CERMI exige a los partidos políticos renovar la Constitución quitando el término "disminuido"
Lamenta que, más de cuarenta años después, "no se haya actualizado su mirada" sobre el colectivo
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han exigido a todos los partidos políticos su apoyo "sin fisuras" a la renovación del artículo 49 de la Constitución Española, en la que se recoge el término "disminuido". A su juicio, "ni la terminología empleada ni el contenido" de dicho artículo "están alineados con la visión plena de derechos humanos".
Tal y como ha explicado la entidad, esta lucha será su principal reivindicación en el manifiesto que ha realizado CERMI con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este viernes 3 de diciembre.
El texto de la Carta Magna al que se refieren, recoge exactamente: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Para CERMI, este artículo de la Constitución Española supuso "un gran avance" en cuanto a la visibilidad, promoción y protección constitucional de sus derechos. Sin embargo lamenta que, más de cuarenta años, "no haya actualizado su mirada" sobre el colectivo.
"Las personas con discapacidad, como parte valiosa de la familia humana y de las comunidades sociales y políticas en que esta se organiza, han de tener reflejo en las Constituciones desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su inclusión, participación y bienestar sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo", señala la entidad.
Conceptos y valores actuales
En este sentido, indica que, la reforma propuesta en el Congreso, y consensuada en la anterior legislatura, fue "ampliamente" debatida y destierra expresiones "hirientes e insostenibles" para referirse a las personas con discapacidad, como, por ejemplo, el término 'disminuidos'.
En concreto, el texto constitucional que estuvo a punto de aprobarse en 2018 -y cuya tramitación decayó por la convocatoria de elecciones- recoge que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes" en "condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación"; y que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión" del colectivo, respetando "su libertad de elección y preferencias" y contando con su "participación".
También incluye que se "regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes".
A su juicio, el nuevo contenido se ha realizado "con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, mencionando expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad".
Además, advierten de que, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española sería la primera "nítidamente social". Es por eso que, según insiste CERMI, debe tramitarse "con el mayor de los consensos políticos y sociales". "Los derechos de las personas con discapacidad constituyen un elemento compartido de las sociedades democráticas avanzadas que sirven para superar las disputas y las fracturas tan extendidas en la vida política", ha indicado la entidad.
Es por eso que, para "aquellos que han mostrado reticencias" a la tramitación de esta reforma, CERMI les explica que el texto "viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias" y cuyo objetivo es hacer del país "un proyecto más sugestivo y decente de vida en común".
