La caótica implantación del nuevo modelo de residencias de mayores: "Hay demasiados flecos sueltos"

Estos son los puntos clave del nuevo modelo de residencias: más personal y menos sujeciones

 

El nuevo modelo de residencias de mayores, que pretende que estos centros se conviertan en lugares más hogareños y de menor tamaño, que se dividan en unidades de convivencia y que cuenten con más personal, sigue sin concitar el consenso de todas las comunidad autónomas.  

A finales de marzo, las autonomías deberán aprobar "las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento" al Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y votado el 28 de junio de 2022.

Ahora bien, según ha podido saber 65YMÁS, varias regiones seguirían sin estar dispuestas a aplicarlo tal y como se concibió originalmente –ya lo anunciaron en 2022– y habrían planteado modelos alternativos a los aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales el año pasado. 

Cabe recordar que este acuerdo salió adelante con los votos en contra de Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, por distintas razones, y que tampoco contó con el respaldo de asociaciones de familiares, de patronales ni de sindicatos, también por diferentes motivos.

Por contra, el documento tuvo el apoyo de asociaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y obtuvo el voto a favor de Asturias, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Canarias, Cantabria, Aragón y Melilla. 

9 meses después sigue habiendo discrepancias

Así, aunque todas las comunidades coinciden en que es necesario cambiar el modelo de la Dependencia, acabar con las sujeciones, incentivar la participación de las familias, caminar hacia una atención centrada en las personas, facilitar el envejecimiento en los domicilios o modernizar las residencias, no existe unanimidad sobre otros aspectos de tipo más técnico.

Por ejemplo, varias de las regiones que votaron en contra del Acuerdo –de distinto color político– se siguen oponiendo a este documento "de mínimos" por razones de financiación –creen que no hay garantía de que sea suficiente en el futuro– o por ciertos puntos específicos del Acuerdo y otras, se mostraron en contra por un tema de competencias.   

Consejo Territorial

Estas discrepancias probablemente se verán reflejadas en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se celebrará, según ha podido saber este diario por dos autonomías, este miércoles 15 de marzo, antes de que se cumpla el primer plazo estipulado en el Acuerdo –el 28 de marzo–. 

De momento, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 anunciaron recientemente que este año se ha incluido una partida de 200 millones de euros para las CCAA que adopten medidas que vayan en sintonía con el nuevo modelo. 

En enero de 2023, en una entrevista publicada por 65YMÁS, el director del Imserso, Luis Barriga, aseguraba que la financiación iba a ser uno de los mecanismos para garantizar que se cumpla el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

"Desde el punto de vista de la financiación pública, tanto estatal como europea, no se va a sufragar otro modelo. El dinero acordado en Dependencia de la UE va ligado al cumplimiento de los acuerdos. Es decir, si estamos alineados con la filosofía de desinstitucionalización, se financia, y si no, no", reconocía. 

Asimismo, desde Derechos Sociales recordaron en 2022 en varias ocasiones que el Acuerdo era de "mínimos", por lo que si las comunidades querían ir más allá y aplicar medidas que lo mejorasen, podían hacerlo, pero no al revés. Además, aseguraron que los cambios contemplados en el Acuerdo contarían con la financiación necesaria. Con todo, estos argumentos no parecen convencer a todas las CCAA. 

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Varias CCAA se siguen oponiendo al nuevo modelo

Una de las regiones que ha asegurado que no comparte el contenido del Acuerdo es Madrid (PP). Es más, en junio de 2022, anunció que "aplicará su propio modelo residencial". Concretamente, la comunidad aseguraba por aquel entonces que iban a optar por un sistema en el que se potenciase la teleasistencia, la ayuda a domicilio, y la libre elección de los usuarios. Además, criticaban que el Estado no garantizase los recursos necesarios para los cambios y pedían que la financiación de la administración llegase hasta el 50% –actualmente, las CCAA aportan la mayoría de los fondos–. 

Otra de las autonomías que ha adelantado a este diario que aplicará su propio sistema es Galicia (PP), que lo basará, aseguran, en la calidad del servicio, el "aprovechamiento de las nuevas tecnologías", las mejoras arquitectónicas de los centros, la conversión de las habitaciones en "inteligentes", el desarrollo del cohousing...

De momento, estas CCAA no han concretado a este diario aspectos más técnicos como si sus nuevos centros serán, por ejemplo, de menos de 120 plazas, como se estipuló en el Acuerdo, o si las ratios serán similares a las estipuladas en este documento, entre otros puntos del texto que generaron discrepancias en el sector. 

Por otra parte, en Castilla-La Mancha (PSOE) aseguran que se rigen por un decreto anterior a la firma del Acuerdo, de enero de 2022, más flexible en ciertos aspectos que el texto pactado a nivel nacional en junio de ese mismo año –consulta aquí el documento legal–.

Este diario se ha puesto en contacto con otras regiones que votaron en contra, pero no ha recibido una respuesta sobre si aplicarán o no también un texto diferente al promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Cabe recordar que "transcurrido el primer año desde la entrada en vigor las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo, una mayoría de Comunidades Autónomas podrán solicitar, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la evaluación del impacto de este Acuerdo, y proponer, en su caso, una modificación del mismo", reza el Acuerdo. 

Las patronales, en contra del Acuerdo

"Desde que el Gobierno aprobó el nuevo modelo de acreditación de residencias llevamos advirtiendo que se había realizado sin el consenso adecuado. Este nuevo modelo se aprobó sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición de nueve comunidades autónomas que representan el 71,4% de la población del país, por lo que era de esperar que las CC.AA. que votaron que no, no tuvieran ninguna intención de transponerlo a sus normativas. Además, las CC.AA. que votaron que sí, apreciamos que lo único que están haciendo es formar comisiones para ver su viabilidad desde el punto de vista financiero", advierte el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, una de las grandes patronales del sector que se opuso al acuerdo.

"Desde la FED insistimos en volver a sentarnos en una mesa de negociación para crear un modelo de cuidados a la Dependencia sostenible en el que estemos involucrados todos los agentes sociales, fruto de un análisis profundo y con el máximo rigor económico que nos permita establecer las bases de un sistema eficaz y sostenible", proponen.

Familias, geriatras, mayores y sindicatos piden unidad

Por su parte, las asociaciones de familiares de usuarios de residencias de mayores, que se opusieron al Acuerdo al considerarlo insuficiente –las ratios de personal no tienen en cuenta los turnos y son escasas, no se acaba con las macrorresidencias ya construidas, etc.–, reclaman unidad a todas las CCAA y piden que, al menos, se cumpla con lo estipulado en el documento pactado en junio de 2022.

Para el presidente de la asociación Pladigmare (@pladigmare) y portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios de Residencias (@La_Plataforma_1), Miguel Vázquez, "las CCAA que no se suman al nuevo Acuerdo de Acreditación, no lo hacen porque quieran modelos alternativos, sino porque quieren más de lo mismo: seguir entregando la creación y la gestión de las residencias a la iniciativa privada".

"El texto da pasos importantes para establecer otro modelo en el que se tengan en cuenta las preferencias de los residentes y los cuidados específicos que necesiten y no como hasta ahora, en que predomina el interés de las empresas que gestionan las residencias y en el que lo que importa es el negocio y no la atención. Nos preocupa que la ideología de los que piensan que lo privado es mejor que lo público, les lleve a enfrentarse por sistema al Gobierno, que ya ha dicho que condicionará los Fondos Europeos a que se realicen en las residencias los cambios propuestos en el Acuerdo de Acreditación", advierte. 

"Que alguna comunidad se quede sin Fondos Europeos por esta oposición partidista, sería incomprensible por el tipo de medidas y cambios que se pretenden introducir y porque quienes lo pagarían serían los residentes, que ya bastante mal lo han pasado y lo siguen pasando con el actual modelo que lo único que tiene en cuenta es el negocio –falta de personal, comidas de baja calidad, no se tienen en cuenta sus preferencias y necesidades...–", critica. 

Para el portavoz de UPLA LA UNIÓN (@DiciembreYo), Javier G. Garzón, el propio texto votado en junio de 2022 "deja demasiados flecos sueltos como para permitir un cambio de modelo. Aun así, entendemos la necesidad de que exista un Marco Estatal Mínimo que garantice la dignidad en el trato de las personas en situación de dependencia en las residencias. No podemos tolerar que haya comunidades que intenten hacer política frente al Gobierno a costa de los cuidados a las personas. Los enfrentamientos políticos y electorales quedan muy alejados del trabajo eficaz que se requiere actualmente. Los cuidados dignos y de calidad que han de recibir  las personas no pueden depender de donde se viva", opina por su parte el portavoz de UPLA LA UNIÓN (@DiciembreYo), Javier G. Garzón. 

Por otro lado, advierte la presidenta de la Coordinadora 5+1 (@CooResidencias), María José Carcelén, no todas las regiones que no se oponen frontalmente al Acuerdo han dado aún los pasos necesarios para aprobar "las disposiciones normativas". "Van pilladas de tiempo", avisa. 

📌 Este 28 de marzo todas las CC.AA. tendrían que haber asumido en sus normativas propias las medidas que el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó en 2022 para avanzar tímidamente en la dignidad en las #residencias 👉 Muy preocupante: solo cumple Comunitat Valenciana pic.twitter.com/tpE98iApdQ

— Paulino Campos (@PaulinoCampos7) March 14, 2023

Una de las que sí que ha cumplido recientemente es la Comunidad Valenciana –votó a favor del Acuerdo en 2022–. En concreto, entre otros cambios, aumentará por decreto lo que se paga por plaza y en el caso de las públicas y concertadas, la diferencia correrá a cargo de la administración.

Cabe recordar que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) planteó sus dudas sobre cómo se podría financiar el modelo y propuso que el texto propuesto por la Comunidad Valenciana fuese acompañado de un informe sobre la incidencia económica en el sector de estos cambios.

En la rueda de prensa posterior a la aplicación del decreto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, defendió que la memoria –que establece un importe de 137 millones de euros de aquí a 2027– solo puede hacer referencia a la parte pública pero no sobre las empresas privadas, que tienen sus propios datos.

Este decreto ha suscitado la oposición de la patronal del sector Aerte (@AERTE_CV) que se muestra en contra del aumento de los costes y que incluso se ha manifestado pidiendo un cambio. 

La asociación de familiares ReCoVa (@ReCoVa14) aseguran que esperarán a que se conozcan todos los detalles sobre el texto antes de pronunciarse.

Los mayores piden unidad

Por su parte el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), Lázaro González, en una entrevista concedida a 65YMÁS, llama a la lealtad a todas las CCAA.

"Lo que se pactó es un paso adelante, para mí, moderado, pero vamos a saludarlo como bueno. Hay unos intereses adquiridos y no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Pediría a las comunidades autónomas que tengan una lealtad, como en los estados federales. Si han pactado algo, vamos a seguir porque es una vía buena. En este momento, probablemente es lo que se puede hacer, pero no es la gran reforma que deberemos emprender en el futuro", indica. 

"Siempre hemos considerado que los compromisos están para ser cumplidos, si hay un acuerdo marco de mínimos es de ley el que este sea puesto en práctica y ejecutado, si alguien quiere desarrollar un proyecto propio al menos debe aplicarlo rigurosamente con los mínimos acordados. Desgraciadamente, se está popularizando en nuestro país el legislar y no cumplir con lo legislado, y curiosamente siempre en leyes o reglamentos que en su gran mayoría afectan a nuestro colectivo, las personas mayores", opina el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT (@UJP_UGT), Anatolio Diez. 

"El peligro real es la judicialización del proceso"

Para el secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO (@CCOO), Carlos Bravo, los acuerdos, aunque insuficientes, deberían cumplirse, si no, acabaría puesta en duda la utilidad y operatividad misma del Consejo Territorial. Por ello, apoya que los fondos se den a las CCAA que cumplan, para garantizar los cambios.  

Con todo, matiza, "es más que razonable considerar que los acuerdos del Consejo Territorial deben ser unitarios, con la obligación de asumir los criterios que se han consensuado, preferiblemente de forma unánime". Aun así, señala, las medidas deben aplicarse también cuando el voto es "mayoritario, si no queremos mantener órganos de coordinación inter-administraciones que acaben siendo inoperantes".  

"El peligro real es la judicialización del proceso entre algunas CCAA y el Ministerio de Derechos Sociales, esta situación trasladaría la duda sobre el papel efectivo del Consejo Territorial y la consistencia de sus acuerdos. Esperamos y deseamos que se cumplan, al menos, los criterios básicos reflejados en el documento y su puesta en marcha de forma inmediata, al tiempo que trabajamos para mejorar esos mínimos", indica.

"Se trata de un Acuerdo con mejoras en los ratios profesionales/usuarios, que, ciertamente mejoran de forma relevante los criterios de 2018, aunque actualmente algunas comunidades autónomas puedan aumentar estas cifras de forma significativa. Aun así, consideramos que los ratios deberían haber sido superiores en residencias y centros de día, al tiempo que es necesario un incremento de las intensidades de los servicios de ayuda a domicilio que aún se encuentran afectados por los recortes de 2012", valora.

Los geriatras creen que todas las CCAA acabarán aplicando el Acuerdo

Finalmente, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (@seggeriatria),  José Augusto García Navarro, entiende que las diferencias actuales entre comunidades están en matices técnicos y por ello pide unidad para que no se pierda el espíritu de la reforma que era insistir "en el modelo de la Atención Centrada en la Persona", eliminar las "sujeciones", incorporar "la participación de las familias y del residente", etc.

Ahora bien, matiza Zamora, las CCAA irán poco a poco aplicando el Acuerdo, aunque actualmente con las elecciones a la vuelta de la esquina, algunas quizá no vayan a hacerlo.

"Hay CCAA que están muy avanzadas incluso algunas que votaron en contra, como Castilla y León, que ya lo aplica y va a tener financiación extra. Así que creo que todos irán cumpliendo, por muy poco vinculante que sea”, señala. Y es que, este es el "único modelo", la "desinstitucionalización", es decir, caminar hacia un sistema de "atención domiciliaria, comunitario, viviendas adaptadas” y convertir en paralelo las residencias en hogares. Eso sí, matiza, "estamos todos de acuerdo que se necesita más financiación", sostiene.