Varias organizaciones de familiares de usuarios de residencias de mayores y de personas con discapacidad han entregado 200.000 firmas a la Fiscalía General del Estado demandando que investigue lo sucedido durante la primera ola de Covid en 2020, cuando fallecieron, con el virus o síntomas compatibles, 20.000 usuarios de residencias, la mayoría de ellos, en cuatro regiones de España: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
"No hablamos solo de los más de 20.000 residentes que fallecieron en la primavera de 2020, que es obviamente la violación más grave, al afectar al derecho a la vida. También se produjeron violaciones del derecho a una muerte digna, a la salud –personas desnutridas, deshidratadas, encerradas durante semanas en sus habitaciones–, a la no discriminación –protocolos sanitarios– y a la vida privada y familiar –régimen de visitas, entre otros asuntos–", afirman en una carta entregada junto a las firmas este miércoles al Fiscal General Álvaro García Ortiz por parte de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), Marea de Residencias (@MareaResidencia) y REDE (@REDE_org).
En ésta reclaman que se investigue particularmente a los centros en los que se pudieron producir vulneraciones de los derechos humanos. "Hay que señalar que en el 63% de las casi 5.200 residencias operativas en España cuando se inició la pandemia no se produjo ningún fallecimiento. Las muertes se registraron en unos 1.950 centros en total. Hay que señalar que en unos 270 centros se produjeron más de 20 fallecimientos durante la pandemia. Estos, obviamente, deberían haber sido objeto de un especial seguimiento por parte de la Fiscalía", reza el documento.
Y añade: "Echamos en falta, además de iniciar investigaciones de oficio de forma generalizada, tener una actitud proactiva en aquellos procedimientos puestos en marcha por los familiares, bien por medio de querellas en los tribunales o por denuncias ante las Fiscalías. Una actitud proactiva incluye, desde luego, solicitar todas las diligencias de investigación necesarias y participar en todos los actos procesales –por ejemplo, en interrogatorios de investigados o en declaraciones testificales–. Proporcionar a las víctimas y a sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal. Ello conlleva la obligación de que sean oídos y escuchados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal, y de que puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos".
Por ello, piden a la Fiscalía:
- Nombrar fiscales especializados en las CCAA y provincias que "investiguen de oficio todos los fallecimientos producidos en las residencias de su ámbito territorial".
- Ordenar en todas aquellas denuncias que los fiscales hayan archivado, que se reabran y se realicen las diligencias de investigación necesarias –contando con los familiares–.
- Ordenar que las Fiscalías investiguen de oficio todo lo relacionado con la aprobación y aplicación de los conocidos como 'Protocolos de la vergüenza', en todas aquellas CCAA donde se hayan aprobado por parte de los poderes políticos.
- Investigar cómo se ha desarrollado en cada comunidad autónoma el punto Cuarto, apartado 1, de la Orden 265/2020 del Ministerio de Sanidad, que permitía la modificación de la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con la Atención Primaria y otras, para adaptarlos a las necesidades de atención en las residencias de mayores.
- Además, piden ser más transparentes y facilitar información sobre los casos abiertos, las denuncias interpuestas, los procedimientos en tramitación y las diligencias de investigación, entre otros datos.
Cabe recordar que las firmas entregadas fueron donadas a estas organizaciones de familiares de residencias por el periodista del medio Infolibre y autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, Manuel Rico, y el profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, Fernando Flores, que las estuvieron recabando a través de la plataforma Change.org. A estas se han sumado las recabadas por la organización en pro de los derechos humanos Amnistía Internacional.
Según han comentado los familiares desde la Fiscalía, sólo 106 procedimientos judiciales seguirían en trámite actualmente.