El Gobierno propone residencias de mayores estilo nórdico que no convencen a los familiares

El nuevo modelo de residencias va cogiendo forma. Tras el brutal impacto de la pandemia en 2020, el Gobierno se comprometió a acelerar el cambio para hacer los centros más amigables y para que respondan mejor a las necesidades de las personas. Y el ejemplo a seguir era el nórdico, pioneros en la atención centrada en la persona –destinan más recursos y tienen una sociedad en la que el peso de la familia en los cuidados es menor–.  

Desde entonces, tanto las autonomías como el Ejecutivo han trabajado en diseñar este sistema de Dependencia, en el cual lo prioritario es la asistencia en domicilio y reformar las residencias para que se parezcan más a los hogares.

Y este trabajo está dando sus frutos. Actualmente, el Gobierno, y más en concreto el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, trabaja en un documento que unifique criterios con empresas, autonomías y representantes de trabajadores sobre qué requisitos tienen que cumplir los nuevos centros amigables con los usuarios.

De esta manera, en un borrador publicado por Europa Press, se plantea que las nuevas residencias tengan un máximo de 90 plazas con un 65% de habitaciones individuales y espacios comunes que se asemejen a un hogar, con wifi y personalizado por los usuarios.   

Además, las residencias ya construidas que tenían más plazas tendrán que sectorizarse y dividirse en áreas independientes. Asimismo, deberán contar con un 35% de habitaciones individuales. 

Por otra parte, el texto propone que se trabaje por unidades de convivencia estables formadas por 15 personas y que éstas cuenten con cocina, comedor y sala de estar, preferiblemente, con acceso a un área exterior.

El documento también plantea nuevas ratios de personal, que deberían ser en 2023 de 0,41 trabajadores por residente y, a partir de 30 usuarios, el texto apunta que los centros tendrán que contar con un sanitario de enlace con el sistema nacional de salud.

¿Cómo lo ve la patronal?

Así, a las patronales, que están sentadas en la mesa de negociación, la propuesta les suena bien, aunque queden todavía muchos aspectos por matizar y concretar, en su opinión. 

"Es obvio que el sistema de atención a la dependencia necesita una actualización. Hay que destacar que se trata de un sistema que surge en el año 2006, y que nace con dos problemas: se configura para dar solución a las necesidades de la población de hace 15 años (que ya no coincide con el perfil de persona mayor de hoy en día) y que parte sin una ley de acompañamiento presupuestario. Inicialmente se hablaba de un sistema cofinanciado entre el Estado y las CCAA, y a día de hoy el Estado aporta el 20% de la financiación y las CCAA aportan el 80%", expone el secretario general de la organización AESTE (@AESTE_oficial), Jesús Cubero.

Y añade: "A todas estas consideraciones hay que sumarle dos hechos adicionales: - Efectos de la pandemia Covid-19 y la necesidad de contar con mayor atención sanitaria en los centros residenciales (en un sistema que está diseñado para cuidar, pero no para curar). - Reto demográfico al que nos enfrentamos con una población cada vez más envejecida, y que nos llevará al dato de que en 2050, uno de cada tres españoles será mayor de 65 años".

Por ello, Cubero entiende que las soluciones pasan por "potenciar la atención domiciliaria y retrasar la institucionalización de las personas mayores" y, en paralelo, por mejorar el sistema de atención residencial.

Eso sí, aunque el texto va en buen sentido, para el secretario general de AESTE, el plan del Gobierno no incluye aún ciertos puntos esenciales según él. 

"Hay que regular alguna figura que el Gobierno ha dejado fuera de este borrador como es la del asistente personal, al que hay que exigir también que tenga una formación adecuada (no olvidemos que el derecho que debe primar no es el de esa persona a trabajar, si no el de la persona mayor a recibir una atención de calidad), y hay que regular asimismo algunas figuras nuevas de atención que han ido surgiendo como son el cohousing y lo que se denomina la 'uberización' de la dependencia, con las empresas de atención domiciliaria que, a unos bajos precios, están encubriendo servicios de cuidados domiciliarios mediante contrataciones de personal de limpieza doméstica", indica.

"Y una cosa muy importante que hay que poner sobre la mesa es la libertad de elección de la persona mayor. Basamos todo el sistema de cuidados del futuro en la frase mágica, el mantra que ahora está de moda: la 'Atención Centrada en la Persona'. Una atención donde parece que se puede elegir qué actividades realiza en el centro o qué desayuna, pero donde le negamos el derecho a elegir el centro en el que quiere residir", apostilla. 

Y finaliza: "Por último, a este borrador hay que dotarle de una memoria económica para no caer en el mismo error del año 2006 con la Ley de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. Hemos solicitado a la Secretaría de Estado que calcule el coste del modelo que quiere implantar en todo el territorio nacional, porque a partir de ese momento, ninguna comunidad autónoma podrá sacar un concurso público por debajo de ese precio. Rondará los 75 euros por persona y día en atención residencial. Pero actualmente hay tan sólo dos Comunidades Autónomas que están considerando esos precios de concierto: Euskadi y Madrid. En el resto, nos encontramos con CCAA que están concertando plazas entre 30 y 40 euros como son Extremadura, La Rioja o Castilla-La Mancha. Habrá que escucharlas en el Consejo Interterritorial para ver cómo harán frente a esos incrementos de costes que supondrá duplicar sus costes actuales o reducir a la mitad el número de plazas para poder hacer frente al nuevo modelo de atención residencial".

¿Y los trabajadores?

"En el marco de la Mesa de diálogo social en la que se están discutiendo los nuevos requisitos de calidad que deben cumplir los centros y servicios de atención a la dependencia, CCOO viene reclamando no sólo mejoras en las dimensiones de las residencias y sus instalaciones, sino también en las condiciones laborales de las personas trabajadoras que atienden a las personas dependientes", apunta por su parte Carlos Bravo, secretario de protección social y políticas públicas de CCOO (@CCOO).

"El tamaño de las residencias y sus instalaciones son muy importantes, qué duda cabe. Pero para CCOO el factor decisivo de la calidad de la atención radica en la cualificación de los profesionales y la estabilidad de sus empleos. La atención personalizada de un dependiente exige que la persona que lo cuida pase con él el tiempo suficiente para atenderlo como necesita, y tenga la estabilidad laboral y el reconocimiento profesional que exige un trabajo tan importante como cuidar a quienes son más frágiles. Por ello, para CCOO el principal problema de las residencias está en que menos de la mitad de las plantillas (sólo el 49%) tienen un contrato indefinido a jornada completa, y las cargas de trabajo (la ratio trabajador/dependiente) están muy por debajo de las verdaderas necesidades de atención que necesitan los usuarios de las residencias. CCOO está planteando en la Mesa de diálogo social donde se discuten los requisitos de acreditación de centros y servicios de dependencia que la mejora de la financiación estatal del Sistema se vincule a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que atienden estos centros y a la mejora de los precios de concierto de los mismos", señala.

"Los problemas básicos no se resuelven"

Una reivindicación que coincide con la de los familiares, que no se muestran tan optimistas como las empresas y temen que el nuevo modelo no cambie sustancialmente la atención que reciben sus seres queridos. 

"En conjunto, la valoración que hacemos del documento no es buena, aunque reconocemos que hay algunos avances. Pero en los aspectos que son fundamentales para nuestras plataformas y para los residentes consideramos que no es suficiente. Por ejemplo, las ratios que se proponen no sirven para ofrecer una atención digna. En Alemania, se dan cinco horas diarias –y en su país creen que son insuficientes incluso–, y nosotros, no llegamos ni a dos con lo que se incluye en el documento. El problema básico, que son las ratios de personal, no se resuelve", opina la presidenta de la Coordinadora de familiares 5+1 (@CooResidencias), María José Carcelén. 

Además, critica, la forma de calcular el número de trabajadores por usuario podría haber cambiado para peor. "En este documento, curiosamente, aparece una manera distinta que puede suponer una rebaja de un 20%. Me explico: se dice que el cumplimiento de la ratio se acreditará considerando como numerador el número de jornadas completas que establezca el convenio, y en el denomidador, las plazas ocupadas hasta el límite del 80%. Eso significa que hay un 20% de camas que no se tendrán en cuenta. Por tanto, si esto se mantiene así, no mejoramos, sino que nos situamos por debajo de 2008. Dicen que esto no se ha entendido, pero pone lo que pone", advierte. 

Por otro lado, Carcelén denuncia que en este texto se han cambiado ciertos puntos respecto al número de trabajadores y el registro del grado de dependencia que deberían matizarse para que no puedan ser utilizados por los centros para reducir personal, diciendo que en su residencia no hay personas que necesitan más atención. "Es una vía abierta que no es de recibo", señala.

"Asimismo, hay que tener en cuenta que se establece una distinción entre centros de mayores y para personas con discapacidad que no tiene razón de ser –en el caso de la discapacidad son más altas las ratios–. No tiene sentido porque, en general, los usuarios tienen gran dependencia. En la pública, llegan muy deteriorados y normalmente sólo logran plaza quienes tienen grado II o más y las privadas son caras, por lo que la gente no va si es medianamente autónoma. Por esta razón, no entendemos esa distinción", valora. 

Por otro lado, afirma Carcelén, echan de menos que no se obligue a los centros a que haya equipos de fisioterapeutas y técnicos especializados y que sólo se diga que "puede haber" y no "debe". 

"Luego, hay temas fundamentales como la inspección. Nosotros propusimos ratios bastante mejores y aquí se dice uno por cada 30 residencias, con lo que alguna CCAA empeoraría incluso sus datos, como Madrid. No es viable. Nosotros dijimos 1/15", comenta. 

Y por último, recuerda: "Creemos que son imprescindibles los consejos de participación con familiares porque la mayor parte de los residentes no están en condiciones. Hay mil asuntos en los que tenemos mucho que decir –alimentación, etc.–. Y aquí sólo se contempla una especie de organización de usuarios".

"Finalmente, añadiría un tema que no está resuelto. Desde el principio, se habló de residencias de 50 plazas por lo que pasó en la pandemia con las habitaciones dobles, pero en este, las camas se doblan, con 90. No estamos de acuerdo. Se ve mucho la mano de las empresas. Queremos centros de 50 plazas con muchas más habitaciones individuales. El porcentaje que aparece es insuficiente y con la pandemia se ha demostrado que no solamente no permiten que la persona tenga un espacio vital propio sino que también son un peligro", concluye.  

Coincide con Carcelén el presidente de Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez. "Este es el tercer borrador, hubo anteriores y creemos que se ha ido perfilando y hay unos avances indudables", como que haya "protocolos antimaltrato" para que se acrediten los centros, explica. 

"Se han detectado los problemas y se está empezando a hablar de plan personal de apoyo y de personalizar las residencias y del tamaño de residencias que por presiones de la patronal probablemente serán de 90 plazas, con lo que no estamos de acuerdo. Pero lo importante es que enfocan en que en lo que hay que pensar es en la atención a las personas mayores", apunta. 

No obstante, Vázquez matiza que lo que no está bien establecido es cómo se lograrán estos objetivos, es decir, los medios. "Cuando llega la hora de materializar, ya no se piensa en la atención a mayores sino en qué van a decir los que tienen el 90% de las residencias en sus manos. Y nos encontramos con unas ratios insuficientes", comenta. 

"Está claro que si únicamente vamos a estar pensando en lo que van a decir aquellos a los que se les ha regalado una gestión que, para lo único que ha servido, es para que hiciesen negocio pero no para atender a los mayores, mal vamos", sentencia.