CCOO urge a mejorar la financiación estatal para la atención a la dependencia

Cara y cruz de la reforma de la Ley de Dependencia: más derechos, pero sin garantía de financiación

 

Comisiones Obreras (CCOO) ha subrayado la importancia de implementar un programa de acción que garantice una "atención completa" a las personas en lista de espera de dependencia, asegurando además la calidad de los servicios profesionales. Para lograrlo, el sindicato considera "estratégico" el liderazgo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, así como una mejora en la financiación estatal.

En su informe titulado 'Evaluación de los resultados obtenidos por el Plan de Choque para la plena implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (2021-2024)', presentado por Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, junto a Agustín Reoyo, uno de los autores del estudio, se destaca que la financiación estatal debería igualar la aportación de las comunidades autónomas, con un 50% cada una. El sindicato ha trasladado el estudio al ministerio de Bustinduy.

En la presentación en rueda de prensa, Carlos Bravo se ha referido a la reforma de la Ley de Dependencia aprobada el martes en Consejo de Ministros, "un anteproyecto de ley que es positivo, que refuerza y actualiza conceptos pero que no tiene la financiación adicional imprescindible para lo que necesita el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD)".

Para el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, España dispone de un Sistema de Atención a la Dependencia "que se ha consolidado como un derecho social universal, que da cobertura ya a un millón y medio de personas, que ha tenido un balance positivo en estos últimos años como consecuencia del Plan de Choque de atención a la dependencia para completar su implementación, pero que todavía tiene un camino por delante".

 

❕❕Tenemos 246.000 personas en lista de espera, lo que significa que necesitamos mantener el esfuerzo de financiación. pic.twitter.com/wM0nBDSzOw

— COMISIONES OBRERAS (@CCOO) February 13, 2025

 

Carlos Bravo ha destacado que un 59% del total de las personas atendidas (877.000) lo están mediante un servicio profesional; que el sistema da empleo a 539.000 personas, fundamentalmente mujeres; y tiene una inversión anual de 11.500 millones de euros, el 0,77% del Producto Interior Bruto (PIB). "Una cifra que, sin embargo, precisa ser duplicada y alcanzar niveles entre el 1,5 y el 2% del PIB", ha apuntado, al tiempo que ha argumentado que son "los niveles de referencia en países del norte de Europa".

En el informe, CCOO identifica "elementos de riesgo que precisan de una actuación conjunta del Estado y las comunidades autónomas para su corrección", entre los que destaca la lista de espera, los "excesivos" tiempos de respuesta de las administraciones y la "elevada" utilización de la prestación económica de cuidado familiar y la prestación vinculada a un servicio, pese a que están definidas como "excepcionales". También alerta de "importantes diferencias territoriales".

Crece la aportación del Estado

Respecto a la financiación estatal, la organización incide en que, entre 2021 y 2023, se ha incrementado en 3.760 millones de euros, y las comunidades autónomas han aumentado su aportación en 997 millones de euros adicionales. De esta forma, en dicho periodo el sistema ha recibido 4.757 millones de euros adicionales a los que se destinaron en el año 2020. La aportación del Estado supuso en 2023 un 28,58% del total de gasto certificado por las CCAA, lo que implica un incremento de casi 13 puntos porcentuales en el marco del Plan de Choque.

En este sentido, CCOO denuncia la falta de transparencia del sistema en cuanto al "copago" y defiende que "conocer el dato exacto de copago debe ser una prioridad en el corto plazo". "Se calcula que la aportación por copago no será inferior al 20% del total de gasto certificado en el sistema y viene registrando un incremento progresivo en el tiempo", señala, para después reclamar la vuelta a los umbrales anteriores a 2012 como "prioridad".

Por otro lado, Bravo ha destacado el crecimiento de las personas beneficiarias atendidas (+35%), ya que hay 394.194 personas atendidas adicionalmente, pero en un ritmo "insuficiente para absorber la lista de espera", que se mantiene en 246.212 personas. Así, ha pedido un "incremento de recursos". Sobre los tiempos de gestión de la prestación, el sindicato los califica de "excesivos" (332 días en media) e incide en que "llegan incluso a duplicarse en los casos más extremos" y "sólo tres territorios cumplen el compromiso de la Ley".

El sindicato pone de relieve que se han revertido los recortes de 2012 en el servicio de ayuda a domicilio y la cuantía de las prestaciones económicas, pero el 41% de las personas beneficiarias (600.000 personas) aún es atendido mediante Prestación Económica para Cuidados Familiares (PECF) y "tampoco se ha conseguido reducir el peso relativo" de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). "Deben dejar de crecer estas prestaciones y transitar desde ellas hacia prestaciones de servicios profesionales de calidad, en ayuda a domicilio, residenciales o centros de día", recomienda el informe.

CCOO señala que los servicios profesionales crecen, en mayor medida la teleasistencia. "Se trata en todo caso de una prestación complementaria y debe evitarse como recurso exclusivo de atención", ha defendido Agustín Reoyo, adjunto a la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical.

Por último, el crecimiento de las nuevas prestaciones reconocidas ha contribuido a crear 95.243 empleos directos hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que supone un incremento del 21,5% y, adicionalmente, se han convertido 44.308 contratos temporales en indefinidos, como consecuencia de la reforma laboral pactada entre Gobierno e interlocutores sociales, han destacado.