No sólo es un problema de jóvenes: los mayores tampoco tienen cubiertas sus necesidades de vivienda

El problema de la vivienda también afecta a los mayores. Pese a que casi el 90% son propietarios, esto no implica que tengan cubiertas todas sus necesidades residenciales. 

Esta fue la principal conclusión de la jornada Hacia un abordaje multidimensional de la vivienda para personas mayores: la protección de un derecho organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión en España (@EAPNes), el pasado miércoles 23 de octubre. 

Un evento, en el que se celebró una mesa redonda virtual titulada Claves para garantizar el derecho a una vivienda digna para las personas mayores, moderada por el periodista de 65YMÁS, Pablo Recio, en la que participaron la Responsable de Derechos Humanos y Coordinadora del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores de Helpage España (@HelpAgeEspana), Carla Bonell; la Coordinadora de programas de Hogares Compartidos (@HogaresComparti), Amparo Azcutia; el usuario del programa Hogares Compartidos, Francisco Richetti; y la componente de la plataforma Yay@flautas de Madrid (@yayoflautas), Amparo Grolimund.

El acto contó asimismo con la presencia destacada de Gloria Bombín, miembro de la Comisión Permanente de EAPN-ES; y de Rubén Herranz González, técnico de estudios del Gabinete de la Dirección General del Imserso (@Imserso). 

"Su problemática habitacional presenta unas características propias"

Durante su intervención, Gloria Bombín, destacó que las principales necesidades que tienen los mayores, en relación con su vivienda, son el mantenimiento, la rehabilitación, la conservación y la adaptación a sus condiciones de movilidad, lo que incluye, por ejemplo, la sustitución de bañeras, la eliminación de escalones o la adaptación de pasillos y puertas. "Su problemática habitacional presenta unas características propias", afirmó. Y destacó que, según el Colegio de Arquitectos, el 23,3% de las personas mayores de 65 años tienen problemas de movilidad dentro de su casa y, el 41,3%, problemas de comodidad y seguridad en el baño y la ducha. 

Bombín resaltó asimismo que, según el 14º Informe del Estado de la Pobreza en España de EAPN-ES, un 18,3% de las personas mayores viven bajo el umbral de la pobreza y un 5,6% en situación de pobreza severa. Unos datos preocupantes, ya que sus ingresos provienen principalmente de las pensiones, lo que limita sus posibilidades de mejora. Además, advirtió del problema creciente de la pobreza energética, que les afecta especialmente, y la brecha de género de las pensiones, que sitúa a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 

Por su parte, Herranz reconoció que las personas mayores también se encuentran con problemas, como la dificultad para encontrar un alquiler o incluso la pérdida de la vivienda. Y explicó que los desahucios se deben a menudo a que "han servido de avales para otros familiares" que tienen problemas económicos. Además, coincidió con Bombín en que la situación económica determina que algunas personas mayores no puedan afrontar los gastos de mantenimiento y rehabilitación –con especial impacto para situaciones de dependencia– de sus viviendas y aseguró que también influye que el entorno –edificios y la propia vía pública– no esté adaptado, lo que puede generar que los hogares se conviertan "en una cárcel", aumentando el riesgo de soledad y aislamiento.

Finalmente, Herranz puso en valor la importancia de la Estrategia de Desinstitucionalización, que busca "el mantenimiento de las personas en sus casas", para lo cual es necesario "favorecer que tengan las condiciones para poder permanecer en ellas".

Vivienda y personas mayores: un derecho

Durante la mesa redonda, Carla Bonell, Responsable de Derechos Humanos y Coordinadora del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores de Helpage España, aseguró que entienden "la vivienda adecuada no solo como parte del derecho básico a un nivel de vida digno, sino como un factor clave de integración social".

Y para combatir la exclusión, comentó, trabajan buscando empoderar a las personas mayores, "a través del conocimiento de sus derechos, de cuáles son los recursos y los servicios a su disponibilidad y qué vías pueden activar para ejercitar y garantizarlos". "Nuestra postura no es resolverles los problemas, sino que sean ellos mismos quienes gestionen las soluciones", añadió. 

Amparo Azcutia, coordinadora en Hogares Compartidos, explicó que su organización es una entidad que lleva 11 años "trabajando para dar alojamiento digno a personas mayores de 60 años con pensiones principalmente bajas" en la ciudad de Valencia –cuentan con más de 10 pisos–, donde el alquiler "ha subido más" que en otras zonas. Y reconoció que, debido al "desbordamiento" de personas que contactaron con ellos el año pasado, en concreto, más de 500, decidieron buscar "soluciones creativas", como derivarlas a la "España despoblada". Una solución, que ha tenido gran aceptación, aunque no se adecúa a todos los perfiles, puesto que no todo el mundo está dispuesto a dar este paso.

La coordinadora también denunció el edadismo en los alquileres, refiriéndose a quienes "están constantemente llamando a habitaciones" y son descartados "simplemente con el hecho de decir la edad" y avisó del empeoramiento de la situación de exclusión residencial de los mayores. "Nosotros en este momento trabajamos con una minoría, pero en 10 años se ha triplicado", finalizó. 

Por su parte, Francisco Richetti, usuario del programa desde hace cinco años, contó su experiencia en Hogares Compartidos y aseguró que le permite "tener una vivienda digna a un precio asequible", lo que es de gran ayuda, ya que su pensión es "muy baja". Es más, indicó, también le aporta otros beneficios como la compañía, tanto dentro del piso como en la propia organización –realizan actividades con otras personas del programa–. 

Al ser preguntado sobre los principales problemas de vivienda que enfrentan las personas mayores, se refirió a las "limitaciones de movilidad", un problema que Hogares Compartidos tiene en cuenta a la hora de adaptar los espacios. 

Finalmente, Amparo Grolimund, de Yayoflautas de Madrid, denunció la situación de las personas mayores de 65 años en situación de alquiler precario, que son afectados por la subida de los precios, especialmente en la capital del país. 

En línea con esto, la activista criticó la falta de soluciones habitacionales en muchos desahucios y el gran impacto psicológico que estos dejan, puesto que muchas veces se ven despojados de sus recuerdos y pertenencias.

Para cambiar esta realidad, Grolimund demandó "pensiones dignas" que alcancen al menos el nivel del salario mínimo interprofesional, soluciones habitacionales, atención a la "soledad no deseada" y la creación de una red de apoyo legal para defender los derechos de las personas mayores en materia de vivienda.