Castilla-La Mancha, única CCAA del PSOE que ha votado en contra de las residencias de Belarra

Tras meses de negociaciones, el nuevo modelo de residencias propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ya es una realidad. En el último Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado este martes, 10 comunidades han votado a favor del nuevo Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, logrando de esta manera una mayoría a favor de la propuesta. 

Así, con la firma de este acuerdo, las residencias públicas o concertadas de nueva construcción no podrán tener más de 120 plazas y un 65% de habitaciones individuales y se deberán dividir en unidades de 15 personas. También se tendrán que aumentar las ratios de personal y deberán eliminarse las sujeciones. Además, los centros que estén ya en funcionamiento deberán sectorizarse de igual manera en unidades de 15 y ampliar sus plantillas.

Eso sí, cabe destacar que la votación ha estado reñida, puesto que no todas las CCAA del PSOE han votado a favor de este acuerdo, que no cuenta con el apoyo de sindicatos, patronales ni familiares –sí de geriatras, gerontólogos y del CERMI–.

En concreto, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, se ha opuesto al texto –ya se manifestó en contra del anterior borrado presentado en mayo–, al entender que el Estado no garantiza la financiación suficiente para llevar a cabo la transición hacia el nuevo modelo. 

Problemas con la financiación del acuerdo

65YMÁS ha tenido acceso a declaciones exclusivas de la consejera de Bienestar Social de la región, Bárbara García Torijano, tras conocerse el resultado de la votación. 

"Nuestra postura ha sido desfavorable porque los cambios no han sido suficientes", ha asegurado a este diario. 

Y es que, según García Torijano, el nuevo acuerdo no incluye novedades en materia de financiación, uno de los puntos débiles del texto, a su parecer. 

"Sin dinero, este acuerdo va a debilitar el sistema de Dependencia. Los fondos que va a dedicar el Gobierno son los que se adoptaron hace tiempo para otros fines, como reducir listas de espera o mejorar la calidad de los sistemas, es decir, unos objetivos que Castilla-La Mancha ha cumplido ya este año, pero que nada tienen que ver con el acuerdo que han planteado este martes", ha explicado.

"Castilla-La Mancha no quiere hacer brindis al sol ni pactar acuerdos que se queden en papel mojado. Los cambios que se lleven a cabo deben ir acompañados de financiación, y como no existe, nos hemos manifestado en contra", ha justificado. 

"No podemos cambiar las reglas de juego en mitad del partido. Entre otras cosas, porque los criterios de financiación que nos dieron en su día no eran los que tienen que ser ahora para poder aplicar este acuerdo. A Castilla-La Mancha nos correspondería más dinero puesto que somos una de las CCAA que más plazas tenemos. Sin embargo, en ningún momento el reparto ha estado condicionado por esta variable. Es verdad que el Estado ha recuperado el nivel acordado y aumentado el mínimo, cosa que se agradece, pero también es cierto que continúa teniendo con nosotros una deuda importante, puesto que no financian al 50% la Dependencia", ha argumentado. 

Además, la consejera ha sostenido que Castilla-La Mancha ya cumple con parte de lo planteado en el acuerdo.

"Y lo que no cumplimos no es porque no queramos, sino porque no da respuesta a la ciudadanía que tenemos por sus características –zonas más o menos despobladas, etc.–. No vale que un acuerdo valga para todas las CCAA por igual. Puede aplicarse un texto de mínimos, pero el que se ha aprobado no lo es. Va al detalle y no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la comunidad. No vamos a permitir que el acuerdo ponga en peligro puestos de trabajo, empresas y, por supuesto, la economía de la gente, porque, si esto no lo paga el Estado, ¿quién lo va a hacer?", ha comentado.