Madrid se rebela contra las residencias de Belarra: "Es inasumible"

La Comunidad de Madrid ha anunciado que aplicará su "propio modelo de atención residencial centrado en la persona" tras rechazar hoy, junto con otras ocho comunidades –País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla León y Ceuta–, el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha sometido a votación en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales de este martes y que ha sido aprobado con el voto a favor de 10 regiones del país.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha considerado “inasumible” la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al considerarlo similar al presentado el pasado 25 de mayo –fecha del anterior Consejo Territorial–, según informa la región en un comunicado. 

Dancausa ha reprochado que el Gobierno central no haya aprovechado este tiempo para negociar con las comunidades autónomas e intentar mejorar un proyecto “con un gran afán intervencionista y laminador de las competencias autonómicas, que no garantiza la financiación necesaria, obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia y deja pendiente de una decisión posterior cómo se coordinará la atención sanitaria en estos recursos”.

La aprobación, "por 10 votos contra 9 que representan al 71% de la población española deja en evidencia los problemas de la propuesta del Gobierno de España que no afronta los problemas y exigencias reales de la dependencia”, añade la consejera. 

"El Gobierno regional va a seguir trabajando en la implantación de un nuevo modelo de atención residencial que garantice el acceso al sistema de todas las personas en situación de dependencia y facilite la libre elección de los usuarios. El objetivo de esta propuesta es ofrecer un servicio integral de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención sanitaria que permita a las personas mantenerse en sus hogares y entornos el mayor tiempo posible y retrasar así su entrada en centros residenciales", explican en el comunicado.

En este sentido, la consejera ha reclamado al Gobierno central que aporte el 50% que le exige la Ley de Dependencia para la financiación del sistema, un porcentaje que actualmente apenas alcanza el 20% y que, según la CAM, impide asegurar la sostenibilidad de los recursos necesarios.

Las claves del nuevo acuerdo

Cabe destacar que, a partir de ahora, los centros sociosanitarios de nueva construcción deberán tener un máximo de 120 plazas en grandes urbes –75 en zonas rurales (salvo ciertas excepciones) y 90 en poblaciones medianas–, dividirse en unidades de convivencia de 15 usuarios, deberán tener un 65% de habitaciones individuales, ofrecer un ambiente hogareño y contar con una ratio de personal sanitario y cuidador del 0,51. 

Además, las residencias ya construidas, si bien no deberán limitar su número de camas –no se acaba con las macrorresidencias–, sí que tendrán que cumplir con una serie de normas: aumentar el número de trabajadores por cada residente de aquí a 2029, eliminar las sujeciones en 2025, tener un mínimo de un 25% de habitaciones individuales en urbes densamente pobladas –20, en intermedias y 10, en zonas rurales–  y dividir la mayor parte del centro –el 80%– en unidades de convivencia, así como fomentar la participación de las familias. 

El acuerdo también aborda la reforma de la ayuda a domicilio, para que tenga un enfoque de proximidad y comunitario, la mejora de la teleasistencia, la precariedad en el sector de los cuidados –garantiza un 80% de contratos indefinidos– y la adecuación de un sistema de control de calidad, tal y como reveló este martes 65YMÁS. 

El nuevo modelo cuenta con el apoyo de una mayoría de comunidades y de sociedades de geriatría y gerontología, así como de organizaciones de personas con discapacidad, pero no es visto con buenos ojos por patronales, sindicatos y asociaciones de familiares, por distintos motivos. 

Los primeros se oponen porque entienden que no se garantiza la financiación suficiente para sufragar los cambios –según calcula el Ejecutivo, harían falta unos 590 millones de euros adicionales anuales hasta 2030, si bien ciertas autonomías entienden que se debería poner más–; los segundos, al considerar que las ratios son insuficientes y los puntos para acabar con la precariedad también; y los terceros, al estimar que el acuerdo no acaba con las macrorresidencias, no aumenta todo lo necesario las plantillas y acaba en un plazo demasiado largo con las sujeciones, entre otras críticas.