El jarro de agua fría de Hacienda a los jubilados antiguos mutualistas está lejos de solucionarse. Han tributado de más y, por sentencia del Tribunal Supremo, tienen derecho a recuperar su dinero, aunque la Agencia Tributaria dilata durante años esta devolución en un cambio de criterio y de reglas del juego a mitad de partido.
Las quejas y el enfado de los afectados, todos personas mayores, en muchos casos vulnerables; el clamor de los sindicatos; que organizaciones tan dispares como el Registro de Economistas Asesores Fiscales, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), o los gestores administrativos les den la razón y hablen de ‘inseguridad jurídica’; o la implicación y difusión de 65YMÁS, parece que están sirviendo de bien poco. Hacienda no da su brazo a torcer. Son lentejas.
Sin marcha atrás
Hace algo menos de un mes, y en respuesta a la consulta planteada por este diario, fuentes del departamento encabezado por María Jesús Montero daban a entender que no había marcha atrás en la sorpresiva decisión de dejar sin efecto todas las solicitudes de devolución de IRPF presentadas por los pensionistas de las antiguas mutualidades que todavía estaban pendientes de resolución y en el nuevo sistema para recuperar el que es su dinero. Sus palabras no dejaban lugar a dudas: “Aquellas personas que presentaron una solicitud de devolución y no la hayan ingresado, deberán acogerse a este nuevo procedimiento”.
El tiempo va pasando y la avalancha de quejas e indignación por parte de los afectados, pero también la ingente cantidad de voces autorizadas que califican esta decisión de arbitraria y señalan que incurre en ilegalidad invitaba a preguntarnos si el Ministerio de Hacienda podría estar valorando dar marcha atrás, en atención a las personas mayores. Nada más lejos de la realidad. No hay respuesta para los contribuyentes afectados preocupados por la situación, tampoco hay respuesta por parte de Hacienda ante la pregunta de si contemplan la posibilidad de reformular del nuevo método para solicitar las de devoluciones. Se remiten a las mismas palabras que nos dijeron hace un mes.
De entre las ya más de mil cartas a la directora recibidas por parte de afectados, algunas ideas se repiten: “confío en que se rectifique esta injusta medida”, “espero que hagan uso del la sensatez”. A la luz de la respuesta de Hacienda, no va a ser así.
La avalancha de 'Cartas a la Directora' no cesa, y ya son más de mil las misivas recibidas llenas de enfado, decepción y rabia. “Es impotencia lo que siento, porque no tenemos ninguna fuerza en nuestras manos, salvo la queja, para solucionarlo”, asegura un lector, Manuel Collado. “Se deja desamparados e indefensos ante la arbitrariedad de la Agencia Tributaria a millones de ex mutualistas”, apunta Rodrigo, otro lector. “¿Qué pasa con el dolor social dude los mutualistas?”, se pregunta Andrés, quien acusa a Hacienda de actuar con “nocturnidad, premeditación y alevosía”. “No tengo palabras para ponerle nombre a este atropello y tomadura de pelo”, concluye Eduardo Royo.
Decisión, ¿ilegal?
Los lectores de 65YMÁS se quejan sobre todo, por la inseguridad jurídica que les genera el cambio de criterio de Hacienda y la sensación de impunidad frente a la sentencia del Tribunal Supremo. Hablan de una decisión ilegal.
“Como asesor fiscal, considero esta decisión arbitraria e ilegal” nos cuenta Rodrigo Pinilla. “Numerosos contribuyentes siguieron las instrucciones de la Agencia Tributaria y presentaron sus solicitudes en tiempo y forma. Dejar sin efecto este procedimiento, anulando las solicitudes presentadas y no abonadas, representa un grave atentado contra los derechos adquiridos y genera una profunda inseguridad jurídica. Se ha inducido a los contribuyentes a actuar de una manera concreta para, posteriormente, invalidar sus acciones”, detalla. “La aplicación retroactiva de la Disposición Final Décimo Sexta contraviene el artículo 9.3 de la Constitución Española, que prohíbe la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. Se está aplicando una norma con efectos retroactivos para anular derechos que ya se habían ejercido, lo cual es inconstitucional”, concluye.
“La Disposición 16ª de la Ley 7/2024 es totalmente contraria a la Constitución”, apunta otro lector, Antonio Rodríguez. Y se pregunta si al revés, es decir, si fuera el contribuyente quien tuviera errores en la declaración de cuatro ejercicios fiscales, si la Agencia Tributaria le permitiría subsanar el error en cuatros años.
Morir antes de cobrar
“Es probable que para el año 2028 muchos de los mutualistas ya no estemos aquí”, se lamenta un lector, Emilio. “Muchos de nosotros, por nuestra avanzada edad, nos quedaremos en el camino”, “yo espero llegar a 2029 en buen estado de salud, pero otros no llegarán”coinciden José y Andrés.
La mayor parte de los afectados tienen más de 70 años, en muchos casos, más de 80 años. Conscientes de que a una edad avanzada, hablar de años en los plazos para realizar una gestión puede significar no llegar a realizarla, los mutualistas lamentan la falta de sensibilidad de la Administración con un grupo de contribuyentes, vulnerable.
La explicación de Hacienda para el cambio es que “la calendarización de las devoluciones ofrece certidumbre sobre la imputación en la contabilidad nacional de las devoluciones e implica establecer un proceso más reglado y ordenado”. Los economistas sospechan que fraccionar las devoluciones tiene más que ver con cuadrar las cuentas en un momento en que buscar reducir el déficit. Pero para los afectados, el sentimiento es generalizado: “Esperan a que vayamos muriendo uno a uno”, “esperan que nos vayamos olvidando o muriendo para no tener que devolvernos nada”.
Sobre el autor:
Beatriz Torija
Beatriz Torija es periodista y documentalista, especializada en información económica. Lleva 20 años contando la actualidad de la economía y los mercados financieros a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Además, cocina y fotografía.