Los mayores serían los más perjudicados si cae el modelo de Muface
Los funcionarios pagarían más del doble por su seguro de salud privado si desaparece Muface
La crisis de Muface entra en una semana clave con varias movilizaciones convocadas, denuncias de malas prácticas por parte de las aseguradoras, por suspender y retrasar citas a los mutualistas, y a la espera de una nueva licitación. En el tira y afloja entre Gobierno y compañías aseguradoras por las nuevas condiciones para la prestación de asistencia sanitaria para más de un millón de funcionarios a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, parece que todo vale. Y ambas partes presionan al contrario, a veces a costa de los mutualistas y su salud. Si el Gobierno proponía el fin de Muface y aseguraba que incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria pública era una opción “viable y razonable”; las aseguradoras están enviando cartas a sus mutualistas en el que detallan el fin del servicio el 31 de enero.
Pese a que las compañías deben seguir presentando asistencia sanitaria con absoluta normalidad a los funcionarios hasta el próximo 31 de enero, tal y como regula el convenio firmado, CSIF ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que las clínicas están suspendiendo y retrasando citas médicas de Muface. Denuncia que también llevará mañana miércoles ante el Congreso de los Diputados. En este escenario, y a la espera de una nueva licitación por parte del Gobierno, esta semana los funcionarios se echarán a las calles, con varias protestas convocadas.
El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que las clínicas están suspendiendo y retrasando citas médicas de Muface. En su denuncia, afirma que ha recibido centenares de quejas de mutualistas porque las clínicas están “retrasando y suspendiendo citas médicas de Muface e incluso pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos”. La organización sindical liderada por Miguel Borra ha destacado que tanto el Gobierno como las aseguradoras "están poniendo en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias”. De esta manera, con el objetivo de "intentar corregir y visibilizar esta situación muy grave", la asociación ha presentado ante el Defensor del Pueblo una carta firmada por Miguel Borra.
Asimismo, este miércoles día 11 trasladarán a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados estas quejas, “para pedirles que presenten iniciativas en defensa del modelo de Muface”.
Estamos en una semana clave para los trabajadores públicos mutualistas, con dos movilizaciones convocadas en defensa de Muface. Este mismo miércoles día 11 saldrán a la calle para pedir un nuevo acuerdo para Muface. Los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT han convocado una manifestación por la mañana, ante la sede de la patronal de las aseguradoras, Unespa; y concentraciones por la tarde en la sede de Muface en Madrid, así como en todas sus delegaciones provinciales.
Con estas movilizaciones, exigen al Gobierno una nueva licitación de Muface y a las aseguradoras, responsabilidad para que se suscriba "lo antes posible" a un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario. Los funcionarios de la justicia, asistidos por la mutualidad Mugeju, que también están presentando complicaciones en su prestación sanitaria, acompañarán en esta movilización a los trabajadores públicos de Muface.
Por otro lado, el sindicato CSIF ha convocado el sábado día 14 de diciembre una gran movilización delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario. Desde CSIF han indicado que la movilización, en la que participarán mutualistas de todas las partes de España, se realizará con el objetivo de pedir al Gobierno que saque una licitación lo "suficientemente atractiva" para asegurar la continuidad del sistema.
Pese a las cartas de las aseguradoras a los mutualistas, en las que anuncian el fin del servicio a partir del 31 de enero; y pese a las denuncias de CSIF de malas prácticas por parte de las aseguradoras, anulando citas y retrasando pruebas, el Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado a los mutualistas de Muface que van a tener "cubierta" su asistencia sanitaria. López ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público contempla herramientas para prorrogar el concierto actual durante un tiempo, hasta que se resuelva el convenio, de forma que todos los mutualistas queden cubiertos. "Por lo tanto, tranquilidad para todos los mutualistas, están cubiertos, van a seguir cubiertos, vamos a preparar una nueva licitación, y por lo tanto todo seguirá con normalidad", ha asegurado.
Pese a que el Ministerio de Sanidad planteó acabar con el modelo de Muface ya desde este mismo mes de enero, e ir incorporando el millón de funcionarios que reciben asistencia sanitaria privada, a la sanidad pública, el Gobierno ha confirmado que trabaja ya en una nueva licitación para sacar adelante el concierto sanitario, después de que el primer concurso quedara desierto. “Lo que estamos haciendo ahora mismo es preparar una nueva licitación”, ha dicho Oscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Así, la pelota para desbloquear la situación vuelve a estar sobre el tejado de Función Pública, que tendrá que ofrecer en la nueva licitación una cifra más competitiva que el 17% de subida en dos años que ofreció en la primera licitación, que quedó desierta, pese a que, en palabras del propio Oscar López, esa oferta representaba “la mayor subida de la historia”.
La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.
Hace casi una semana que cumplía el plazo que el Gobierno concedió a las aseguradoras que prestan el servicio de Muface para que remitieran sus propuestas para renovar del convenio, que termina el 31 de diciembre. En una consulta pública, les instaba a que dieran el precio al que estarían dispuestas a dar el servicio, justificando sus costes.
DKV ha trasladado a Muface que la subida de la prima por cada asegurado dentro de la licitación de asistencia sanitaria a funcionarios debería subir un 40,6%. Además, la aseguradora propiedad de Munich Re ha pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme.
Asisa también ha participado en el proceso de consulta preliminar de Muface, aunque no ha trascendido el detalle económico que traslada en la documentación que ha remitido a la mutualidad. Según la compañía, su propuesta es de mínimos y buscaría no perder dinero, pero tampoco lucrarse. Es decir, la subida de la prima propuesta por Asisa no supondría beneficio económico para la compañía.
Por su lado, Adeslas, que ha estado informando a lo largo de noviembre a sus mutualistas por carta de que no se presentaría al nuevo concierto y que les facilitaría atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025, ha acudido a la consulta y ha trasladado "varios anexos" donde reitera la posición de la empresa, analiza las "nuevas circunstancias" y ofrece datos que "sustentan" su posición. Pero tampoco ha dicho qué subida de prima ha pedido.
