Las heridas causadas por el Covid en las residencias de mayores siguen abiertas 2 años después

Hoy en día, las residencias casi han recuperado la normalidad. Se siguen manteniendo ciertas medidas de contención contra el Covid, pero el virus cada vez es menos letal (2% de los casos contabilizados en estos centros), gracias a la vacuna y a las mutaciones del propio patógeno (ómicron).

Sin embargo, hace apenas dos años, en la primavera de 2020, el mismo microorganismo, en su versión original, se cebaba con los usuarios de las residencias y las convertía en verdaderas morgues, sobre todo, en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

En esos meses, era común que, de unos 250 usuarios se infectaran casi todos y fallecieran con síntomas compatibles con el virus 50, 60 e incluso 100, como sucedió en varios centros públicos y privados en las autonomías más castigadas –casi 20.000 residentes murieron en la primera ola en España–.

Eso sí, lo grave por aquel entonces no era que el patógeno fuese especialmente agresivo con este colectivo, que también, el principal problema era el colapso hospitalario, que hacía imposible que todos los enfermos fuesen atendidos correctamente, lo que provocaba miles de fallecimientos en condiciones indignas.

Y es que, durante esas semanas, centenares de mayores murieron encerrados en sus habitaciones sin un diagnóstico –no había suficientes test, trajes EPI, ni sanitarios–; sin acceso a paliativos ni a oxígeno –muchos no eran derivados al hospital (protocolos de triaje) y se tardó en medicalizar los centros–; sin contacto con su familia por el colapso de las centralitas y sin una atención adecuada por la falta de personal, debido a las bajas.  

Además, estas escenas de película de terror no sólo ocurrían dentro de las residencias. Una vez muertos, el trato recibido por ciertos cuerpos tampoco era de recibo, de nuevo, por culpa del colapso del sistema y por la falta de recursos.

Por ejemplo, se dieron casos en los que cadáveres permanecieron en habitaciones durante más de 24 horas, esperando a que alguna funeraria les recogiera; o familiares que se enteraban de que su ser querido había fallecido mucho después del hecho en sí y que, por la saturación de los hornos crematorios, ni siquiera sabían, durante horas, dónde los habían incinerado –se los llevaban a otras CCAA–; u otros, que acababan pagando sobrecostes por enterrar a fallecidos Covid, a causa de la política comercial agresiva de ciertas compañías funerarias y por los propios protocolos de Sanidad. 

¿Justicia y reparación?

Todos estos hechos fueron denunciados en los tribunales por distintas asociaciones de familiares, que pidieron a la Fiscalía que investigase lo sucedido, por si se pudiesen haber cometido posibles delitos de homicidio imprudente u omisión de socorro. Es más, la propia Fiscalía llegó a tener en sus manos más de 200 expedientes.

No obstante, dos años después, la gran mayoría de denuncias o peticiones han sido archivadas. En concreto, según Aministía Internacional, un 89% de las investigaciones del tipo penal no habrían tenido ningún tipo de recorrido. 

La razón: la mayoría de autos eximen de responsabilidad penal a políticos (por los protocolos de triaje hospitalario) y a responsables de centros, al considerarse que no había suficiente información por aquel entonces y que hicieron lo mejor que pudieron con los medios que había –sin casi test ni equipos de protección, lo que provocó miles de contagios, bajas y varios decesos–.

Comparativa entre la mortalidad durante la primera ola por todas las causas (en marzo) y la mortalidad en la sexta oleada (durante el invierno de 2021) donde se calcula que un 30-50% de la población se contagió, frente al 5% que lo hizo en primavera de 2020. Fuente: Instituto de Salud Carlos III.

Las familias siguen pidiendo que se investigue a fondo lo sucedido

“Primero, hay que decir que la justicia en España es muy lenta. Y me imagino que aún habrá procedimientos en fase de instrucción. Por ejemplo, nosotros nos hemos personado como acusación popular en dos investigaciones que ha abierto la Fiscalía en junio de 2021, y todavía no se han pronunciado para saber si nos dejan o no”, contextualiza el presidente de la asociación de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez –su organización interpuso varias denuncias contra responsables de centros–. 

“Con independencia de eso”, añade, "uno no acaba de entender ciertas cuestiones”. “Para el Tribunal Constitucional, no ha tenido ninguna influencia el que haya habido una pandemia, a la hora de declarar inconstitucional algunos aspectos del Estado de Alarma, aunque haya permitido salvar miles de vidas. Por contra, para los tribunales ordinarios y la Fiscalía, la pandemia es suficiente justificación para validar actuaciones y protocolos de ciertas CCAA, que han provocado fallecimientos en residencias”, se lamenta. 

“Como familiares, nos gustaría saber por qué razón la Comunidad de Madrid –a pesar de que desde Sanidad se dijo que la asistencia médica era competencia de las Consejerías de Sanidad– tardó una semana en asumir las competencias y cuál es la explicación para que, cuando los tribunales dijeron que se tenían que medicalizar las residencias, se negaran a ello y dictaran protocolos de no derivación a los hospitales”, comenta. Unas medidas que, a su parecer, “con independencia de si ha habido responsabilidad penal o no, han provocado más fallecimientos que si se hubiese atendido a los mayores como cualquier otro ciudadano”. “Aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad política”, critica.

Y tampoco la justicia habría hecho todo lo posible para investigar los hechos, según María José Carcelén, presidenta de la asociación de familiares catalanes Coordinadora 5+1 (@CooResidencias). 

"Pusimos varias denuncias que estaban bien argumentadas y llevábamos mucha documentación con informes médicos de personas que llegaron deshidratadas y desnutridas al hospital. Teníamos incluso comunicaciones de las residencias donde decían a las familias que no insistieran, que no les dejaban derivar a los mayores e incluso el testimonio de una trabajadora", contextualiza.

No obstante, con todo, estas pruebas no fueron suficientes. "Cuando ves cómo se describen los hechos en el auto de archivo y lo comparas con la versión de los familiares, pues piensas: 'Con estos hechos de los que habla la Justicia, también lo archivo'", se lamenta.

"Si realmente la Fiscalía hubiera querido investigar, tenía muchas vías. Nosotros considerábamos que se habían cometido tres delitos, pero no podíamos saber si no se derivó porque no quisieran ni quién lo denegó. Es el trabajo de la Fiscalía", critica.

"Es muy sencillo, tienen que investigar. ¿Llamaron a alguien? En uno de los casos, ni siquiera contactaron con la trabajadora y la residencia era una de las que había intervenido la Generalitat: había 20 y pico denunciantes. Tienen la función de investigar y defender las libertades de los ciudadanos. ¡Qué derecho más importante que el de la vida!", afirma. 

Aun así, añade, no renunciarán a la vía penal, aunque se archiven los expedientes, puesto que consideran que es la idónea para que los "responsables" paguen por lo ocurrido. 

"Murieron sin atención sanitaria. Se les dejó. Eso tiene un nombre en derecho penal. Y la gente no quiere dinero o irse a la vía civil. Tenemos muy claro que lo que queremos es Justicia", indica.

La patronal apoya a sus profesionales

Ahora bien, no todos ven con los mismos ojos el archivo por parte de la Justicia de estas denuncias. Desde la patronal de la Dependencia, AESTE (@AESTE_oficial), su secretario general, Jesús Cubero, se congratula de que las investigaciones penales hayan sido archivadas y asegura que esto pone de manifiesto "algo que se ha venido manifestando desde el primer minuto: las profesionales del sector han actuado siempre bajo las órdenes de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad, y lo han hecho con una gran profesionalidad, entrega y sacrificio personal en aquellos meses tan fatídicos, cuando nadie sabía nada sobre cómo se contagiaba el virus, cuando incluso en los hospitales escaseaban los equipos de protección y cuando el resto de la sociedad estábamos aislados en nuestras casas".

"En aquellas circunstancias tan excepcionales, las profesionales de nuestro sector fueron un verdadero ejemplo a seguir y dieron un paso al frente, permanecieron en sus puestos de trabajo doblando turnos y arriesgando la salud de sus familias, gestionando de la mejor manera posible los medios de que disponían, e intentando cumplir con toda la normativa vigente –en algunos casos con normativas contradictorias en algunas Comunidades Autónomas– al tiempo que cuidaban de las personas mayores con todo el amor y cariño con que lo venían haciendo desde hace años. En ese contexto, en que incluso los políticos hablaban de malas prácticas en las residencias y se limitaban a pedir aplausos para los hospitales, nuestra gente dio la cara y salvó la vida de miles de personas. En esos momentos tan difíciles, hubo medios de comunicación que condenaron a nuestro sector, hubo asociaciones de 'abajofirmantes' que inundaron de denuncias los juzgados por tener su minuto de gloria, y ahora que se va demostrando la adecuada actuación de las profesionales, creo sinceramente que toda la sociedad nos debe una disculpa, un agradecimiento, y un reconocimiento a esa implicación personal que tuvieron todas y cada una de las profesionales", apostilla.

La opinión de los juristas sobre la vía penal

Pero al margen de la opinión de los interesados, cabe preguntarse, desde el punto de vista jurídico, ¿por qué la Justicia está archivando las denuncias y no sigue investigando en gran parte de los casos?

Según varios juristas consultados por este diario, era algo previsible –ya lo anticipaban en 2020–, y la clave estaría en el tipo de vía explorada, la penal, y en el "estado de necesidad" y en la falta de "conocimiento" sobre cómo combatir contra  el coronavirus. 

“Desde el 18 de marzo hasta el 5 de abril se denunciaron en Fiscalía 59 residencias de Madrid donde hubo un mayor índice de fallecimientos y, de esas, se han archivado 30, casi todas. Veo que prácticamente en todos los casos se les trataba imputar tanto delitos de homicidio imprudente como de omisión de socorro. ¿Qué ocurre? Que, en primer lugar, los centros geriátricos son entidades jurídicas y no pueden cometer todos los delitos del código penal. Y además, por otra parte, se ha considerado que, en su actuación, los responsables se ajustaron al deber jurídico, dada la circunstancia, afirmando que pusieron todo de su parte para intentar minimizar el daño. Y no ha quedado acreditado que el personal no tratara de prevenir lo ocurrido por todos los medios. Es decir, que para hablar de un delito, hay que acreditar que se ha actuado con culpa o negligencia, pero aquí se señala que se han seguido las directrices. No se ha podido acreditar que se hayan quedado abandonados a su suerte completamente”, explican a este diario desde el departamento penal de Legálitas (@Legalitas_ES). 

“El Supremo dice que, en el contexto, se adecuó la actuación a lo que era posible jurídicamente en una situación catastrófica y que se hizo de la mejor manera que se pudo, porque no se contaba con los medios necesarios. Y también se ha apuntado que era imprescindible que hubiese datos objetivos que probasen cada caso, es decir, no de forma genérica. Hay que demostrar la relación causa-efecto, véase, que por hacer 'x' se ha producido el fallecimiento de la persona. Por ejemplo, habría que demostrar que, en el caso concreto de esa persona, hubiese vivido si se le hubiese trasladado al hospital y es imposible poder acreditarlo. Es más, la fiscalía entiende que no hubo desatención, eso está en los autos de archivo”, indican. 

Asimismo, apostillan, tampoco juega en favor de las familias el que se haya recurrido a la vía penal, puesto que en ésta "existen dos principios fundamentales: la presunción de inocencia y que el juez no tenga ninguna duda, sin el mínimo resquicio”, puesto que, "por ley" está "obligado a absolver”. 

"Han fallado las pruebas y no se ha podido acreditar que esta persona con 'x' características ha fallecido por no ir al hospital o por estar encerrado en la habitación sin médico. Y en el código penal no existía como tal un artículo que regulase lo ocurrido en la pandemia y lo que ha ocurrido es que los políticos han echado la culpa a las residencias –diciendo que sólo eran recomendaciones– y las residencias a los políticos –respondiendo que no–”, recuerdan.

A pesar de todo, reconocen, todavía queda mucho por investigar, por lo que aún no se sabe si en ciertos casos se podrían terminar imputando delitos. “Cosa distinta es que se demostrase que a los mayores se les encerró en una residencia y no se les dio de comer. Hay que ir caso por caso. Pero, por ejemplo, si se los seguía atendiendo mal que bien, vía telefónica, quizá no podamos acreditar que hayan quedado abandonados a su suerte completamente”, comenta. 

“Eso sí, se puede recurrir a la vía civil en los casos que haya habido negligencia o, en el caso de las residencias públicas, ante la vía contencioso-administrativa. No cualquier acción ilegal tiene que ser delito”, afirman. 

En ese mismo sentido se pronuncia el juez de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Raimundo Prado. “Ya lo avanzábamos en 2020. La responsabilidad penal era muy difícil de demostrar, porque se exige un dolo o una imprudencia muy grave y una dejación absoluta de lo que uno está obligado. Los casos claramente delictivos iban a ser muy pocos. Lo que podía haber es responsabilidad patrimonial por parte del Estado y de las CCAA. Lo dijimos, pero mucha gente se lanzó de forma muy visceral por la vía penal y, efectivamente, se ha ido demostrando que no había material penal salvo en casos contados”, se lamenta. 

“Para que hubiera tendría que haber imprudencias muy graves que exigen una dejadez absoluta que no se daba en el 90 tanto por ciento de los casos. Por eso la mayoría de CCAA han acabado archivando. Pero si la gente hubiese exigido responsabilidad patrimonial otro gallo hubiera cantado. Es la vía”, sentencia. 

Y ejemplifica: “Hubo un momento en el que la administración Gobierno y CCAA sabían que era un virus que se contagiaba y que tenía un periodo de incubación de 15 días, pero durante un tiempo, aún sabiéndolo, no se adoptaron medidas y ahí estaba la responsabilidad patrimonial. Se permaneció en silencio y no se hizo nada. Pero volvemos a lo de siempre, para probarse algo penal debe ser muy directo y todas estas cosas parece que no son delictivas pero sí tener que ver con la imprudencia o falta de medios –daños y perjuicios–”. 

Coincide con lo expuesto por los juristas el epidemiólogo y portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (@amasap), Fernando García. "Al margen de las responsabilidades penales, aunque no se pueda probar que hubiera dolo sí hubo responsabilidades políticas y civiles en el sentido de que la población que vivía en residencias de mayores estuvo expuesta de modo desproporcionado a los riesgos de la epidemia. En otras palabras, podemos decir que hubo muchas muertes evitables en las residencias que no tenían que haberse producido si se hubieran tomado las medidas preventivas correctas. Y hubo residencias que se protegieron adecuadamente, mientras que otras no lo hicieron. Y algunas comunidades autónomas fueron bastante más eficaces que otras para proteger a los residentes. Esta responsabilidad civil afecta tanto a los órganos de gestión autonómicos como a las direcciones de los centros, cada nivel con su grado de responsabilidad, y los tribunales deberían determinarlos", opina.

"En el Reino Unido, una sentencia reciente, todavía no firme, acaba de condenar al Gobierno por su política con respecto a las residencias de mayores. En España, esa vía debería estar abierta también, en nuestro caso para evaluar la responsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas, responsables de la gestión de las residencias. Y el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en la negociación en marcha para establecer un nuevo modelo de residencias, tienen el reto de fijar unas condiciones adecuadas para proteger a sus habitantes de los riesgos que puedan seguir ocurriendo con la Covid-19 y con las previsibles epidemias futuras que aparezcan. Tienen la responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para que no se repita lo que vimos en la primera ola", concluye.