayores entregaron 200.000 firmas –incluidas las recogidas por Amnistía Internacional–, pidiendo la reapertura de las investigaciones a la Fiscalía General del Estado.
