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España, tercer país europeo con más familias con problemas para pagar la vivienda

65ymás

Foto: Big Stock

Lunes 3 de abril de 2023

7 minutos

Según un estudio de Save the Children, el doble de la media de la UE

España es el tercer país europeo con más familias con problemas para pagar la vivienda
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Lunes 3 de abril de 2023

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España es el tercer país de Europa con el mayor porcentaje de hogares que han presentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 6,5% -el doble de la media europea, que se sitúa en un 3,2%-. Solo está por detrás de Grecia e Irlanda, según el estudio 'Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España' de Save the Children. 

Pagar las facturas o comer

El informe destaca que el 8,4% de familias con niños en España tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler. Lo que supone también el doble de la media de la UE, que es de 4,3%. Así, el documento señala al actual contexto de subida de los precios de las viviendas -sobre todo del alquiler- que no ha ido acompañado de un aumento de los ingresos. Esto provoca dificultades que afectan a 4 de cada 10 hogares con hijos a cargo que viven de alquiler. 

Alquilar una casa, cada vez más difícil

Estos hogares se ven obligados a destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que se traduce en menos ingresos para otras necesidades de la crianza. Esto le ocurre a Manuela, una madre separada de 45 años que vive en Sevilla con dos hijos: "Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer". 

El estudio ahonda también en las condiciones de las viviendas y avisa de más de que 2 de cada 10 niños viven en casas insalubres, lo que repercute en su salud física y mental, y afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad, según ha detallado el director de la organización, Andrés Conde. Esta situación se traduce en cuestiones como goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de ventanas o el suelo. 

Muchos desahucios y pocas viviendas sociales

En este contexto, el informe indica que, pese a medidas positivas como las denominadas 'escudo social', la actual situación del mercado de la vivienda puede devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. Se estima que el 70 y el 80% de los desahucios efectuados en España desde 2008 afectan a familias con niños (unos 700.000). 

En esa cuestión, alerta de la escasez de vivienda social y ayudas en España, que cuenta con uno de los parques de vivienda social "más pequeños de Europa", alcanzando apenas el 2,5% del total, mientras que la media europea se sitúa en un 9,3%, cuatro veces más. 

Desahucio

Esta situación se debe a que está por debajo del presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre, según el informe. 

Un millón y medio más de viviendas protegidas

La directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que "se necesitaría un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales" en España, al mismo tiempo que aboga por abordar su construcción incluyendo a la iniciativa privada

El alcance de las ayudas también supone un problema: el estudio incide en que es reducido, ya que hay 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza de las que aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. En 2020, solo 25.000 familias con menores a cargo recibieron una prestación para la vivienda. 

Familias en pobreza

Por otro lado, el informe destaca que el perfil de una familia con dificultades para mantener la vivienda es el de una madre sola con niños al cargo. De esta manera, hay 158.000 hogares monoparentales -en su mayoría encabezados por mujeres- con una carga de alquiler muchas veces inasumible. De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que destinarían si se establece un umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda -sin contabilizar suministros-.

Ante esto, Save the Children defiende que una ayuda complementaria de hasta 200 euros aliviaría la carga que supone la vivienda para todas estas madres. Ausmiendo una cobertura total, una ayuda de estas características necesitaría un presupuesto anual de unos 380 millones de euros, estima el estudio, que también menciona la dificultad de las familias numerosas

Algunas recomendaciones 

La organización incluye en el informe una serie de recomendaciones para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares, entre las que destaca el aumento de los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos en situación de vulnerabilidad. También propone automizar el acceso a ayudas directas a viviendas para las familias perceptoras del Ingreso Vital (IMV), rentas mínimas o similares, así como una apuesta por la compra o la rehabilitación de unidades existentes para ampliar la oferta pública de vivienda social. 

El Ingreso Mínimo Vital no llega al 60% de potenciales beneficiarios

Otra recomendación se basa en garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, evitando que salgan al mercado privado, y promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menos ingresos, incorporando a los grandes propietarios de vivienda en el abordaje del problema y estableciendo reservas de suelo, por las cuales un porcentaje de las unidades que se construyan en una promoción privada se destinen a vivienda social. 

Para la ONG, también son necesarias las bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para rehabilitación de viviendas particulares. Por último, aboga por mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales, así como hacer obligatorio el informe de vulnerabilidad cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, de manera que se tenga en cuenta antes de tomar las decisiones. 

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