CERMI pide a las comunidades que apoyen el Plan Belarra para las residencias de mayores

El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a las comunidades autónomas a respaldar en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia la propuesta de acreditación y calidad de servicios y centros de dependencia.

Así se recoge en el documento aprobado por unanimidad por la Asamblea de Representantes del CERMI, máximo órgano de gobierno de la Entidad, en el que, en concreto, se llama a estas instituciones a "minimizar las discrepancias en aras al interés general" para que el texto "pueda ser adoptado por un amplio consenso".

"La propuesta de acuerdo de mínimos supone un avance respecto de la situación actual de graves carencias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, actualizando y ampliando unos parámetros que, con el debido soporte financiero de los poderes públicos corresponsables, permitirá orientar el Sistema hacia mayores cotas de protección social, de acuerdo con modelos más promotores de la autonomía personal y mejorando el marco y condiciones del personal profesional de atención", recoge el texto aprobado por la entidad.

 

Y, paralelamente, CERMI ha pedido al Gobierno central que "asegure por todas las vías posibles" los recursos económicos necesarios, de forma sostenida durante la vigencia del acuerdo, para que todas las exigencias e indicadores contenidos en el mismo puedan verificarse por las Administraciones gestoras del sistema.

Por otra parte, el documento destaca la necesidad de que los tejidos asociativos de la discapacidad y de las personas mayores sean considerados y tratados como operador social legitimado y partícipe en el proceso de aplicación del acuerdo, en representación de los grupos cívicos destinatarios de la Ley de Dependencia.

Debate en el Congreso

Por otra parte, el PP ha criticado este martes en el Congreso el nuevo modelo de residencias de mayores que pretende poner en marcha el Ministerio de Derechos Sociales y que, según ha indicado, tiene "el sonoro y rotundo rechazo" de las patronales, sindicatos y CCAA.

Así lo ha asegurado la portavoz de los 'populares' en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara baja, Alicia García, durante la comparecencia en la misma del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para explicar las líneas de trabajo de su departamento en relación a la reforma del modelo de cuidados.

En su intervención, Álvarez ha defendido la necesidad de un cambio de modelo porque, según ha señalado, "hoy no se envejece como hace 50 años" y, a su juicio, "mantener el modelo" que se usa desde entonces "es impropio de un país como España".

Tal y como ha indicado, esta modificación ha sido requerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Comisión Europea, que, según ha indicado, critican el "aislamiento" de los mayores y menores de la sociedad, que estos no tengan "un control suficiente" de sus vidas, que no se prioricen las necesidades individuales de los usuarios o que no se cumpla con el "derecho a la intimidad".

En este sentido, ha destacado la negociación que se está produciendo en la actualidad con las autonomías y que, según ha indicado, espera que se apruebe "en próximos días", sobre la nueva acreditación de dependencia y que, a su juicio, será una "hoja de ruta para la próxima década". En este sentido, ha apuntado que en la negociación no recuerda "diferencias importantes" en las negociaciones con las CCAA sobre este tema.

Críticas

Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por García, quien ha asegurado que incluso hay autonomías gobernadas por el PSOE que tampoco apoyan al Ministerio en su propuesta para las nuevas residencias.

De hecho, ha destacado que Derechos Sociales "haya puesto de acuerdo a las cuatro patronales y a los sindicatos" con sus críticas a este texto. La pérdida de plazas, la discriminación a los servicios público-privados y a los centros rurales o la no inclusión de las peticiones para una mejor calidad de empleo en el sector, son algunas de las quejas que, según la diputada, los actores implicados en el sector han trasladado a Derechos Sociales.

Otra de las formaciones más críticas con Álvarez ha sido Vox. A través de su portavoz en la materia, María de los Reyes Romero, el partido de Abascal ha responsabilizado al Gobierno y a quienes han apoyado sus políticas, del envejecimiento de la sociedad. En concreto, lo ha achacado a las políticas "antifamiliares" y "antinatalistas" que, a su juicio se aprueban, así como a leyes como la de la Eutanasia que, según de declarado Romero, se utilizan como "vía para aliviar" dicho envejecimiento.

"Se está minando desde la base los cuidados sociales basados en la confianza entre generaciones", ha declarado, antes de denunciar también que el "caos autonómico" está generando "desigualdades" entre los usuarios de un modelo de cuidados "mal gestionado" y "con trabas burocráticas".

Deuda "histórica" con las CCAA

Por su parte, la representante de ERC en esta comisión, Norma Pujol, ha llamado al Gobierno a saldar "la deuda histórica del Estado" con las CCAA en el reparto de financiación en materia de dependencia. La diputada ha indicado que, si bien ahora el Ejecutivo ha aumentado la financiación para cumplir con la cofinanciación, durante los últimos años son las autonomías quienes se ha ocupado del tema.

Además, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado a Álvarez las peticiones realizadas por los directores y gerentes de los Servicios Sociales para incluir en el nuevo modelo, como la creación de un registro de personas condenadas por abusos a mayores, la posibilidad de disponer de espacios para que los familiares de los usuarios puedan comer con ellos, elevar los salarios del sector entre un 15% y un 20% o que los centros presten servicios materiales y profesionales en el entorno.