El Gobierno reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad a todas las personas dependientes

El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Dependencia que diseña un nuevo modelo de cuidados

Todas las claves de la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad de Bustinduy

Cambio importante para reducir la burocracia de las personas dependientes. Todas las personas a las que se reconozca un grado de dependencia en cualquiera de sus grados se les reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad, según figura en el anteproyecto de ley para reformar las Leyes de Dependencia y Discapacidad, aprobado este martes en Consejo de Ministros. "Todas las personas con dependencia, en el momento que necesitan una persona que les apoye, ya son de facto personas con discapacidad", defienden desde el departamento de Pablo Bustinduy.  

Se habilita así una especie de "pasarela" para que de forma automática tengan esa certificación sin necesidad de pasar dos veces por el mismo trámite, con vistas a que el 98,5% de las personas que tienen un grado de dependencia tienen, también, un 33% de discapacidad. No obstante, cualquier persona que quiera acreditar un grado superior de discapacidad sí que deberá pasar por los circuitos habituales para ello. Era una medida solicitada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI Estatal (@Cermi_Estatal) para reducir los trámites administrativos, que ya contó con amplio apoyo parlamentario.

Evitará tener que acudir a un reconocimiento aparte

Sus defensores sostienen que el cambio supondrá una vía paralela para ser reconocidas como personas con discapacidad sin tener que acudir a un reconocimiento aparte, dependiente de un organismo diferente, ya que una persona con discapacidad no tiene por qué ser dependiente, pero una persona dependiente, sí tiene una discapacidad. El cambio supone evitar las duplicidades y reducir trámites burocráticos, carga de trabajo (para las administraciones) y, por tanto, las listas de espera. 

El texto establece también que se agilice el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), sustituyendo la burocracia por la comunicación directa con la persona interesada y la supresión del artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. Además, la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, establece un procedimiento de urgencia para tramitar expedientes en situaciones de especial vulnerabilidad, como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica. 

Más del 76% de las personas espera más de 6 meses

Más del 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad, según se desprende del informe preliminar Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad, elaborado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Según señala la entidad, entre las principales irregularidades identificadas, a partir de una encuesta a más de 600 personas de todo el país, se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas y se ignora aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.

Asimismo, el informe refleja que el 55,5% de los encuestados reporta que durante el proceso de valoración no se ha tenido en cuenta todas las pruebas e informes aportados y el 63% señala que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos que tienen. Igualmente, desde que se está aplicando el nuevo baremo, explica que se ha producido un incremento del 6% en el número de personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%).

¿Cómo se valora la situación de dependencia?

Los grados de dependencia están marcados de modo general para todo el territorio nacional. En concreto, la anterio ley de Dependencia, en su artículo 26, los divide en Dependencia moderada, severa y gran dependencia. 

Para determinar qué grado de dependencia le corresponde a cada persona, las comunidades cuentan con órganos de valoración de la situación de dependencia. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene que acordar un baremo común con criterios objetivos para poder valorar el grado de autonomía de la persona.

Este baremo lo que hace es valorar la capacidad de la persona para poder hacer las actividades básicas de la vida, según el Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia (BVD) que llevan aparejadas horas de atención y prestaciones determinadas. Por ejemplo:

• Prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS)

• Grados II y III: Entre 429 y 747,25 euros mensuales.
• Grado I: 313,50 euros mensuales.

• Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP)

• Grados III: De 715,07 a 747,25 euros mensuales.
• Grado II: y III: De 426,12 a 747,25 euros mensuales.
• Grado I: 313,50 euros mensuales.

• Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF)

• Grado I: 180 euros mensuales.
• Grado II: Un máximo de 315,90 euros mensuales.
• Grado III: Un máximo de 455,40 euros mensuales.