Archivada la causa contra el Govern catalán por la gestión de las residencias en la pandemia

La investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Generalitat de Cataluña en las residencias de ancianos catalanas, a raíz de la propagación de la pandemia de la COVID-19 ha sido archivada por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

El magistrado ya acordó a finales de 2021 el sobreseimiento de las diligencias judiciales a raíz de la petición realizada en este sentido por la misma Fscalía. Ahora, sin acusación, el juez de Barcelona, tal y como publica El Periódico, archiva esta investigación abierta a raíz de escuchas telefónicas del caso Voloh.

La fiscalía era la única acusación del procedimiento, sin que en la causa se hubieran personado ninguna asociación de afectados ni familiares. Así, después de que la fiscalía pidiera el sobreseimiento del caso, el juez se ha quedado sin nadie que pudiera ejercer la acusación. De este modo, decide ahora cerrar el asunto.

Graves irregularidades

En su escrito, la Fiscalía de Barcelona descartaba que se hubiera cometido un delito de homicidio imprudente, dado que no se ha podido determinar a efectos penales una relación de “causalidad directa entre los fallecimientos y el traslado de los pacientes” a centros sanitarios. Según el informe de la Guardia Civil, al menos en uno de estos traslados, viajaron mezclados los pacientes que tenían síntomas del COVID con los que no.

Para el fiscal, no existen “elementos objetivos” que acrediten que el desplazamiento de pacientes con síntomas de la enfermedad junto con otros sanos fuera el origen o la causa de los fallecimientos. No les hicieron test, porque entonces se carecía de ellos y asegura que entonces no existía un protocolo para esos traslados.

La investigación se inició a raíz de las conversaciones intervenidas al ex conseller Xavier Vendrell en el caso Voloh. En esas llamadas telefónicas había conversaciones sobre la situación de los geriátricos durante el confinamiento. La investigación se centraba en una residencia y en unos contratos para la derivación de ancianos a centros sanitarios. Los investigadores, como explica El Periódico, sospechaban que en algunos casos los protocolos no funcionaron en algunos geriátricos, ni siquiera para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres. La Guardia Civil, en su informe, comunicó al juzgado que se pudieron haber cometido “graves errores” y posible descontrol en el traslado de personas de unas residencias a otros centros y en la conducción de los pacientes a los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardíos.

Procesos archivados

No es el único proceso abierto por este motivo. En la misma fiscalía de Barcelona, al igual que las del resto de España, se han abierto decenas de investigaciones para aclarar la muerte de ancianos en las residencias a causa de la COVID. La mayoría se abrieron a raíz de las denuncias de familiares de mayores fallecidos durante la primera oleada de la pandemia. Prácticamente todos los casos, han quedado archivados.

En Madrid, familiares y trabajadores de residencias de mayores llevan meses protestando por la "inacción de la Fiscalía" en las querellas que han presentado por lo sucedido en estos centros al inicio de la pandemia, en la que se registró una gran mortandaz. Marea de Residencias protesta con le lema 'Por Justicia, responsabilidades'. "Después de 18 meses y de las más de 7.000 muertes ocurridas en las residencias de la Comunidad de Madrid, muchas de ellas seguramente evitables –de no haber existido la orden del 12 de Marzo de 2020 de no derivación a los hospitales y los protocolos discriminatorios– y de las diversas querellas presentadas por Marea de Residencias, la Fiscalía continúa sin apenas investigar qué ha sucedido y quiénes son los máximos responsables de esta atrocidad", señalaban recientemente en un comunicado.