El Gobierno aprueba este martes la reforma de la Ley de Dependencia: menos trámites y más servicios

La reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad está cada vez más cerca. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad. Un intento de adaptarse a las nuevas realidades sociales y demográficas del siglo XXI, 18 años después de la aprobación de la primera Ley de Dependencia de 2006.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió el pasado viernes que su objetivo es "construir un sistema público de provisión de cuidados que realmente merezca ese nombre", reforzando servicios como la asistencia en el hogar y revirtiendo recortes incluidos después de la crisis de 2008, que continúa con la senda de medidas ya presentes en el Plan de Choque de la Dependencia 2021-2023 o la nueva Estrategia de cuidados de 2024, que ahora se convertirían en ley.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso 65YMÁS, pretende actualizar el marco legal que protege a las personas con discapacidad y en situación de dependencia con novedades como mejoras en la burocracia con la eliminación de incompatibilidad de las prestaciones, reconocimientos automáticos de depenencia o la ampliación del catálogo de servicios, que deberán implementar cada una de las Comunidades Autónomas.

Refuerzo de la asistencia en el hogar

Una de las modificaciones del anteproyecto de ley será mejorar la asistencia en el hogar en línea con el nuevo modelo de cuidados. En concreto, se incluye una prestación a cuidadores del entorno relacional, véase, no familiares; se estipula el derecho subjetivo a la teleasistencia por el mero hecho de ser dependiente –todos deben poder acceder a este servicio–.

También se amplía la ayuda a domicilio con el acompañamiento para tareas fuera del hogar; y se hace mención a la posibilidad de optar por otras opciones, más allá de la residencia o el propio domicilio, como puedan ser las viviendas comunitarias con servicios de cuidados y apoyos. 

Prestaciones dejarán de ser incompatibles

Entre las novedades que introducirá el Anteproyecto de ley que reformará las leyes de dependencia y discapacidad, según ha podido saber 65ymás, se suprime el artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.

Acceso a sillas de ruedas como cesión o préstamo

El anteproyecto también se centraría en el acceso a productos para garantizar la autonomía personal, como puedan ser sillas de ruedas, o adaptaciones del hogar, mediante préstamo o cesión temporal.

Asimismo, se regularía la figura de la asistencia personal como un servicio del catálogo del Sistema de Dependencia, que pueda ser provisto indirectamente –una prestación económica–  o por parte de servicios acreditados, tanto públicos como privados. 

Se exigirán antecedentes penales para trabajar en residencias

Además, los trabajadores de residencias de mayores en situación de dependencia o de personas con discapacidad estarán obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, un requisito que ya se pide actualmente para trabajar con menores.

Sistemas de alerta ante "malas praxis o discriminación"

Las comunidades autónomas deberán establecer "sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos" y los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.

Garantizar atención sanitaria a todos los dependientes

También modifica la ley anterior en lo referido a la obligación de las Comunidades Autónomas de establecer procedimientos de coordinación sociosanitaria y garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas en situación de dependencia "en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar de residencia".

Por otro lado, según figura en el texto, la violencia de género, el aislamiento social o circunstancias habitacionales, de accesibilidad o de salud, serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Teleasistencia universal

Asimismo, según el borrador del anteproyecto, la asistencia personal dejará de ser una prestación económica vinculada a servicio y pasará a estar recogida en el Catálogo de servicios de promoción de la autonomía y atención a la dependencia.  Igualmente, se incluye la teleasistencia para "todas las personas en situación de dependencia".

Servicios en viviendas comunitarias

En cuanto al servicio de cuidados y apoyos en viviendas, en el texto aparecen recogidas dos modalidades. Una de ellas es en una vivienda en la que conviven un número reducido de personas en situación de dependencia, ubicada en un entorno comunitario de viviendas ordinarias, con un modelo de convivencia participativo y consensuado entre las personas que conviven y con los servicios de alojamiento y manutención incluidos.

La otra modalidad consiste en viviendas dignas y adecuadas que formen parte de un equipamiento de carácter colectivo, ubicado en un entorno comunitario, y con servicios de cuidados comunes a todas las viviendas. Es decir, que contempla opciones como el cohousing. El servicio de alojamiento no se incluirá en esta modalidad de prestación y en cada vivienda podrán convivir con la persona en situación de dependencia, personas allegadas o cuidadoras a propuesta de esta, según el texto.

Priorizar las preferencias de personas que viven en residencias

Además, según texto al que ha tenido acceso 65YMÁS, las residencias deberán convertirse en un entorno de "confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad" con la prestación de los apoyos necesarios "para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus preferencias, derechos e intimidad".

Asimismo, sobre los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, el borrador del anteproyecto contempla, por ejemplo, en el caso de las residencias, garantizar "una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional". También recoge el derecho de las personas en situación de dependencia "a recibir una atención libre de sujeciones".

Nuevo Fondo Estatal de accesibilidad universal

Por su parte, en el ámbito de la discapacidad, la reforma contempla, entre otras novedades, la creación de un Registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. También la inclusión como infracción grave de "la exposición pública" de una persona con discapacidad en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales.

Otra novedad importantes es la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal en el ámbito de la Administración General del Estado o que las personas con grado de dependencia verán reconocida automáticamente un 33 % de discapacidad. 

Critican falta de financiación adicional

Ante la inminente aprobación del anteproyecto, que aún debe pasar por el Congreso, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (@Ascdiresociales) ha criticado al Gobierno por proponer una reforma de la ley "sin recursos para su efectividad", en relación a la falta de financiación adicional para esta norma.  La entidad ha reprochado al Ejecutivo que en 2024 se haya "frenado" el incremento de financiación estatal y se proponga cambios en la norma "añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual". Por lo que defienden que esta reforma "será papel mojado".

Para avalar sus argumentos, la entidad ha recordado que 270.325 personas se encuentran en las listas de espera de una ley "que se sigue incumpliendo desde hace 18 años y cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera". Según la entidad, 34.252 personas fallecieron en 2024 esperando la prestación y la media de tiempo para poder acceder a la ayuda es de 334 días y en algunas comunidades de más de dos años.