Las cuidadoras de la Ayuda a Domicilio no aguantan más: "Las mejoras prometidas no llegan"

España dejó sin gastar 76 millones en dependencia en 2021, con 400.000 personas en lista de espera

La situación laboral y económica de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio sigue siendo precaria en prácticamente toda España. Pese a la mayor inversión en Dependencia (600 millones de euros anuales por parte del Estado) y al cambio del modelo de los cuidados aprobado en junio de este año, la gran mayoría de profesionales no han visto mejoras sustanciales en sus condiciones.

Y esta precariedad, según denuncian sindicatos y plataformas de trabajadoras, puede poner en jaque a todo el sector en el futuro, puesto que desincentiva la permanencia en el empleo e impide el relevo generacional –según un estudio realizado por la Universidad de Oviedo la media de edad del sector está en los 50 años–. Todo ello, en un momento en el que el número de dependientes no para de aumentar y se necesitan cada vez más personas para cuidar –en los últimos 10 años se han incorporado miles trabajadoras, según datos del Imserso, pero a empleos parciales y no siempre se quedan en el sector–. 

“Tenemos contratos parciales que no llegan a los 600 o 700 euros y no son a jornada completa. Imaginad cómo estamos con la subida que ha habido de los precios de la cesta de la compra y de los suministros. Además, no hay un cambio generacional. Esto es vocacional, si no te gusta, no aguantas. Y las personas formadas, en cuanto ven las condiciones, huyen del sector. De hecho, las empresas no las encuentran. En alguna provincias, se están haciendo cursos de 60 horas para que entren a cuidar, pero, con algo así, no puedes enfrentarte a una persona con una discapacidad sea la que sea”, denuncia una portavoz de la Plataforma Unitaria de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (@UnitariaA). 

“Esto no ha estallado todavía gracias a las compañeras migrantes. Ahora bien, ya avanzo que sus hijas y las nuestras no van a ser auxiliares de Ayuda a Domicilio si esto sigue así”, argumenta. 

Un sector precario

Hay varias razones que podrían explicar por qué no se ha acabado aún con la precariedad de las auxiliares de la Ayuda a Domicilio, a pesar de todas las promesas de las diferentes administraciones públicas y del aumento de las partidas presupuestarias.

En primer lugar, comenta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez (@Ascdiresociales), el dinero destinado por el Estado al Plan de Choque de la Dependencia tenía por objetivo prioritario en el corto plazo "la reducción de la lista de espera" y, en segundo lugar, "la mejora de las intensidades o de las prestaciones –mayor pago por hora, formación...–”. 

“Cuando en España estaban muriendo 43.000 personas sin prestación y tenías 600 millones de más, ¿a qué los ibas a dedicar? Pues, primero, a la lista de espera”, justifica. A pesar de todo, matiza, “el año pasado la reducción de la lista no llegó a las 60.000 personas que prometieron". "La burocracia y varias regiones como Cataluña y Canarias impidieron cumplir con el objetivo. Sólo se redujo en 38.807 personas”, indica. Es más, según comentan sindicatos y plataformas, la mayoría de nuevos usuarios que consiguieron una prestación en 2021 fueron de grado I, es decir, los que menos horas necesitan.

Con todo, reconoce el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, un gran número de CCAA (Asturias, Melilla, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Ceuta, Aragón, Castilla y León) sí lograron reducir sus listas de espera a menos del 10% y otras como Canarias lo está haciendo este año a buen ritmo. 

Una situación, argumenta, que debería permitir en 2022 "una nueva inversión en intensidades (horas), prestaciones económicas y mejoras de las condiciones laborales”, si bien no todas las regiones lo están haciendo al mismo ritmo o garantizándolo por Ley como Cantabria. Por ahora, aclara Ramírez, el objetivo principal de este año a nivel nacional es lograr implantar la teleasistencia a todos los usuarios. 

La temporalidad no acaba

Por otro lado, otro problema con el que se siguen encontrando las auxiliares, y que desincentiva que se queden en el sector, es la parcialidad. Aunque en el nuevo Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se garantizan un 80% de contratos indefinidos y un 50% de horas contratadas a tiempo completo, muchas trabajadoras siguen teniendo únicamente acceso, por ahora, a jornadas parciales o partidas que les impiden pluriemplearse y, en muchos casos, llegar a fin de mes, sobre todo, si el único ingreso que llega a su hogar es el suyo.

“A parte de que es indecente que tengas que trabajar en varios sitios para completar un sueldo, en este sector muchas veces es incompatible, porque tienes una hora por la mañana y luego tres o cuatro por la tarde”, denuncian desde la Plataforma.

“Con el nuevo acuerdo se estipula que un porcentaje de horas contratadas deben ser cubiertas a tiempo completo. Pero, para nosotros, es una medida insuficiente, puesto que además habría que hablar del número de contratos. Al menos el 60% deberían ser así, y eso no aparece”, indica el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera. Aun así, indica, todavía no pueden hacer una valoración completa del nuevo modelo de Dependencia puesto que se aprobó en junio de este año y no ha pasado el tiempo suficiente. 

La inflación se come los sueldos de las auxiliares

Finalmente, el tercer problema es el salario. Si bien las comunidades tienen que aumentar la cuantía que pagan por hora a las empresas, esto no se traduce siempre en el aumento de sueldo deseado, ya que muchos convenios colectivos –estatal, regional y municipal– están paralizados. "Algunas empresas se rigen por el convenio estatal y otras no (Sevilla, Madrid, Asturias, etc.), y el estatal, está bloqueado, porque una patronal lo llevó a los tribunales. En él llevávamos una subida del 6,5% –inflación de 2021–", explica el representante de CCOO. 

Es más, en Asturias, esta negociación del convenio ha derivado en una huelga de las auxiliares al considerar que los salarios ofrecidos por las patronales no compensaban la subida de los precios –cesta de la compra, gasolina y mantenimiento del coche para desplazamientos superior al kilometraje...–.

Por esta razón, reclaman al "menos una subida del 6,5% por año –como el marco estatal–", "poner fin a la parcialidad", “que se supriman las horas debidas”, "que el kilometraje sea acorde con la inflación", "que se dé un plus de coche para el mantenimiento", "jornadas de 35 horas" y un "plus de antigüedad –en el marco estatal lo hay–". 

La patronal asegura que la responsabilidad es de la administración

Ahora bien, las patronales del sector no comparten este diagnóstico y subrayan que cada comunidad paga un precio distinto –por ejemplo, algunas suben a más de 20 euros por hora y otras abonan a las empresas 14 o 13 euros–, por lo que la situación es diferente en cada una.

"En Asturias hay un convenio colectivo de aplicación, en su ámbito territorial, cuya negociación había alcanzado un acuerdo con los representantes de las personas trabajadoras, pero que un pequeño grupo de trabajadoras, concentradas en una plataforma antisistema y radical se ha obstinando en dinamitar, perjudicando con ello a todas las trabajadoras del sector que podían ver mejoradas sus condiciones de trabajo. No obstante esperamos que los sindicatos CCOO y la UGT, que han demostrado ser en esta CCAA conscientes de la necesidad de alcanzar acuerdos en el seno de la negociación colectiva lleven a una pronta resolución de esta situación no deseada por nadie", señala el secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Javier Sigüenza.

Y añade: "Compartimos con todo el sector que el sistema está infradotado presupuestariamente, y que ese acuerdo de mínimos no cuenta con una dotación presupuestaria. Por ello si a un sistema así le exigimos cambios sin la dotación necesaria por parte de la administración central que impone esos cambios, sólo vamos a conseguir que los usuarios o las CCAA tengan que pagar más". 

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, también exige una aumento de la financiación para subir más los sueldos. “El pretender unos incrementos salariales es estupendo pero, ¿están las administraciones públicas dispuestas a pagarlos? Lo primero que tendrían que hacer es volver a indexar los acuerdos", propone. El principal cliente de las empresas de Ayuda a Domicilio, apunta, son las administraciones, pero éstas no quieren "cambiar el escenario, porque no tienen dinero”. 

“Ahora, en los acuerdos que se están firmando se pretende establecer dos tablas salariales: una para los nuevos y otra para los períodos de transición desde el momento que se firme hasta que venzan. Aquí, el modelo a seguir es Cantabria que pone de acuerdo a todo el parlamento, los partidos cierran filas y las mejoras van en la misma línea que los costes salariales. Si se quieren dignificar las condiciones, pues que suban el precio”, reclama. Si no, prosigue, será inviable aumentar los sueldos un 6.5%. “Y eso, sólo este año, porque con respecto al 2022 se avanza un IPC del 10,4%. ¿Qué margen tenemos? Lo tenemos entre el 3% y el 5%”, sostiene. 

Por último, Ferdández-Cid no ve viable que la mayoría de contratos sean a jornada completa como proponen sindicatos y plataformas, puesto que los horarios "pivotan en función del dependiente”. “Si quiere levantarse entre las 8 y las 10, no lo puede hacer a las 6 de la mañana por que se diga así", argumenta. "Por otra parte, puedes decir que le das más horas por la tarde, pero eso tampoco gusta”, critica. 

Por esta razón, el presidente de la FED pide que se establezca algún tipo de compensación y que se dote de más fondos a la Dependencia. “Ahora mismo Hacienda se 'forra'. Todos los gastos energéticos tienen un porcentaje de impuestos. Pues parte de esos ingresos se pueden meter en gasto en el sistema de cuidados", propone. "También se pueden condicionar las ayudas del Ingreso Mínimo Vital a la imposibilidad de tener un puesto de trabajo", comenta. “No nos interesa a ninguno que haya volatilidad en el sector. Cuando empezó la reforma de la nueva Ley de contratación laboral pensamos que íbamos a estabilizar más las plantillas, pero tampoco tanto, porque la competencia también le ofrece un contrato indefinido”, concluye.