España, lejos del objetivo de la OMS: debe invertir 1.445 millones €/año en residencias para cumplir

Belarra sigue sin tener asegurado el apoyo de las CCAA para su nuevo modelo de residencias

Es una realidad: en España faltan plazas residenciales para mayores. Según asegura el sector, debería haber un mínimo de cinco camas por cada 100 mayores de 65 años, "en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud". Sin embargo, actualmente, apenas se superan las tres o como mucho cuatro –dependiendo del estudio que se consulte–, lo que deja a muchas personas sin los servicios adecuados. 

Ahora bien, para paliar este déficit es necesaria una gran inversión destinada a ampliar el número de residenciales para mayores. En concreto, según un estudio realizado por Atlas Real Estate Analytics, haría falta un mínimo de 1.445 millones de euros anuales hasta 2030 para cumplir con la OMS –según otro informe de la FED, podrían ser 900, ciñéndose a los centros sociosanitarios y sin incluir otras modalidades de coliving para sénior autónomos–.

Es más, hay que tener en cuenta que el desembolso podría ser mayor, puesto que, si finamente se aprueba el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad del SAAD, los centros para dependientes que concierten con la administración deberán tener, previsiblemente, un máximo de plazas –todavía no se ha acordado la cifra exacta– y dividirse en unidades de convivencia, por lo que habría que construir o rehabilitar un número superior de edificios, con unos requisitos más estrictos para garantizar unas prestaciones de calidad. Además, según Atlas Real Estate Analytics, a todo esto habría que añadir que, sólo para mantener esta proporción de 5 camas por 100 mayores, se necesitaría invertir hasta 6.000 millones de euros adicionales en los próximos años, puesto que el número de personas mayores aumenta cada vez más. 

Eso sí, por el momento, el país no se acerca a estas cifras, pese a la inversión prometida y prevista para los próximos años. Basta con fijarse en el siguiente dato, para comprobar que todavía hay mucho trabajo por delante: tan solo un 26% de las provincias españolas cuentan con una oferta igual o superior al mínimo recomendado por la OMS –Ávila, Burgos, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y Zamora–.

¿Quién pone el dinero?

De esta manera, teniendo en cuenta que hacen falta, como mínimo, entre 900 millones –sólo residencias– y 1.445 –incluidas otras viviendas para autónomos– millones de euros anuales, cabe preguntarse: ¿Quién debería poner este dinero? ¿Se basta el sector privado para lograr llegar a este objetivo? ¿Deben el Estado y las regiones financiar más residencias públicas o ampliar las ayudas?

Según Atlas Real Estate Analytics, "de los centros operativos, un alto porcentaje son privados, por lo que el sector estaría compensando la poca inversión de la administración pública".

"Con los fondos europeos es posible que esto cambie un poco, pero evidentemente el dinero deberá venir de los dos puntos", apuntan. "No tiene por qué ser el Estado el que tenga la propiedad sino quizá pueda subvencionar su construcción y que la iniciativa privada lo haga", matizan.

Eso sí, según afirma el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, es importante que el Estado no desincentive la inversión. "Con los fondos europeos hay una gran incógnita, porque nosotros, como patronales, no sabemos cómo se van a invertir. Así que, sin contar con ello, de momento hay que decir que, en función del escenario, las empresas se pondrán a construir o no. Por eso le explicamos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que su nuevo modelo de residencias más pequeñas va a suponer un freno enorme, si no se asegura la financiación. Además, las más de 100.000 plazas privadas van a asumir un aumento del coste del 50%. Les vamos a decir a los usuarios: 'Mira, a partir de mañana vas a pagar 2.000 en vez de 1.000. Ahora bien, la calidad será excelente'. A lo que te responderán: 'Pues muy bien, pero no lo puedo pagar, así que me llevo a mi familiar a casa'", argumenta.

"Hay que tener en cuenta que la iniciativa privada sólo entra en los mercados si va a tener rentabilidad. Así que si el marco es cambiante y hostil, pues no invertirán y tendremos un parque de residencias cada vez más antiguo. Y luego, está el tema de la seguridad jurídica. Yo, cuando construí mi residencia, hace años, lo hice al amparo de la normativa vigente en aquel momento. No puedes llegar y darme un plazo de 'x' años para cambiar, porque quizá no se pueda hacer. ¿Qué hago entonces? ¿Tiro el edificio?", se pregunta. 

"La pérdida de plazas no debería ser un objetivo del Gobierno –cuando se habla de reconvertir habitaciones dobles en individuales–. El fin debe ser seguir creciendo y hacer nuevas residencias con otros objetivos y confort para las personas que viven. Las camas que hay son las que se necesitan y, con el envejecimiento del baby boom, harán falta más", valora la presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), Cinta Pascual. 

"Hemos solicitado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales la realización de un estudio que indique la proyección de camas que serán necesarias en los próximos años y las zonas en las que habrá que realizar la inversión necesaria. Si conocemos las necesidades, podremos acompañarlas de planes de generación de empleo, teniendo tiempo para formar a las profesionales necesarias, y ofreciendo a la sociedad un yacimiento de empleo de calidad, estable, no deslocalizable y eminentemente femenino. La inversión para garantizar a la sociedad la ratio de camas necesarias puede venir desde el sector público –resulta ineficiente y resta ingresos actuales para disponer de bienes futuros– o del privado. En este caso, las empresas están dispuestas y tienen los fondos necesarios para construir las camas para los próximos años, y que las administraciones públicas tan sólo tengan que concertar su utilización. Disponemos de los recursos económicos, el conocimiento y las ganas de invertir y contribuir a generar empleo y riqueza para la sociedad española. Para que se produzca esta inversión por parte de la empresa privada, tan sólo se necesita que se ofrezca la seguridad jurídica necesaria, y que se incentive esa inversión para no bloquear los recursos públicos", pide por su parte el secretario general de la organización empresarial AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero. 

Los sindicatos piden inversión también en plantillas

Por contra, para el sindicato CCOO la inversión debería ser sobre todo estatal, para compensar la diferencia actual entre camas privadas y públicas. Por esa razón, sería crucial que el Gobierno siga aumentando el gasto en Dependencia para alcanzar, como mínimo, el 1,5% del PIB y que todas las CCAA gasten los fondos para la remodelación y creación de nuevos centros y no los usen para 'tapar agujeros', indica el responsable de Negociación Colectiva Privada y Sectores Sociosanitarios de la FSS-CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera. 

"Aunque haya otras alternativas como la Ayuda a Domicilio, es incuestionable que existe un déficit de plazas residenciales que se va a agrandar en los próximos años por el envejecimiento de la población y porque muchos usuarios que reciben cuidados en casa van a sufrir un deterioro y acabarán en residencias", sostiene.

Es por lo cual, indica, es importante la inversión, si bien, apostilla, tanto administraciones como empresas no se deberían olvidar de destinar fondos en paralelo también para aumentar las ratios de personal, "el mayor problema del sector" según Cabrera, y para que "mejoren las condiciones laborales". 

Las familias reclaman mejor atención

Por último, los familiares de usuarios de residencias, que reconocen que es necesario ampliar las plazas, entienden igual que los sindicatos que la inversión debería hacerla el Estado para garantizar el buen trato a los mayores. 

"El Estado tiene fondos suficientes. Dinero, se saca, si hay voluntad e interesa crear puestos de trabajo públicos y que no se deriven a empresas que se enriquezcan", afirma la miembro de la Marea de Residencias (@MareaResidencia), Esther Ortega. 

Coincide con Ortega, el presidente de la plataforma de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez. "Hay un retraso enorme, de meses, en la adjudicación de plazas una vez se reconoce la dependencia, algo, que empuja a las familias a llevar a sus seres queridos a centros privados", contextualiza. 

"Nosotros llevamos diciéndolo desde hace mucho. Con cerca del 74% de las camas en manos privadas, la inversión debería ser pública. Debe haber planes de creación de residencias públicas para llegar a equilibrar la descompensación que existe en estos momentos, llegando a un 50%. Tendría que haber suficiente inversión para reequilibrar", indica.

"¿Tiene el Estado los fondos suficientes? Pues claro que existen las sumas, si tenemos en cuenta que los servicios sociales emplearon en este tipo de prestación menos del 0,5% del PIB en 2017 y el resto de nuestro entorno alcanza el 2%. El problema es que tengan voluntad política para hacerlo", sostiene.

"Y el mercado –concluye–, por supuesto que tiene dinero de sobra también, porque lo rentabilizan. Por eso hablamos de crear residencias públicas, ya que las empresas sacan beneficio, dando una atención deficiente. El ejemplo claro es el tema de las ratios. Las que hay en España garantizan la falta de atención a los mayores: la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología afirma que no se llega a los 88 minutos diarios de cuidados".