Belarra sigue sin tener asegurado el apoyo de las CCAA para su nuevo modelo de residencias

Familiares, trabajadores y patronales, contra las nuevas residencias de mayores del Gobierno

 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha comprometido este miércoles a hacer todo lo posible por lograr un nuevo acuerdo con las comunidades para la implantación del nuevo modelo de residencias. 

Y es que, el pasado miércoles 25 de mayo, su ministerio sufrió un duro revés. Tras meses de negociaciones con autonomías, sindicatos y patronal, el Ejecutivo decidió someter a votación el borrador de Acuerdo para la Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del SAAD, es decir, la hoja de ruta para el nuevo modelo de residencias. Un documento, que no contaba con el apoyo de los agentes sociales ni de los familiares. En concreto, las empresas echaban en falta una memoria económica "realista", las familias creían que el texto era poco ambicioso –ratios insuficientes, número de plazas demasiado elevado, etc.– y los representantes de los trabajadores entendían que no se acababa con la precariedad.

El resultado: el acuerdo no se llegó a votar, puesto que varias comunidades se opusieron, incluidas algunas socialistas, como Castilla-La Mancha. Y lo hicieron, por razones que tenían que ver con la financiación o por disconformidad con ciertos apartados referidos a la remodelación de los centros, entre otras justificaciones.

Ione Belarra se compromete a sacar adelante el acuerdo

"Como todos ustedes saben, seguimos negociando con las comunidades autónomas para lograr su aprobación, y quiero decirles que, como ministra, no voy a cejar en mi empeño hasta que consigamos sacar adelante este acuerdo. Y lo quiero dejar claro porque, aunque no abra portadas y no tenga minutos de televisión, se trata de uno de los aspectos más importantes de la legislatura que va a mejorar la vida de miles de personas en nuestro país", ha asegurado este miércoles la ministra Belarra en el Congreso de los Diputados.

A continuación, ha enumerado una serie de medidas –contenidas en el documento del 25 de mayo–, que desde Derechos Sociales quieren mantener. "No es aceptable ni justo que las personas mayores o con discapacidad tengan que estar en residencias abarrotadas, sin apenas personal para atender sus necesidades. Que no tengan intimidad, ni puedan estar en sus hogares. La crisis de la Covid-19 golpeó de manera muy dura a las residencias y evidenció las costuras del sistema. No podemos olvidar todo el dolor que se vivió en algunos de estos centros, que solo pudo paliar mínimamente la gran labor, el esfuerzo y el cariño de los trabajadores y trabajadoras. No queremos más imágenes de residencias masificadas, ni pacientes tratados con sujeciones, ni personas que mueran esperando una plaza pública que no llega nunca. Por eso, este acuerdo es una prioridad absoluta para nosotros y nosotras. Proponemos un cambio de modelo que mejore la calidad de nuestras residencias, que aumente las ratios de personal, para que haya prácticamente un trabajador o trabajadora por cada dos personas atendidas. Que elimine la posibilidad de utilizar sujeciones y que ponga en el centro la dignidad de las personas. Que priorice la atención a domicilio para que las personas puedan vivir en su casa todo el tiempo posible; y si no pueden, encuentren residencias más pequeñas y organizadas en unidades de convivencia de hasta un máximo de 15 personas para que se parezcan, lo máximo posible, a un hogar. Y también, que eleve el porcentaje de habitaciones individuales en las residencias públicas a un 65%", ha detallado.

Finalmente, la ministra también ha tenido palabras para las autonomías que imposibilitaron la votación del documento propuesto por el Gobierno: "Este acuerdo que estamos negociando es una cuestión clave para las personas de nuestro país en situación de dependencia y sus familias, y desde aquí emplazo al conjunto de las Comunidades Autónomas a que tengamos sentido de Estado y trabajemos de la mano en su bienestar. Creo que nadie en este país entendería que alguien se oponga a estas mejoras en el sistema residencial. No podemos fallarle a nuestra gente mayor y por eso voy a seguir trabajando para que ese acuerdo salga adelante a lo largo del próximo mes en el Consejo Territorial".

Gobierno y autonomías siguen negociando

No obstante, todavía no se sabe cuándo será la fecha en la que se volverá a juntar al Consejo Interterritorial, si bien, fuentes de Derechos Sociales afirman que podría ser "pronto".  

De momento, según Derechos Sociales, seguirían los contactos con las autonomías para tratar de elaborar con los responsables de Servicios Sociales un nuevo acuerdo. "La negociación con las CCAA siempre está abierta", afirman fuentes del ministerio. 

Ahora bien, de momento, el Ejecutivo no confirma que se vaya a reunir con los agentes sociales o con la mesa de diálogo civil y, en principio, no habría entablado aún conversaciones con todas las CCAA que se opusieron al texto, como Madrid, donde afirman que no han "recibido comunicación del Ministerio tras la reunión del otro día" o Castilla-La Mancha, desde cuya Consejería de Bienestar Social indican a este diario que ellos siguen en contacto con los agentes sociales, pero que todavía no tienen noticias de ninguna convocatoria de reunión con Derechos Sociales "para seguir trabajando". 

Empresas y familiares mantienen sus peticiones

"El actual sistema de atención a la dependencia necesita una revisión profunda por tres motivos: tiene 16 años de vida; nació para dar satisfacción a las necesidades de la población española de entonces y es una ley que nació sin una dotación económica específica para garantizar la equidad en todas las comunidades autónomas", apunta por su parte el secretario general de la organización empresarial de la Dependencia AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero. 

Y sostiene: "En la mesa de diálogo social de la dependencia seguiremos trabajando con el Ministerio y con los sindicatos, pero hasta ahora, no se ha presentado ni un sólo documento técnico que avale cualquier decisión tomada, no se ha presentado una memoria económica que indique a las comunidades autónomas cuánto les costaría la implementación de un nuevo modelo, y no ha sido consensuado ni con los sindicatos ni con las patronales. Esta propuesta de acreditación, además, ha dejado fuera a todos los centros y servicios públicos para intentar ganarse el favor de las comunidades autónomas en un intento de reconocer que aunque no cumplan los estándares de calidad que se van a exigir para los centros y servicios privados, no pasa nada".

Por ello, indica, desde AESTE siguen pidiendo al Ministerio de Derechos Sociales que el nuevo acuerdo incluya los siguientes puntos: libertad de elección, reducción de sujeciones, atención de calidad, mejora de las ratios y condiciones laborales, creación de unidades de convivencia, buena financiación para que todas las CCAA puedan implantar el sistema e incentivos para construir centros más modernos. 

Por otro lado, desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias (@La_Plataforma_1) echan de menos que no se sepa si se van a reunir con ellos de cara a esta negociación y creen que las medidas del anterior acuerdo eran insuficientes. 

"Con nosotros no se han reunido. Me imagino que andarán hablando con las Comunidades de forma individual. Lo que no deben entender en Derechos Sociales es lo de las ratios. Una de 0,51 de gerocultoras –como indicaban en el acuerdo anterior– no significa una trabajadora para cada dos residentes. Ellas o cualquier categoría no están las 24 horas del día trabajando. Esa ratio hay que dividirla por tres (turnos de 8 horas al menos). Así que, para que hubiera una auxiliar para cada dos residentes, la ratio tendría que ser del 1,5. Es lo que no entienden –por lo que dicen–", critica su portavoz Miguel Vázquez.

El acuerdo que no se llegó a aprobar

Estos eran los puntos claves del acuerdo –propuesto por el ministerio de Ione Belarra– que no se aprobó el pasado 25 de mayo y que, probablemente, se modifique en parte para el próximo Consejo Interterterritorial:

• Ambiente "hogareño"

Un punto clave de esta reforma era la transformación de los centros en hogares. Y para ello, el documento aseguraba que, la vida de las residencias se iba a organizar en pequeñas unidades, con un máximo de 15 personas, sala de estar, comedor, un espacio para la preparación de comidas y conexión y dispositivos para el acceso a Internet.

• Intimidad

En segundo lugar, en esa misma línea, también se iban a modificar las habitaciones, primando la intimidad, puesto que el acuerdo establecía un 65% de habitaciones de uso individual en las plazas públicas de los centros de nueva construcción y, además, todas las habitaciones tendrían acceso a baño adaptado. Además, las personas y sus familias serían invitadas a participar en la personalización de las habitaciones, promoviendo al máximo la incorporación de mobiliario y enseres personales.

• Participación

Otro punto clave en el nuevo modelo era la participación de las familias en los apoyos y cuidados: se establecían canales de comunicación permanentes, que formarían parte de la cartera de servicios del centro, y se celebrarían reuniones periódicas para intercambio de información.

• Situación geográfica

El nuevo modelo daba igualmente importancia a dónde se situarían las residencias de nueva construcción. En concreto, deberían estar, con carácter general, en suelo urbano con acceso a espacios próximos de actividad social y comunitaria. Además, no debían tener más de 75 plazas en zonas rurales, 90, en localidades de densidad intermedia y 120, cuando estén ubicadas en ciudades densamente pobladas.

• Atención a domicilio mejorada

La finalidad principal del acuerdo era lograr que las personas dependientes puedan estar en su domicilio el mayor tiempo posible y posponer su entrada en una residencia. Por esta razón, el trabajo en la ayuda a domicilio se organizaba preferentemente en pequeños equipos de profesionales de proximidad que atendían a las personas de una misma área territorial, minimizando los tiempos de desplazamiento; trabajando con una lógica y enfoque comunitario; compartiendo la información relevante y promoviendo un enfoque de intervención centrado en la persona.

• Ratios de personal

Otro de los objetivos del texto del nuevo acuerdo era profesionalizar la atención. Para ello: se aumentarían las ratios de personal de residencias, que pasarían del 0,39 al 0,51 en 2029; se fijaría un 5% de la jornada de las auxiliares de la Ayuda a Domicilio para labores de coordinación con trabajadores sociales, familias o profesionales de la salud; los cuidadores autónomos quedarían encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y no en el sistema especial y se exigiría una cualificación profesional que acredite competencias al personal de atención directa. 

• Coordinación entre Salud y Servicios Sociales

El texto entregado por el Gobierno también daba importancia a la coordinación socio-sanitaria, clave para el control de la salud de los dependientes, e incluía el establecimiento de instrumentos permanentes de coordinación para que todos pudiesen tener información sobre el paciente.

• Cero sujeciones

Asimismo, el documento daba un plazo de tres años para implementar completamente los planes de atención libre de sujeciones y coerciones en los centros de día y residenciales.

• Atención personalizada

En penúltimo lugar, el texto del acuerdo presentado por el Gobierno a las comunidades aseguraba que cada persona tendría un plan personal de atención y de apoyos que recogiese sus preferencias y voluntad respecto a cómo quiere vivir, a las cuestiones que son significativas para ella de forma que se respeten por parte de quienes participen en su sistema de cuidados y apoyos.

• Evaluación

Y finalmente, el acuerdo introducía un sistema común para la evaluación de la calidad de los servicios, para verificar que el nuevo sistema se implantase correctamente y sostenía que todos los cambios iban a contar con los fondos suficientes para poder llevarse a cabo y que deberían estar aplicados en 2029, como tarde.