Luis Barriga (Imserso): "Se demoniza a las residencias de mayores. Se hace de la anécdota categoría"

Pese a que las administraciones han aumentado su inversión en Dependencia en los últimos dos años, buena parte de los Servicios Sociales para personas mayores siguen siendo deficientes y no llegan, en pleno 2023, a todos los potenciales usuarios, con una sociedad cada vez más envejecida y un número creciente de dependientes por la inversión de la pirámide demográfica. 

65YMÁS ha conversado con el director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Luis Barriga, que ha hecho balance sobre los cambios realizados desde 2020 en el sector y sobre qué queda por hacer para lograr que todas las personas de más de 65 años puedan disfrutar de unos servicios públicos dignos y de calidad. 

PREGUNTA - Expertos, usuarios y sindicatos convienen en que los Servicios Sociales para mayores –sobre todo, residencias, Ayuda a Domicilio y centros de día– son insuficientes para cubrir las necesidades del colectivo. ¿Comparte este diagnóstico? 

RESPUESTA - Hasta 2010/2011, hubo una fase de crecimiento de los Servicios Sociales. Posteriormente, por la crisis económica y los recortes, se frenaron las coberturas. Pero, más adelante, a partir de 2019, despegaron de nuevo, sobre todo, los de proximidad. Es decir, que creció la Ayuda a Domicilio y la teleasistencia; no así la atención residencial o los centros de día. ¿Qué denota este cambio? Que se está en la línea de desinstitucionalización, de permanencia de las personas en sus domicilios –y esto forma parte de la Estrategia Europea de Cuidados–. Además, a partir del año 2020, los planteamientos financieros cambiaron: asistimos a un proceso de expansión presupuestaria, y eso acabará teniendo reflejo en unas mejores coberturas. 

Es cierto que si se nos pone al lado de los países de la OCDE en inversión en políticas de cuidados, España tiene un déficit importante. Gracias al esfuerzo de estos tres últimos años, hemos pasado de un 0,6% o 0,7% del PIB al 0,86%. No obstante, la media de los países europeos está en 1,6%. Tenemos un enorme camino que recorrer. Aunque también hay que matizar que en España este porcentaje únicamente refleja el gasto en Servicios Sociales y no, como hacen ciertos estados, el sanitario ligado a los cuidados y el social. 

P.- El Gobierno puso en marcha en 2021 el 'Plan de Choque para la Dependencia 2021/2023', cuya principal finalidad era dotar de más recursos al sistema. ¿Cree que es necesario un nuevo plan más amplio de cara a los próximos años para equipararnos con nuestros vecinos europeos?

R.- Se debe seguir fomentando la inversión pública pero debemos también ir avanzando paulatinamente hacia la desinstitucionalización y los apoyos en el entorno de las personas. Eso requiere una reconversión de los servicios de proximidad.

Por ejemplo, la Ayuda a Domicilio se gestiona proporcionando horas sueltas en las casas, pero sin Equipos de Atención de Zona –grupos multidisciplinares–. Esto acaba generando problemas de precarización del empleo y también fomenta que el tiempo ofrecido acabe no dando respuesta a lo que las familias necesitan. Hace falta una revisión del modelo de gestión. La Ayuda a Domicilio sirve para que las personas permanezcan en el domicilio, pero también, para que sean activos. Por eso, tiene que crecer y cambiar. Es hacia dónde debemos ir y lo que propone el Plan de Desinstitucionalización.

P.- ¿En qué consiste este plan?

R.- El otro día se presentó un borrador del proceso de participación. Forma parte de los compromisos de España con los fondos europeos y estimamos que, al final del semestre, debería estar aprobado.

En este plan hay muchos elementos, como la figura del Asistente Personal –trabajador que colabora en tareas diarias velando por la autonomía de la persona–, que, siendo como es actualmente uno de los servicios residuales en la atención a la dependencia, tendrá un gran crecimiento en el futuro.

Y lo mismo ocurre con la reconversión de la Ayuda a Domicilio o con servicios de base comunitaria, como los centros de día. Todo va dirigido a lo que nos marca la OCDE o la Comisión Europea: tenemos el derecho de estar en nuestros entornos y debemos revisar todo el modelo para dirigirlo hacia esa dirección. 

 

P.- ¿Se sienten satisfechos con cuánto se han reducido las listas de espera en los últimos años? Ciertas organizaciones denuncian que la disminución es insuficiente y que siguen falleciendo demasiados mayores esperando una prestación –más de 100 al día–. 

R.-  Para hacernos una idea, al inicio del Plan de Choque había 311.000 personas en espera, por más de seis meses, y ahora, tenemos 224.000. Y al tiempo que se ha reducido la lista, se ha atendido con prestación efectiva a 200.000 más. Se ha pasado de 1.084.000 personas a 1.290.000 personas atendidas en dos años. Y eso ha hecho que la lista –solicitud, valoración y servicio– pase de ser del 16,83% al 11,33%. El punto ideal estaría en el 7% u 8%, por lo que aún queda camino por recorrer. Pero la línea es muy positiva. 

Y no todo ha sido cuestión de dinero, que también. Las CCAA presentaron 70 medidas en Plan de Choque de todo tipo, de simplificación administrativa, de personal de valoración, de revisión de datos, etc. Y algunas, han tenido un impacto inmediato, como la depuración de datos, pero los cambios normativos llevan más tiempo. Por eso, muchas decisiones que se tomaron en 2021 van a tener su aplicación este 2023. 

P.- ¿Es posible alcanzar un 7% de lista de espera a nivel de toda España?

R.- Sí. Por ejemplo, yo he dado un dato global, pero si vamos por CCAA, todas han mejorado. Pero por debajo del 8% tenemos a la inmensa mayoría. Está Aragón, que tiene un 3%, Asturias, con un 7,69%, Baleares, 7,48%, Cantabria, 3,8%, Castilla y León, 3,72%, Castilla-La Mancha, 3,97%. Y por otro lado están Cataluña, con un 19% o Canarias, que es de las que más camino tiene que recorrer, con un 33%, pero partía de un 46%.

Es verdad que todavía hay regiones que tienen un problema. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tenía unas listas muy abultadas y le ha costado años ponerse al día.

Son asuntos que no se resuelven nunca de la noche a la mañana, pero es importante iniciar caminos de descenso y todas lo han hecho. Y luego, hay casuísticas, como el caso catalán donde sabemos que no todos lo que figuran están realmente en listas de espera, sino que es un problema de a la velocidad que llega la información –entre municipios y Generalitat–. 

P.- Una vez se logre el objetivo, ¿serán las administraciones capaces de mantener estas listas de espera bajo mínimos, a pesar del previsible aluvión de solicitudes de prestaciones por dependencia, debido al envejecimiento de la población?

R.- Se debe gestionar sin dejar de mantener estos incrementos y planificando el futuro. El 31 de diciembre del año 2020, el sistema tenía vigentes 1.850.000 solicitudes de personas que creían ser dependientes y esa cifra ahora es de 1.983.000. Y al mismo tiempo que este número crece, debemos seguir mordiendo la lista de espera. Conocemos la demanda que nos va a llegar. Esa cifra se va a incrementar por una cuestión demográfica. El que no lo quiera ver, es que está ciego. 

 

P.- Uno de los grandes problemas que debe afrontar España según comentan expertos son las grandes desigualdades entre comunidades en materia de Servicios Sociales. ¿Qué puede hacer la administración central para acabar con estas diferencias?

R.- Ponemos el foco en el órgano donde se dilucidan las decisiones que pueden alinear las políticas: la conferencia sectorial. En la pandemia, se escuchó mucho hablar de la Territorial de Sanidad. Nosotros también tenemos una. Este consejo ha sido activado durante estos tres años y hemos llegado a 38 acuerdos sobre diferentes materias –son la suma de todos los generados desde su existencia hasta el año 2019–. Así que esta es la manera de acabar con las desigualdades entre territorios. 

P.- Pero no siempre se consiguen acuerdos por unanimidad ni todas las CCAA quedan igual de satisfechas. Por ejemplo, el Consejo aprobó el nuevo modelo de residencias con varias CCAA, la patronal, familiares y sindicatos en contra. 

R.- Para urdir este acuerdo se partió de un enfoque que venía dado por el Ministerio de Derechos Sociales, en base a la Estrategia Europea de Cuidados. Luego se dialogó con los agentes sociales –sindicatos y patronal–, en la mesa civil –expertos y organizaciones– y con los territorios. Yo creo que, a veces, el mejor acuerdo es el que deja a todos razonablemente insatisfechos. Quiero decir: es muy complicado contentar a todo el mundo. Y la administración del Estado no tiene competencias para acreditar los centros. Nosotros hemos plasmado los criterios comunes para que luego los desarrollen. Y es verdad que algunas CCAA votaron en contra, lo que no significa que se anule. También es cierto que las entidades de afectados en residencias hubiesen querido más concreción, pero un texto de líneas comunes no debe entrar en detalles. Estos detalles deben darse en las CCAA y tienen que alinearse con el acuerdo. 

Además, tengo cierta sensación de que en el debate que hubo con patronales y sindicatos se dejó de lado aquello en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, es decir, hacia dónde tiene que cambiar el modelo de los cuidados. 

P.- Esa es una de las críticas de los familiares: todo el mundo está de acuerdo con centrar la atención en la persona pero, a la hora de concretar, no se toman medidas de envergadura sino decisiones que terminan de ir al fondo del asunto. 

R.- El acuerdo ha concretado, de más. El anterior, del año 2008, tenía cinco folios. Y por eso se acabaron generando disparidades entre territorios. Aquí se concretó, incluso más de lo que a veces podía soportar la mesa de negociación con las CCAA –se nos podía acusar de invasión competencial–.

Nosotros tenemos la obligación de que se llegue a un acuerdo, pero el resultado final no es aquel que marque el Gobierno sino el que quede consensuado o se pacte con la mayoría. Se hizo un trabajo muy interesante. Pero a veces se ha puesto el foco en los detalles y eso ha provocado algún voto en contra, cuando en el fondo teníamos que ponernos de acuerdo en las cuestiones elementales, tales como poner fin a los macrocentros. O, por ejemplo, a las sujeciones, que aquí están normalizadas, pero, en otros países, son delito. Y no lo decimos nosotros, sino la Comisión Europea, la OCDE y la ONU.

Hicimos una reforma que se basa en los derechos de la gente y obviamente no se hace de la noche a la mañana, por eso hay objetivos hasta 2029, pero se trataba de iniciar ese camino entre todos y todas. 

P.- El acuerdo para el nuevo modelo de cuidados establece ciertas fechas y plazos para su aplicación, pero, ¿existen mecanismos para garantizar que las CCAA los cumplan? 

R.- Los hay. El primero es el compromiso institucional de las CCAA. Y muchas veces este viene por la propia presión de los mayores y de las personas con discapacidad sobre sus gobernantes. La población tiene que hacerse partícipe de la gestión pública y reclamar este cambio.

Y luego, hay que saber que desde el punto de vista de la financiación pública, tanto estatal como europea, no se va a sufragar otro modelo. El dinero acordado en Dependencia de la UE va ligado al cumplimiento de los acuerdos. Es decir, si estamos alineados con la filosofía de desinstitucionalización, se financia, y si no, no.

Pongo un ejemplo: con los Fondos de Recuperación de la Unión Europea hicimos una primera inversión de 700 millones de euros que se trasladó a las CCAA para la transformación del modelo de cuidados en los centros residenciales –obras para que no sean 'minihospitales', sino hogares–. Ahora bien, la Comisión Europea nos citó a varias reuniones y tuvimos que justificarles por qué invertimos en residencias, cuando de lo que estábamos hablando era de desinstitucionalización. Nosotros les tuvimos que decir: hay 400.000 personas en estos centros y no podemos abandonarlos a su suerte, sabemos que la apuesta a futuro son los servicios de proximidad, pero también hay de renovar los centros, no cerrándolos, sino haciendo que sean entornos vivibles.

Costó mucho que la Comisión Europea aceptase. Y, al final, acabaron diciendo que, por esta vez, valía, pero que nos olvidásemos de más dinero para este fin, en los próximos fondos. Es más, hay estados miembros que llegan a ser tan radicales en esta cuestión que defienden que no se dé ni un euro público para la atención en centros de atención residencial. Nosotros somos bastante más moderados en este tema. Pero es un cambio inevitable. 

P.- Pese a que se ha iniciado el cambio hacia un nuevo modelo de residencias de mayores, todavía siguen siendo noticia centros en los que se da comida de poca calidad o una atención deficiente.

R.- Tengo que aclarar dos cosas: el acuerdo de acreditación no es para que los cumplan los centros sino las CCAA. Y la inspección también depende de éstas.

Luego, creo que a veces se ha demonizado al sector. Se está haciendo de la anécdota categoría. En la pandemia, se les puso en la picota y se les exigió más allá de sus posibilidades; aquí, y en Canadá.

Sin embargo, es verdad que en algunos casos la pandemia nos hizo descubrir que la atención era muy deficiente. Y esto tenía que ver especialmente con la formación del personal, las condiciones laborales y las ratios.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este servicio nació prácticamente privatizado y el hecho de que las administraciones públicas, en adjudicaciones y conciertos, miraran más el euro que a la calidad de vida de la gente, tuvo sus consecuencias. Si algunos pensaron que este era un modelo de negocio como pueda ser el gestionar un párking, se equivocaron. Aquí se trabaja con la vida de la gente.

Pese a todo, creo que hay que romper una lanza, primero, por todo lo que pasaron y no les fue reconocido en pandemia, y segundo, porque la inmensa mayoría de centros y su personal intentan hacerlo lo mejor posible y hacen una tarea extraordinaria. Así que no sé si conviene demonizar. A veces, se hace demasiada categoría de la anécdota. 

P.- Varias Plataformas de Sociosanitarias de la Ayuda a Domicilio denuncian que sus trabajos siguen siendo precarios y la formación se ha devaluado. ¿Cómo se puede lograr que el sector vuelva a ser atractivo para los trabajadores y no acabe siendo un empleo 'de paso'? 

R.- Como decía el presidente de los Estados Unidos: Pay them more (Pagádles más). Si pretendemos que el sector sea atractivo, con la precarización que existe y el sobreesfuerzo que se le exige al personal, vamos 'dados'. O se prestigia la profesión, se mejoran las condiciones laborales y se les va cualificando más, o estamos perdidos.

Desgraciadamente, ya somos un sector de paso. Muchas personas no quieren permanecer en él, aunque sea vocacional. Es un desafío de primer orden. Tan es así que en la Cumbre de Davos ha sido uno de los temas estrella –sólo para el sector de cuidados, residencias y sanitario, serán necesarios 1,4 millones de empleos–. Es un problema europeo y español. Uno de los objetivos del Plan de Choque era la reducción de las listas de espera, pero el segundo, era la mejora de las condiciones laborales, porque si el sector no es atractivo, se irá devaluando y eso va en detrimento de la atención a las personas.

Es uno de los desafíos más importantes. No es de un año para otro, pero sí es uno de los más urgentes, porque no hay personal. Hay que planificar de dónde lo vamos a sacar, cómo lo vamos a formar y de qué manera mejoramos sus condiciones laborales para que tengan trabajos dignos que además aplauda la sociedad. 

P.- Se dice que 2023 va a ser el año de la teleasistencia, ¿por qué?

R.- La teleasistencia es una herramienta fundamental. Si queremos que las personas permanezcan en sus domicilios y reciban los apoyos allí es importantísima la conexión con sistemas que atiendan, cuando haya problemas, y que puedan predecir y planificar.

El número de teleasistencias se va a incrementar. Ya lo vemos en datos de 2022. Otro de los objetivos del Plan de Choque era convertirla en un derecho subjetivo, por el mero hecho de ser dependiente. Es la manera, por ejemplo, de detectar una claudicación de cuidadores –si te atienden familiares– e intervenir proactivamente antes de que suceda. O para luchar contra la soledad.

Para todo esto, es fundamental tener un sistema que recoja información. Ya no es aquella teleasistencia de pulso el botón si me caigo, sino que actualmente también puede estar conectada con el sistema de salud. Por eso siempre se ha querido potenciar y era un objetivo de los Fondos Europeos, del Plan de Choque y de la Ley de Dependencia. 

P.- Finalmente, ¿qué hacen para que los mayores puedan participar activamente en la sociedad y no sólo sean usuarios de servicios sociales?

R.- Uno de los programas de los que estamos más orgullosos son las Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Lo que fomenta es que los municipios generen políticas urbanas de proximidad que atiendan esta realidad y creen contextos donde la participación social, cultural y política se dé más allá de los centros de mayores. 

A partir de ahí, se ha creado una red de municipios, muy rica. En ésta, pueblos de 500 habitantes comparten experiencias con Barcelona, por ejemplo, y ven qué funciona y qué no. Todo va orientado a la participación de los mayores en sus entornos.

Está claro que la población mayor es uno de los puntales de la preservación de una vida en sociedad, amigable, armónica, saludable… Es un colectivo esencial. Y es inevitable que ese segmento de la población acabe empoderándose.