Amnistía Internacional exige reabrir los casos archivados de los muertos por Covid en residencias

Si la tragedia vivida durante la primera ola de Covid en las residencias de mayores volviese a ocurrir en unos años, quedaría, de nuevo, "impune". 

Así lo entiende Amnistía Internacional (@amnistiaespana), que denuncia que España no tiene mecanismos para evitar y juzgar sucesos como los acontecidos en la primavera de 2020 –triaje en las urgencias hospitalarias, residentes muriendo sin atención y de forma indigna, cuerpos sin recoger durante días, familiares desesperados sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos y sin poder despedirse de ellos...–.

La razón: en estos tres años de crisis sanitaria, los familiares y las víctimas han sido abandonados por las instituciones del Estado, según critica la organización no gubernamental.

Por ello, exige reabrir las investigaciones judiciales y que las autoridades reconozcan lo ocurrido y se comprometan a buscar 'verdad, justicia y reparación'.

Asimismo, piden que se garantice una verdadera coordinación sociosanitaria y que se dote al nuevo modelo de residencias de recursos para que se respeten los derechos humanos de los usuarios. 

“Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo Estado de Alarma”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en una nota de prensa compartida por la organización.

"Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos", afirma.

El horror vivido durante la primera ola

Cabe recordar que durante los primeros momentos de la pandemia, fallecieron con Covid o síntomas compatibles 20.000 usuarios de centros sociosanitarios en España, buena parte de ellos, en cuatro comunidades duramente afectadas por la primera oleada de contagios, como fueron Madrid, Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha –en algunas murieron más del 10% de los usuarios en menos de cuatro meses–.

Y es que, el sistema sanitario se saturó hasta tal punto en varias de estas regiones, que se terminó no derivando a hospitales a miles de mayores dependientes que vivían en residencias –en ciertos casos, incluso por protocolo–.

El resultado: centenares de residentes que vivían en zonas tensionadas fallecieron sin acceso a atención sanitaria durante semanas, hasta que se empezaron a medicalizar los centros y se consiguieron descongestionar los hospitales. Además, en muchos casos tampoco recibieron los cuidados necesarios en las propias residencias, por la falta de personal y de material de protección, según denuncian las familias.

Basta con echar un vistazo a los datos oficiales sobre el Covid-19 en residencias para darse cuenta de la dimensión del colapso. Según el último informe del Imserso, habrían fallecido en estos tres años de pandemia 34.596 residentes mayores con coronavirus o síntomas compatibles, por lo que los decesos del primer semestre de 2020 suponen más del 50% del total. Entre el 14 de marzo y el 22 de junio de 2020, murieron en toda España 10.492 residentes con síntomas compatibles con el Covid –sin acceso a test– y 8.957 con una prueba positiva –al comienzo, las pruebas estaban disponibles sobre todo en los hospitales–. 

1/ La mamá de Ángela murió en la 1era ola COVID. Sigue buscando justicia. Murieron + de 35.000 personas en residencias. FIRMA https://t.co/DpQ64R9VqK

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— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 25, 2023

Piden justicia

Todos estos hechos dramáticos llevaron a decenas de familias a acudir a los tribunales para exigir responsabilidades tanto a la administración como a los gestores –públicos o privados– por las muertes en condiciones "indignas" de sus seres queridos. Sin embargo, muchas de estas denuncias se han archivado, al considerar la Justicia que la situación era excepcional y que se obró de la mejor manera posible con unos medios que eran escasos –no había suficientes equipos de protección, test ni personal– . 

Ahora bien, Amnistía Internacional y las principales organizaciones de familiares no comparten esta visión y lamentan que no se haya investigado lo "suficiente" ni haya ninguna intención de cambiar por parte de las instituciones, "incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria".

“El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno Central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni Defensoría del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, continúa Beltrán.

Sobremortalidad en España desde enero de 2020. Fuente: MoMo. 

¿No se ha investigado lo suficiente?

En concreto, Amnistía Internacional critica que la propia Fiscalía General del Estado esté siendo opaca con estos temas. "Tres años después del inicio de la pandemia, no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación", indica.

Y tampoco se sabe cuántas investigaciones pidieron declarar a las familias o cuantas pudieron reabrirse por una investigación previa insuficiente, añaden. 

Con todo, Amnistía destaca de manera positiva el "oficio remitido por Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los y las fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes". A pesar de ello, opinan, esta medida no sería suficiente si no se incluyen los casos que se archivaron en su momento, y que deberían volver a examinarse y valorar si se investigó lo suficiente.

Eso sí, puntualizan, también se han logrado avances en las fiscalías provinciales. Por ejemplo, en Cataluña, "la Fiscalía de Mataró abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia". En Madrid, por su parte, "un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y de Carlos Mur, en aquel momento Director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales".

Aun así, Amnistía critica los "obstáculos" que han puesto las autonomías y reconoce que sólo existe actualmente un grupo de trabajo en el Parlamento de Cataluña encargado de analizar lo ocurrido. Por otro lado, también denuncian que el Defensor del Pueblo "no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido", pese a que se lo hayan solicitado, ni tampoco el Consejo General del Poder Judicial que "no ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales".

Las familias exigen justicia

"Estamos de acuerdo con lo que dice Amnistía. Comunicar a las fiscalías territoriales que pasen información de los temas que tienen pendientes y decir que hay que escuchar a las familias casi tres años después, con todo archivado, nos parece una broma de mal gusto", asegura a 65YMÁS la presidenta de la asociación catalana Coordinadora 5+1 (@CooResidencias) y coportavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), María José Carcelén. 

"Lo que tiene que hacer la Fiscalía es reabrir todas aquellas denuncias que se archivaron sin llamar a declarar a las familias. Más de 150 personas pusimos una denuncia a 30 residencias con un informe de una trabajadora, pero no nos llamaron a declarar. ¿Se hizo investigación? Con todo el respeto, lo dudamos. Para ser un país donde los derechos se respetan, no se debe permitir la impunidad. Debe pagar el que no lo hizo bien", opina.

"Murieron porque se les denegó el derecho a la vida y a la salud. Se les discriminó por edad y por dónde vivían. Se consideró que si eran mayores, eran prescindibles. Insisto: no es posible llamarnos un Estado de Derecho sin que se haga justicia. Si no, estamos condenados a repetirlo. En la próxima pandemia volverá a pasar. Dejar morir a gente mayor sale gratis", sentencia.

"Pedimos que se reabran todas las diligencias de investigación que se archivaron sin escuchar a los familiares de las víctimas que, en nuestro caso, de las 59 denunciadas, fueron todas, menos dos –Orpea Carabanchel y la Adolfo Suárez–. También queremos que se investigue a fondo la responsabilidad de quienes, en la Comunidad de Madrid, dictaron protocolos de no derivación a los hospitales de los que vivían en residencias, tanto de mayores como de discapacitados, si tenían deterioro cognitivo o dificultades de movilidad –por ejemplo: ir en una silla de ruedas–. Y al mismo tiempo queremos saber por qué no utilizaban el personal sanitario de la atención primaria, que les permitía lo establecido en la orden 275/2020 del Mº de Sanidad, para atender a los residentes. Asimismo, reclamamos que nos digan, en el caso de que no vean ningún tipo de responsabilidad, por qué", plantea el presidente de la asociación Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez.

“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”, indica en la nota de prensa de Amnistía Internacional, Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.

"Se nos culpó indebidamente"

Por parte de las empresas, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), una de las grandes patronales del sector, ha denunciado en una entrevista concedida a este diario, que se "culpó indebidamente" a su sector, acusándolo de ser responsable de las consecuencias de la primera ola de la pandemia en 2020. 

"Nos dijeron que el sistema sanitario español era el mejor del mundo, pero cuando llegó una pandemia, que fue algo extraordinario, saltó por los aires. Se nos culpó indebidamente, cuando nosotros nos dedicábamos únicamente a cuidar del mayor y a tratar sus enfermedades crónicas", señala.

"Se vio claramente el desconocimiento que tenían todas las instituciones sobre el mundo de lo social. Inicialmente se nos consideró establecimientos sanitarios, y ahí estuvo el problema. Luego, se habló de la medicalización de los centros. Era la gran solución. Pero hoy nadie ha vuelto a hablar de ello, porque no tiene sentido. Somos los hogares de los mayores y no debemos convertirnos en clínicas u hospitales de media estancia", valora. 

Ahora bien, el empresario entiende que es legítimo que los familiares busquen justicia y quieran aclarar lo sucedido. "Nos parece bien que quieran poner luz sobre todo esto y que se localice a los verdaderos responsables y que paguen por sus actuaciones”, indica.

Por ello, Fernández-Cid sostiene que no se deberían "archivar las investigaciones". "Queremos que haya luz y transparencia", reclama.

Por su parte, la presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), Cinta Pascual, asegura que se siente igual de "impotente que las familias de toda España".

"Los profesionales de geriatría sufrimos en nuestras propias carnes estos 35.000 muertos. A nosotros nadie nos llamó y nos dijo: 'Lo sentimos, os hemos dejado solos en momentos muy importantes y cruciales para la atención a las personas mayores'. Debo recordar que hubo centros que se quedaron sin el 70% de sus trabajadores y que teníamos que hacer lo mismo, pero con muchas menos manos. No creo en el perdón o en las disculpas, pero sí pienso que los profesionales necesitaban más aplausos y comprensión. Por contra, sólo recibíamos mensajes negativos que aún siguen dándose", critica. "Nos sumamos a Amnistía Internacional, a las familias y a todos los que se puedan sentir hoy abandonados", apostilla. 

Médicos de salud pública piden responsabilidades

"Quizá habría que añadir a la lista de instituciones negligentes a la mayoría de los parlamentos de las comunidades autónomas, que han rechazado las iniciativas para investigar el caso. Espero que esta nota de Amnistía sirva para abrir una investigación general sobre lo ocurrido y para poner en marcha todas las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Es muy importante señalar todas y cada una de las cinco violaciones de derechos humanos que hay que investigar y exigir la rendición de cuentas correspondiente: la vulneración del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la no discriminación –por razones de edad o de discapacidad–, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Son importantes, en particular, dos aspectos: la rendición de cuentas por parte de los responsables, y la implementación de todas las medidas necesarias para hacer de las residencias geriátricas lugares seguros en epidemias futuras", indica el epidemiólogo y portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (@amasap), Fernando García.

"Al tratarse de instituciones con un riesgo muy alto de diseminación de enfermedades transmisibles, sobre todo respiratorias, dentro de esa preparación frente a epidemias futuras deben incluirse las medidas de salud pública necesarias, tanto de vigilancia como de intervención rápida cuando surgen brotes. Y la aplicación de las medidas estructurales que minimicen los riesgos: la reducción del tamaño de las residencias, la formación adecuada de los trabajadores, así como la mejora de sus condiciones de trabajo, lo que redundará en acabar con el pluriempleo al que se ven obligados y que parece ocasionar la entrada de agentes infecciosos. Todas esas cuestiones deben ser objeto de una investigación exhaustiva en la que participen todos los actores implicados y la sociedad en su conjunto", propone.

"En todo caso, hay que garantizar el derecho de todos los residentes a recibir una asistencia sanitaria digna y respetuosa, sin que se expongan al abandono y a la desatención. No se puede echar tierra encima o practicar la política del avestruz. Los acontecimientos vividos en las residencias de mayores son tan graves que exigen un esfuerzo colectivo de toda la sociedad, y en particular de las instituciones señaladas por Amnistía Internacional, para su análisis, para la exigencia de responsabilidades y para formular las políticas necesarias para prevenir episodios futuros", sostiene.

La opinión de los juristas

Finalmente, cabe señalar que varios juristas ya anticiparon en 2020 a 65YMÁS que la vía penal difícilmente iba a tener mucho recorrido en la mayoría de casos. “Ya lo avanzábamos. La responsabilidad penal era muy difícil de demostrar, porque se exige un dolo o una imprudencia muy grave y una dejación absoluta de lo que uno está obligado. Los casos claramente delictivos iban a ser muy pocos. Lo que podía haber es responsabilidad patrimonial por parte del Estado y de las CCAA. Lo dijimos, pero mucha gente se lanzó por la vía penal y, efectivamente, se ha ido demostrando que no había material penal salvo en casos contados”, se lamentaba en 2022 el juez de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Raimundo Prado.  

Y ejemplificaba: “Hubo un momento en el que la administración, Gobierno y CCAA, sabían que era un virus que se contagiaba y que tenía un periodo de incubación de 15 días, pero durante un tiempo, aun sabiéndolo, no se adoptaron medidas y ahí estaba la responsabilidad patrimonial. Se permaneció en silencio y no se hizo nada. Pero volvemos a lo de siempre, para probarse algo penal debe ser muy directo y todas estas cosas parece que no son delictivas, pero sí parecen tener que ver con la imprudencia o falta de medios –daños y perjuicios–”. 

“Prácticamente en todos los casos se les trataba de imputar tanto delitos de homicidio imprudente como de omisión de socorro. ¿Qué ocurre? Que, en primer lugar, los centros son entidades jurídicas y no pueden cometer todos los delitos del código penal. Y además, por otra parte, se ha considerado que, en su actuación, los responsables se ajustaron al deber jurídico, dada la circunstancia, afirmando que pusieron todo de su parte para intentar minimizar el daño. Y no ha quedado acreditado que el personal no tratara de prevenir lo ocurrido por todos los medios. Es decir, que para hablar de un delito, hay que acreditar que se ha actuado con culpa o negligencia, pero aquí se señala que se han seguido las directrices. No se ha podido acreditar que se hayan quedado abandonados a su suerte completamente”, explicaban en 2022 a este diario desde el departamento penal de Legálitas (@Legalitas_ES). 

“El Supremo dice que, en el contexto, se adecuó la actuación a lo que era posible jurídicamente en una situación catastrófica y que se hizo de la mejor manera que se pudo, porque no se contaba con los medios necesarios. Y también se ha apuntado que era imprescindible que hubiese datos objetivos que probasen cada caso, es decir, no de forma genérica. Hay que demostrar la relación causa-efecto, véase, que por hacer 'x' se ha producido el fallecimiento de la persona. Por ejemplo, habría que demostrar que, en el caso concreto, el fallecido hubiese vivido si se le hubiese trasladado al hospital, pero eso es imposible poder acreditarlo”, indicaban. 

Asimismo, apostillaban, tampoco juega en favor de las familias el que se haya recurrido a la vía penal, ya que en ésta "existen dos principios fundamentales: la presunción de inocencia y que el juez no tenga ninguna duda, sin el mínimo resquicio”, puesto que, "por ley" está "obligado a absolver”. 

"Han fallado las pruebas y no se ha podido acreditar que esta persona con 'x' características ha fallecido por no ir al hospital o por estar encerrado en la habitación sin médico. Y en el código penal no existía como tal un artículo que regulase lo ocurrido en la pandemia y lo que ha ocurrido es que los políticos han echado la culpa a las residencias –diciendo que sólo eran recomendaciones– y las residencias a los políticos –respondiendo que no–”, recordaban.

A pesar de todo, reconocían, todavía queda mucho por investigar, por lo que aún no se sabe si en ciertos casos se podrían terminar imputando delitos. “Cosa distinta es que se demostrase que a los mayores se les encerró en una residencia y no se les dio de comer. Hay que ir caso por caso. Pero, por ejemplo, si se los seguía atendiendo mal que bien, vía telefónica, quizá no podamos acreditar que hayan quedado abandonados a su suerte completamente”, comentaban.