Andalucía advierte de los "efectos lesivos" del nuevo modelo de residencias de mayores de Belarra

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre el impacto negativo para el sector en Andalucía que tendría el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) adoptado en el seno del Consejo Territorial el pasado 28 de junio.

El informe plantea que la "aplicación estricta" de los acuerdos mínimos aprobados, "además de entrar en conflicto de competencias, podría conducir a efectos lesivos para las comunidades autónomas tanto en la calidad de los servicios prestados como la viabilidad del ejercicio de la actividad económica en dicho sector, y provocar un desequilibrio territorial en su aplicación".

Según desglosa el documento, este acuerdo sobre criterios mínimos tiene su base en la encomienda que el artículo 34.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia otorga al Consejo Territorial para la fijación de criterios comunes de acreditación, todo ello sin perjuicio de la competencia que –señala la norma– corresponde a las comunidades autónomas para acreditar centros, servicios y entidades; establecer un registro de estos recursos e inspeccionarlos.

Así, en 2008 el Consejo acordó unas bases comunes sobre acreditación para garantizar la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, con diversas modificaciones en años posteriores sobre cualificaciones profesionales y procesos de habilitación, han informado hasta ahora la legislación y reglamentación autonómica.

De esta forma, en 2021, y en el marco del Plan de choque para la mejora del SAAD, se acordaron unas bases y una hoja de ruta para la modificación de esos criterios comunes de acreditación, a fin de garantizar la calidad de los centros y servicios y entidades acreditadas (públicas, privadas o concertadas) del sistema, adecuándolo a la realidad actual.

En junio de 2022, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprueba un acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD que trasciende y amplía el marco existente desde 2008.

Este acuerdo se establece sobre tres pilares: el primero, referido a la acreditación de centros y servicios, incluye consideraciones generales sobre acreditación, con los requisitos comunes a todos los servicios y los específicos de cada servicio del catálogo (atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia), así como nociones sobre la calidad en el empleo, la cualificación, el fomento de la formación, o las garantías para la coordinación entre el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario.

Una segunda parte se refiere a la necesidad de elaborar referencias comunes de calidad para el sistema y a la creación de una ponencia técnica de evaluación y calidad del SAAD como fórmula para garantizar su mejora, la transparencia y la dación de cuentas.

La última parte establece el régimen competencial; las condiciones de financiación; el plazo para desarrollar las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente acuerdo, y el correspondiente régimen transitorio. 

Competencias autonómicas

Desde la Consejería de Igualdad se advierte de que, si bien el Consejo Territorial del SAAD puede fijar criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad, deben ser las comunidades autónomas quienes reglamentariamente determinen las condiciones exigidas a los centros y resuelvan los procedimientos de acreditación según la normativa autonómica de aplicación vigente en materia de centros y servicios sociales.

En este sentido, considera que el nuevo acuerdo excede en algunos de sus apartados lo que debería considerarse un "mínimo", especialmente en materias que competen a las propias comunidades como el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados.

Además, aduce la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, esos mínimos "no tienen en cuenta las peculiaridades funcionales y materiales de cada territorio ni van acompañados de un adecuado modelo de financiación". Una situación que, alerta, podría derivar en la creación de distorsiones que rompan la homogeneidad y uniformidad del SAAD, al hacer recaer en las comunidades autónomas el esfuerzo presupuestario que conlleva el cumplimiento de estos criterios y asumir todo el peso de la gestión que acarrea su aplicación, en cuanto que son las regiones quienes tienen que regular, asumir e incluso exonerar a aquellos centros que no puedan cumplir los requisitos.

Asimismo, la Consejería estima que algunos de los requisitos, como las nuevas ratio propuestas, suponen un incremento notable de gastos en materia de personal, por ejemplo de hasta un 19% en un centro residencial para mayores de 70 plazas. Un escenario que afectaría "sobremanera" al desarrollo de esta actividad en el territorio de la comunidad autónoma andaluza, ya que, en muchos casos, el incremento de costes haría "inviable la subsistencia" de aquellos centros con escasa capacidad de gestión y financiación (pequeñas y medianas empresas), siendo "solo asumible por aquellos centros de mayores dimensiones y que supuestamente cuenten con una mayor capacidad financiera".

Radiografía del sector en Andalucía

En este punto, el informe de la Consejería de Igualdad radiografía el sector de la atención a la dependencia en Andalucía desde el punto de vista de su representación en el tejido empresarial autonómico, y detalla que el 76% de los centros residenciales son de titularidad privada, que asumen el 79,96% de las plazas disponibles.

Prácticamente la mitad de estos centros son asimismo gestionados por entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones, cooperativas, entidades religiosas, federaciones y fundaciones que verían replantearse su viabilidad económica al tener que cumplir unas condiciones difíciles de asumir en muchos casos.

Por último, considera "insólito" en su informe que se apruebe un nuevo modelo de atención "sin el consenso" de comunidades autónomas que representan una mayoría poblacional importante en el Estado español. Una situación que, apunta, puede plantear un debate sobre la legitimidad del mismo.

Por otro lado, al vincular el grado de cumplimiento del acuerdo a los convenios de colaboración con cada comunidad autónoma, se puede poner "en peligro" la homogeneización en la implantación territorial de este nuevo modelo y, además, ocasionar "un impacto desigual y un desequilibrio territorial debido a la falta de uniformidad en la aplicación, a doble o triple velocidad, en su caso, en función de lo acordado en cada convenio de colaboración".

Igualdad concluye que debería restringirse el alcance de los mínimos adoptados en el Consejo Territorial para evitar los "efectos lesivos" de su aplicación estricta; apunta la necesidad de articular un modelo de financiación que reparta las cargas derivadas de la aplicación de los requisitos a los centros entre las administraciones implicadas, impidiendo que la "gravosidad actual del coste hiciesen inviable el ejercicio de la actividad económica", y aboga por un "mayor consenso territorial y entre los agentes sociales implicados", a fin de conseguir la "máxima homogeneidad, uniformidad e igualdad en la aplicación de los requisitos" y así evitar los efectos perjudiciales.