Cuenta atrás para la investidura de Illa: podría retrasarse por una posible detención de Puigdemont

El líder del PSC, Salvador Illa, contará con la mayoría absoluta (68 escaños) para presidir la Generalitat, después de que Jovent Republicà, las juventudes de ERC, hayan decidido avalar su investidura con un "sí crítico", con lo que su diputada del Parlament, Mar Besses, votará "sí". Así lo aseguraban en un comunicado tras la reunión del Consell Nacional de las juventudes, en que se ha debatido el sentido del voto de su diputada en la Cámara después de que la militancia de ERC ya avalara con un 53,5% el preacuerdo con el PSC.

"Firmamos un compromiso con los jóvenes de este país, no con la estabilidad del Gobierno de Salvador Illa y, por tanto, llegaremos hasta el final para hacer cumplir los acuerdos", avisan en un comunicado, en el que aseguran estar dispuestos a condicionar la mayoría parlamentaria a lo largo de la legislatura.

Aceptan que el acuerdo de investidura aprobado por las bases de ERC, acordado y asumido tanto por el PSC como por el PSOE, "contiene algunos elementos positivos" y celebran la apuesta por la resolución del conflicto político, el avance significativo hacia la soberanía fiscal de Cataluña, la defensa e impulso del catalán.

También valoran "la enmienda a algunas de las propuestas más de derechas del PSC", pero remarcan textualmente su clara desconfianza hacia el cumplimiento de este acuerdo, debido a la falta de diligencia en los cumplimientos de acuerdos anteriores por parte del PSOE.

En este sentido, señalan la poca credibilidad de Illa, en sus palabras: "Siempre ha interpuesto los intereses de la Moncloa y de Pedro Sánchez en Cataluña". Asimismo, las juventudes de ERC asumirán, a partir de ahora, una oposición dura, clara y contundente, textualmente, al Gobierno de Illa, "al que le saldrá muy caro no cumplir", alertan.

La semana pasada, la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, expresó su respeto por el debate interno de sus juventudes pese a mostrarse convencida de que se conseguiría un acuerdo.

Con el voto a favor de Besses, los 20 diputados de los republicanos se añadirán a los 42 del PSC y a los 6 de los Comuns, sumando los 68 escaños mínimos que se requieren en una investidura.

Este martes, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha realizado la ronda de consultas. Al primero que ha recibido ha sido al grupo socialista a las 9:30, seguido de ERC y Comuns --grupos que previsiblemente apoyarán a Illa--, y ha acabado con el resto de las formaciones de mayor a menor representación –Junts, PP, Vox, CUP y AC–.

Estaba previsto que la ronda se hiciera el lunes, pero finalmente Rull pospuso el proceso un día por problemas de agenda de ERC.

El presidente del Parlament, Josep Rull y el líder del PSC, Salvador Illa, durante la primera reunión de la ronda de consultas, en el Parlament de Catalunya.

El presidente del Parlamento catalán ha propuesto finalmente este martes al líder del PSC, Salvador Illa, como candidato al pleno de investidura al constatar que tiene mayoría suficiente para ser elegido presidente de la Generalitat, y prevé que la Diputación Permanente agende el pleno para el jueves. Rull convocará la Diputació Permanent para este miércoles a las 10 y propondrá a ese órgano, encargado de convocar el pleno, que agende la sesión de investidura para el jueves, también a las 10.

Una detención de Puigdemont pueda retrasar el pleno de investidura de Illa

Una vez garantizada la mayoría, Illa debe salvar otro escollo para su investidura: el que puede provocar una posible detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si regresa.

Esta posibilidad puede llevar al presidente del Parlament a tomar la decisión de suspender el pleno de investidura, y, aunque Rull no se ha pronunciado claramente cuando se le ha preguntado, sí ha asegurado que el único escenario que no contempla es la "pasividad".

Otra de las incógnitas, si detienen a Puigdemont, es la reacción que pueda tener ERC a la hora de mantener o no su compromiso de investir a Illa, y la reacción que tengan las organizaciones independentistas de la sociedad civil, entre las cuales ANC y Òmnium.

En este sentido, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha admitido este martes que una eventual detención del expresidente catalán pueda retrasar el pleno de investidura de Salvador Illa, si bien ha garantizado los apoyos al candidato del PSC en primera vuelta.

Según expresaba este martes en una entrevista a TV3, después de la reunión mantenida con el presidente del Parlament, y recogida por Europa Press, "seguramente será necesario" suspender temporalmente el pleno de investidura del socialista Salvador Illa si se produce una detención del expresidente catalán, quien ha reiterado en los últimos días su intención de volver a Cataluña para ese pleno.

Sans reiteraba previamente que ERC "no es culpable" de la eventual detención de Puigdemont, sino que la responsable es la "represión política" por el referéndum del 1 de octubre, a la vez que ha defendido que el expresidente catalán "tendría que estar en libertad porque el 1- O no fue un delito".

Así, insistía en que, de producirse ese escenario, los republicanos mantendrían sus compromisos de investidura con el PSC, aunque ha reconocido que podría retrasarse la sesión en el Parlament. "Es evidente que es un escenario que hay que contemplar, que la detención se pueda producir antes", ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Sans afirmaba que desde su formación han hablado tanto con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, como con el presidente del Parlament, Josep Rull, sobre "los distintos escenarios que hay sobre la mesa". "Pero ahora mismo son todo conversaciones y pocas concreciones porque realmente no tenemos claro qué es lo que pueda pasar. No tenemos claro cuándo va a volver, si es que va a volver el presidente Puigdemont y tampoco tenemos claro dónde se produciría la detención", ha señalado Sans.

Ha insistido en que las instituciones catalanas no pueden estar "sujetas" a los tiempos del Tribunal Supremo, por lo que ante una posible detención de Puigdemont, que ha calificado de hecho grave, y una suspensión provisional, se debería reemprender la investidura lo antes posible.

Y sobre la reunión que ha tenido con Rull, ha explicado que ERC ha trasladado el resultado de la consulta interna a la militancia sobre el pacto con los socialistas, y ha dicho que, más allá del ajustado "sí" a Illa por parte de la militancia republicana, en el partido existe el consenso en valorar lo pactado como un "buen acuerdo".

La portavoz de ERC ha defendido el "sí vigilante" del acuerdo con PSC y ha avisado que la legislatura en Cataluña "dependerá de los cumplimientos" del PSC. "Somos gente de palabra, si se cumplen los acuerdo, no tiene que ser una legislatura inestable", ha indicado.

Ha asumido que, tras las elecciones catalanas, la labor de ERC está en la oposición, donde estarán "muy vigilantes". Así, ha dicho que la recaudación en su totalidad del IRPF en 2026 "será una fecha determinante para saber si el cumplimiento de los acuerdos va hacia adelante o no".

Así, ha defendido que el concierto económico recogerá una cuota de solidaridad con el resto de comunidades. "Pero queremos que esa cuota se calcule de manera transparente, de manera clara y de manera acordada", ha avisado, para después trasladar que desde ERC no quieren "una confrontación entre territorios".

Sans ha animado a otras comunidades a que vayan a Cataluña para que vean el estado de los Rodalies o las listas de dependencia. "No son privilegios, son recursos para servicios públicos", ha defendido.

Por último, desde ERC han instado al PSOE a que inicie esta misma semana los contactos con otras formaciones políticas para reformar Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Según ha recordado Sans, el apoyo de los socialistas "era imprescindible" para modificar, al tiempo que ha recordado que la amnistía tampoco contaba con una mayoría que después sí se dio.

Ha asegurado asimismo que los republicanos han sido capaces de mover a fuerzas que hace años defendieron la aplicación del artículo 155 en Cataluña para que ahora, textualmente, reconozcan el conflicto político y avanzar así hacia un referéndum de autodeterminación. Y ha pedido a Junts que "no alimente la crispación" en Cataluña, haciendo un llamamiento al independentismo a reconstruir puentes para que pueda recuperar la confianza en los ciudadanos y la mayoría política en el Parlament en un futuro.

Cabe destacar que hay margen para celebrar un debate de investidura hasta el 26 de agosto; en caso contrario, Cataluña debería repetir elecciones el 13 de octubre.

El camino judicial de Puigdemont a su regreso

El expresidente catalán podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.

Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament, asegurando que su detención era "una posibilidad real en muy pocos días". Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía.

Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.

El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.

Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del procés por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.

Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un habeas corpus en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.

También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.

Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del procés, Ana Ferrer.

En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.

En cualquier caso, la del procés no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado, que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán.

Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.