Belarra defiende su nuevo modelo de cuidados: "La gente quiere vivir en su casa"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado este miércoles la Estrategia estatal de desinstitucionalización: para una buena vida en la comunidad.

Se trata de una iniciativa, financiada por la Unión Europea, que pretende, entre otras cosas, definir cuáles son los pasos a seguir para lograr que los mayores dependientes puedan seguir viviendo en sus domicilios y no acaben en una residencia si no lo desean.

“Queremos darle el empujón definitivo a la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización”, ha asegurado la ministra, quien ha señalado que es "una de las piezas clave de la revolución de los cuidados que queremos comenzar en esta legislatura". “Un sistema que posibilite que si una persona mayor quiere quedarse en casa tenga los apoyos suficientes para hacerlo”, ha indicado.

La Estrategia

La Estrategia de Desinstitucionalización consta de tres fases. La primera, que comenzó en noviembre de 2022 y que culminará en abril de 2023, es la de 'Análisis y Diagnóstico'. En esta se estudian el contexto y ciertos proyectos pioneros en los que los mayores ya envejecen en sus casas gracias a una red de cuidados.

La segunda fase consistirá en un proceso participativo en el cual todas las Comunidades Autónomas, entidades locales y el Tercer Sector realizarán sus propuestas y, en base a estas, se redactará la Estrategia que definirá "el marco en el que se opera, los ejes, los objetivos, las líneas de actuación, los indicadores y el sistema de gobernanza". Comenzará en primavera de 2023 y terminará en otoño de ese mismo año.

Finalmente, entre noviembre de este año y enero de 2024 se elaborará "un borrador del Plan Operativo 2024-2025, que concretará las medidas y actuaciones previstas, los indicadores de progreso y el mecanismo de seguimiento de su aplicación".

Cabe señalar que se pretende que este Plan esté listo para después de las elecciones generales de finales de 2023, por lo que no hay seguridad de que el siguiente Gobierno, si es distinto al actual, vaya a seguir impulsando esta iniciativa. 

Ahora bien, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que la ciudadanía apoya su plan, en base a una encuesta que el Ministerio ha encargado a la empresa Análisis e Investigación –con una muestra de 2.505 participantes–.

De esta se desprende que sólo el 21% de los españoles entienden que las personas que viven en residencias están incluidas en la sociedad y el 81% piensa que se ha de potenciar que los colectivos vulnerables vivan en sus hogares y cuenten con redes de apoyo. Además, el 87% de los encuestados creen que las residencias deben ser recursos temporales y transitorios.

Por otra parte, según la encuesta, el 97% de la población estaría a favor del cambio del modelo de los cuidados, aunque sólo el 58% piensa que es probable que se lleve a cabo. 

Otros datos que se desprenden del estudio es que el 57% de los españoles creen que las administraciones no garantizan los derechos de los mayores y el 43% no conoce el concepto de 'desinstitucionalización'. 

Por último, cabe recordar que durante esta legislatura el Gobierno ha impulsado otras dos iniciativas destinadas a fomentar la desinstitucionalización: el Plan de Choque, es decir, unos 600 millones anuales mediante los cuales se pretende acabar con las listas de espera, desarrollar la teleasistencia y potenciar la ayuda a domicilio y el nuevo modelo de residencias, cuyo objetivo principal es que los centros sean más hogareños de aquí a finales de 2029. 

Por ahora, aunque muchas CCAA han logrado reducir las listas de espera de la Dependencia, no se ha logrado acabar con ellas aún –se espera que los datos sigan mejorando en 2023–. Respecto al nuevo modelo de residencias, cabe matizar que se aprobó sin el apoyo de varias organizaciones de familiares ni de los sindicatos –por ser insuficiente–. También lo rechazaron las patronales, por razones de financiación, y casi la mitad de las CCAA del país, por diversos motivos –financiación, competencias, otras discrepancias...–. El Gobierno ha defendido en varias ocasiones que se trata de un acuerdo de mínimos y que es un primer paso para cambiar el modelo.