La lucha contra la desigualdad, clave para no "socavar más la cohesión social" tras la pandemia

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) ha alertado del riesgo de "socavar aún más la cohesión social" tras la pandemia de la Covid-19, si no se profundiza en la lucha contra la desigualdad. Según recuerda EAPN-ES, citando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, casi 12,5 millones de personas, el 26,4% de la población española, viven en Riesgo de Pobreza o Exclusión Social (AROPE).

"Los retos relacionados con la COVID-19 son especialmente duros para las personas en situación de pobreza. A pesar del conjunto de medidas adoptadas, algunas con gran impacto y otras con deficiencias, se corre el riesgo de socavar aún más la cohesión social si no se refuerza el estado de bienestar y se profundiza en la lucha contra la desigualdad en términos de derechos", señala EAPN-ES en el Informe Análisis del impacto social de las políticas propuestas en el Semestre Europeo en el contexto COVID-19, publicado este miércoles.

La Red señala que la lucha contra la COVID-19 promete ser "a largo plazo", no sólo en el ámbito sanitario, sino también en la igualdad de derechos para todas las personas.

Entre otros efectos a largo plazo de la pandemia, señala "la exclusión financiera", es decir, no poder afrontar gastos imprevistos, llegar a fin de mes con mucha dificultad o tener retrasos en los pagos de la vivienda principal.

EAPN-ES señala que el denominado 'Escudo Social' del Gobierno contemplaba medidas para proteger a cierto tipo de "hogares vulnerables", pero "las personas en situación de pobreza que viven en viviendas deficientes o que están sin hogar estaban fuera de la lista".

Además, recuerda que "muchos otros, como los inmigrantes y las personas españolas que trabajan en la economía sumergida, no pudieron aportar pruebas de la disminución de sus ingresos".

Debido a la dificultad de acceder a un empleo con un salario digno y a la pérdida de sus puestos de trabajo, muchas personas perdieron su principal fuente de ingresos. Además, el informe recoge que la brecha de empleo creció y la tasa de paro femenina pasó del 15,5% en 2019 al 18,3% en 2020.

A pesar de las medidas de protección adoptadas por el Gobierno, EAPN-ES puntualiza que "la crisis económica generada por la COVID-19 y la caída del empleo relacionada con las medidas de distanciamiento social tuvieron un gran impacto en sectores con altas tasas de empleo femenino".

Entre las principales dificultades y retos para grupos específicos, el estudio detalla que la privación material de los hogares monoparentales aumentó. Alrededor del 38,9% de estos hogares están en riesgo de pobreza, el 13,8% (frente al 6,5% del total de hogares) sufren privación material severa y el 49,1% (frente al 26,4% del total de hogares) están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Problemas de los migrantes para vacunarse

Asimismo, identifica el problema que han tenido las personas inmigrantes vulnerables para acceder a la vacunación, pues "no tienen tarjeta sanitaria ni asistencia médica, y no aparecen en ningún registro de personas a vacunar". También apunta otras razones que bloquean la vacunación, como "el escaso dominio del idioma; los malentendidos culturales que crean desconfianza sobre la vacuna o la falta de un teléfono móvil para recibir la cita".

Para solucionar estos déficits, EAPN-ES indica que las ONG y las administraciones han mantenido contactos para que los sistemas identifiquen a las personas "que se están quedando fuera", a fin de que estas puedan acceder a los diferentes puntos de vacunación.

Otra dificultad que menciona el informe es la pobreza y la vulnerabilidad de las personas mayores que "quedan al descubierto", así como "las carencias e insuficiencias del sistema de cuidados de larga duración". En concreto, señala que el 20,5% de la población mayor está en riesgo de pobreza y exclusión.

EAPN-ES añade que "la discriminación por razón de edad, las deficiencias del modelo socio-sanitario preexistente, las diferencias territoriales en las políticas sanitarias, la falta de oportunidades para las personas mayores que viven en la pobreza con vulnerabilidades añadidas, fueron factores que jugaron un papel determinante en la mayor mortalidad durante la pandemia de COVID-19 en este grupo de edad".

"Hubo una falta de previsión ante la pandemia en los centros residenciales de larga duración para las personas mayores y con discapacidad", subraya.

En este contexto, EAPN-ES recopila algunas recomendaciones marco como: avanzar hacia la igualdad de género, mejorar la cantidad y la calidad del empleo y actuar contra las brechas de género, invertir en la creación de pequeñas empresas, invertir en el desarrollo de la economía social y reconvertir la economía del carbono a la economía verde.

Prepararse para futuras epidemias 

En cuanto a las secuelas de la COVID-19, la Red señala que, "a pesar de la gran mejora de la vacunación masiva, la pandemia sigue suponiendo un reto extraordinario para la salud pública". Por ello, recomienda garantizar la preparación para futuros choques epidémicos, con mejores condiciones para proteger a la población en una diversidad de situaciones, y asegurar el acceso universal y gratuito a la atención médica.

Con respecto a la protección de los ingresos, subraya la necesidad de seguir impulsando y mejorando medidas como el Ingreso Mínimo Vital, situando la prestación por encima del umbral de la pobreza y logrando que llegue a todas las personas que lo necesitan. También destaca la importancia del salario mínimo y del sistema de pensiones para proporcionar un nivel de vida adecuado.

Igualmente, pide que las autoridades, los agentes sociales y las organizaciones de la sociedad civil "pongan fin a la expansión de la discriminación, que se extiende a otras características sociodemográficas, como la edad, la nacionalidad, el origen étnico, la discapacidad, la situación familiar, la orientación sexual y la ruralidad, entre otros factores".