Gobierno y CCAA llegan a un acuerdo: así serán las residencias de mayores a partir de ahora

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha logrado el apoyo de 10 comunidades autónomas –la mayoría– en el Consejo Interterritorial celebrado este martes y ha logrado aprobar el nuevo Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según ha podido saber 65YMÁS.

En concreto, el Acuerdo ha contado con el voto a favor de Extremadura, Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla. Por su parte, se han manifestado en contra: Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Ceuta, Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que se siente "especialmente satisfecha" de haber logrado "uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura".

"Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo par mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las CCAA", ha destacado.

Las nuevas residencias

Así, a partir de ahora, los centros sociosanitarios de nueva construcción deberán tener un máximo de 120 plazas en grandes urbes –75 en zonas rurales (salvo ciertas excepciones) y 90 en poblaciones medianas–, dividirse en unidades de convivencia de 15 usuarios, deberán tener un 65% de habitaciones individuales, ofrecer un ambiente hogareño y contar con una ratio de personal sanitario y cuidador del 0,51. 

Además, las residencias ya construidas, si bien no deberán limitar su número de camas –no se acaba con las macrorresidencias–, sí que tendrán que cumplir con una serie de normas: aumentar el número de trabajadores por cada residente de aquí a 2029, eliminar las sujeciones en 2025, tener un mínimo de un 25% de habitaciones individuales en urbes densamente pobladas –20, en intermedias y 10, en zonas rurales–  y dividir la mayor parte del centro –el 80%– en unidades de convivencia, así como fomentar la participación de las familias. 

El acuerdo también aborda la reforma de la ayuda a domicilio, para que tenga un enfoque de proximidad y comunitario, la mejora de la teleasistencia, la precariedad en el sector de los cuidados –garantiza un 80% de contratos indefinidos– y la adecuación de un sistema de control de calidad, tal y como reveló este martes 65YMÁS. 

El nuevo modelo cuenta con el apoyo de una mayoría de comunidades y de sociedades de geriatría y gerontología, así como de organizaciones de personas con discapacidad, pero no es visto con buenos ojos por patronales, sindicatos y asociaciones de familiares, por distintos motivos. 

Los primeros se oponen porque entienden que no se garantiza la financiación suficiente para sufragar los cambios –según calcula el Ejecutivo, harían falta unos 590 millones de euros adicionales anuales hasta 2030, si bien ciertas autonomías entienden que se debería poner más–; los segundos, al considerar que las ratios son insuficientes y los puntos para acabar con la precariedad también; y los terceros, al estimar que el acuerdo no acaba con las macrorresidencias, no aumenta todo lo necesario las plantillas y acaba en un plazo demasiado largo con las sujeciones, entre otras críticas.