El Gobierno intenta, por segunda vez, que las CCAA aprueben el Plan Belarra para las residencias

El nuevo modelo de Dependencia de Belarra no conseguirá acabar con las macrorresidencias

 

El próximo martes 28 de junio el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tratará de aprobar por segunda vez en el Consejo Territorial de Servicios Sociales el nuevo Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, dentro del cual se incluye el nuevo modelo de residencias –unidades de 15 usuarios, aumento de ratios de personal, fin a las macrorresidencias de nueva construcción, eliminación progresiva de las sujeciones, participación de las familias, ambiente hogareño, etc.–. 

Por lo que ha podido saber este diario de fuentes del sector, tras varias semanas de conversaciones con consejeros de varias CCAA y de reuniones con diferentes colectivos –mayores, personas con discapacidad, gerontólogos y geriatras–, Derechos Sociales habría asegurado tener ya el voto favorable de 9 regiones, es decir, la mayoría para aprobar su texto, si bien hay que esperar al propio martes para ver si esto sucede así. 

Cabe recordar que las regiones que mostraron su rechazo al primer documento del 25 de mayo eran la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña. Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse; y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se mostraron a favor.

Por ahora, sólo se sabe que el documento habría sido modificado para satisfacer las demandas de ciertos colectivos y de algunas comunidades –los cambios son pocos–. Y también se conoce que una comunidad que se iba a abstener, Asturias, habría anunciado su intención de votar a favor. 

 

Además, el propio secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador de la reforma, Nacho Álvarez, aseguró el pasado jueves a las comunidades más reticentes por motivos económicos, que su reforma contará con los fondos suficientes para aplicarse, porque "hay dinero", ya que han duplicado la cuantía de dependencia y añadido 5.000 millones de euros adicionales para el final de la legislatura. 

Así, por ahora, a falta de conocer qué comunidad votará en contra y cuál a favor, cabe recordar que las patronales siguen manteniendo su negativa, a no ser que se modifique sustancialmente el texto –incluyendo un compromiso de financiación real de los cambios (ratios, reformas, etc.)–.

Por otro lado, las organizaciones de familiares se seguirían oponiendo al nuevo modelo, por no abordar, a su parecer, los cambios realmente necesarios –no aumenta suficientemente las ratios, no acaba con las macrorresidencias, da un plazo para acabar con las sujeciones demasiado grande y no garantiza que los nuevos centros sean públicos, entre otras críticas–, y los sindicatos, estarían en duda, aunque en los últimos documentos se han mostrado en contra.

Ahora bien, el acuerdo contaría con el apoyo de los expertos en geriatría y gerontología y de organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.