El hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura, en el punto de mira del Gobierno tras pedir su derribo

Uno de los hoteles más conocidos de Fuerteventura, el hotel Riu Oliva Beach, tiene fecha de caducidad. El Gobierno ha ordenado el pasado martes derribar parte de sus edificios por "haber caducado la concesión estatal otorgada por estar en dominio público-marítimo terrestre" de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura). Esto supondrá demoler parte del complejo hotelero ubicado en Canarias, tras determinar el 'levantamiento y retirada' de las instalaciones existentes en la zona protegida.

Una decisión que ha escocido en la empresa Riu Hotels & Resorts (@RiuHoteles), quien una semana después ha arremetido contra el Ministerio de Transición EcológIca por la orden y confirma que defenderá sus derechos legítimos ante lo que considera una "acción arbitraria" y confirma que defenderá sus derechos legítimos ante la que considera "una estrategia hostil de este departamento del Gobierno central". Asegura que la decisión ministerial carece de "argumentos válidos" y es parte de una "estrategia premeditada" para cerrar el hotel, que siempre ha operado legalmente, rechazando de este modo las acusaciones de infracciones y defendiendo su historial de cumplimiento normativo.

Por su parte, Ecologistas en Acción (@ecologistas) ha calificado de “victoria para Fuerteventura” la orden del derribo. “Tras una larga batalla en defensa de las Dunas de Corralejo”, subrayan los ecologistas, el Ministerio, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, confirma la caducidad de la concesión otorgada al hotel RIU Oliva Beach “para seguir ocupando este espacio natural protegido y ordena derribar las edificaciones”.

Usos no previstos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaraba el pasado martes la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach y los apartamentos anexos al complejo, tras detectarse "incumplimientos reiterados" por parte de la empresa Geafond, titular de la concesión. Así lo indicaba en un comunicado en el que aseguraba que, tal y como recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, "la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado". El Ministerio aseguraba que no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares).

De esta manera, explicaba que en marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión. Entonces se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales. La resolución se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó ante la Audiencia Nacional, estando pendiente de resolución. Para el Ministerio, los incumplimientos de la empresa se centran en la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el título concesional y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 m2) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión. En la resolución de caducidad se establece la obligación de la mercantil concesionaria a retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo no obstante la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, hasta se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos.

Las patronales turísticas muestran su rechazo

La patronales turísticas de las islas Canarias han mostrado su rechazo por lo que consideran un "abuso de poder" por parte del Ministerio en este asunto. En un comunicado conjunto, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han expresado su repulsa a la decisión del departamento ministerial por ser "arbitraria y escandalosa".

Además, los empresarios han indicado que esta decisión se produce en "abierta contradicción" con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la Comunidad Autónoma las competencias de gestión en materia de Costas, postura que comparte con el Gobierno regional, que entiende que el Ministerio ha invadido sus competencias. La patronal recuerda del mismo modo que este ejercicio de abuso de poder tiene un impacto negativo directo para el interés general, dada la relevancia del Oliva Beach para la realidad socioeconómica del norte de Fuerteventura en general y de Corralejo en particular.