Cuenta atrás para el fin del pago comunitario de la calefacción central
1,6 millones de viviendas solo pagarán por su consumo
El BOE del 4 de agosto de 2020 publicó un Real Decreto del Gobierno que obliga a instalar contadores individuales en todos edificios que estén dotados de calefacción central antes del 1 de mayo de 2023, de forma que cada vecino pague exclusivamente por su consumo.
Esto no quiere decir que se haya decidido terminar con la calefacción central, sino que su factura se distribuirá según el consumo de cada unó de los vecinos, algo que para Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), va a reportar "las ventajas de la calefacción central, como la eficiencia energética, con lo mejor de la calefacción individual, en la que cada uno gestiona su consumo y paga por él".
El Decreto del pasado año nos venía impuesto desde la Unión Europea con el objetivo de ahorrar costes, reducir importaciones, mejorar la competitividad y contribuir a la sostenibilidad medioambiental, algo que redobla su su sentido 14 meses después de haberse decidido cuando estamos sumidos en una profunda crisis energética con problemas de abastecimiento de gas y precios de la electricidad nunca antes conocidos.
La intención, tanto del Parlamento como del Consejo Europeo es conseguir un mayor ahorro energético y para ello se considera necesario el reparto individualizado de los costes de calefacción y agua caliente.
Para ello, los edificios construidos antes del año 1998 están obligados a contar con contadores individuales, puesto que fue en esa fecha cuando entró en vigor la normativa del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que obligaba a que los edificios que se construyesen a partir de entonces deberían disponer de un sistema que permita la distribución del gasto correspondientes de cada suministro.
De esta forma, cada vecino pagará por lo que consume lo que implica una sensibilización de la población con respecto al coste que debe asumir por su consumo de energía, algo que, para AERCCA reducirá el coste energético entre un 20 y un 30% por edificio, unos 230 euros al año por vivienda. "Cuando te vas de una habitación apagas la luz. Intentamos no dejarla encendida al irnos, así que la enciendes sólo cuando entras. Con la calefacción pasa algo parecido y por eso esta medida contribuye a la sensibilización del coste energético", explica Ignacio Abati .
Se calcula que son en torno a 1,6 millones de hogares españoles los que deberán tener esta transformación y que de ellos un 18% ya la han consumado. Sobre todo en Madrid donde son ya 700.000 viviendas ya han cambiado de modelo, si bien es cierto que en la capital el plazo es menor puesto que el Real Decreto de agosto de 2020 establecía que diferentes intervalos temporales de cumplimiento según las distintas zonas climáticas en las que se ubiquen las edificaciones.
La Comunidad de Madrid está enmarcada en la zona climática D y en consecuencia la adaptación en edificios de menos de 20 viviendas deberá realizarse antes de octubre de 2022 y la de construcciones de más de 20 viviendas antes del 1 de marzo de marzo de 2023.
En cualquier caso "vamos con bastante retraso", ha confesado Ignacio Abati, quien apunta a que la pandemia de Covid-19 ha podido frenar el proceso de transformación del sistema. Pero, en cualquier caso, de no concederse una moratoria, los plazos están ya fijados y las multas por posibles incumplimientos van de los 300 a los 60.000 euros.
