Las patronales se rebelan contra el reparto de fondos para el nuevo modelo de residencias de Belarra

Polémica con los fondos para el nuevo modelo de residencias: Madrid amenaza con ir a los tribunales

El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también conocido coloquialmente como "el nuevo modelo de residencias", sigue generando polémica.

En este caso, la controversia ha venido por el reparto de fondos para el cumplimiento de este Acuerdo, que exige que los centros de nueva construcción tengan más personal, se dividan en unidades de convivencia de 15 personas, sean hogareñas, no tengan más de 120 plazas –si son de nueva construcción–, fomenten la participación de todos y eliminen progresivamente las sujeciones químicas y físicas, entre otros cambios.

En concreto, recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, anunció que destinará una partida de 200 millones de euros para las comunidades que cumplan y se comprometan con el nuevo modelo de cuidados pactado a finales de junio de 2022. Ahora bien, este reparto finalista de dinero –que proviene de la Unión Europea– no ha gustado a las empresas, puesto que entienden que discrimina a las regiones que no lo seguirán. 

Según señalan en un comunicado de prensa, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (@cea_ps), Cinta Pascual, habría asegurado que “este sistema de reparto es discriminatorio y alejado de cualquier criterio racional y en beneficio de las personas mayores”.

Y es que, avisan, las CCAA que no cumplan "no recibirán ni un céntimo". "En estos momentos, nueve comunidades autónomas (las presididas por el PSOE, más la Comunidad Valenciana) han dado su apoyo al nuevo modelo de acreditación mientras que el resto han manifestado su oposición, aunque el Gobierno ha tendido la mano para que se sumen más", explican. 65YMÁS publicó que tres de estas regiones, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, avisaban que estaban aplicando su propio modelo e, incluso, en el caso madrileño, amenazaron con ir a los tribunales por el reparto de fondos. 

Por ello, desde CEAPS proponen un sistema alternativo de reparto de estos fondos basado en la mejora de la calidad del servicio. “Se trata de establecer un criterio objetivo y evaluable, y por todo ello proponemos fijar un indicador mínimo de ratio global de personal, y que las comunidades que lo cumplan puedan recibir estos fondos”, destaca Pascual.

“Las familias quieren más profesionales en las residencias, los sindicatos también lo ven así, y desde la parte empresarial siempre hemos estado de acuerdo con esta medida si se aumenta la aportación pública. El Gobierno tiene una ocasión única para apoyar una iniciativa objetiva, evaluable y no discriminatoria”, añade Pascual.

AESTE contra el modelo de la Comunidad Valenciana

Por otra parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (@AESTE_oficial), ha criticado a la Comunidad Valenciana por haber aplicado recientemente el nuevo modelo de residencias en su región. 

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta de AESTE, Natalia Roldán, quien ha afirmado que, para la aprobación de esta norma “no se ha realizado ningún informe sobre la situación actual del sector, ni de las posibles consecuencias económicas para los usuarios”. 

“La propia administración valenciana es la responsable directa de lo que pueda ocurrir”, ha advertido. Además, ha avisado, “estas medidas no significan necesariamente un aumento de la calidad de los servicios”.

“Sin la financiación adecuada, los costes añadidos a esta nueva normativa recaerán sobre los usuarios, generando mayor presión para la economía de las familias, que es lo último que ahora necesitan”, ha añadido. 

Es más, desde AESTE creen que este cambio “frenará inversiones que generan puestos de trabajo no deslocalizables”, e incluso “podría derivar en una reducción de plazas en esta comunidad, ya que puede haber un alto riesgo de que desaparezcan actores del sector”.

En cuanto a las ratios de personal más exigentes, desde la patronal aseguran que el sector no cuenta con los profesionales suficientes y que deberían "plantearse la urgencia, no sólo de exigir mayor ratio de profesionales, sino de proveer al mercado de los trabajadores necesarios a través de la agilización de los procesos”.

Finalmente, al igual que CEAPS, AESTE pide un nuevo Pacto de Estado en el que se tengan en cuenta sus consideraciones.

A favor y en contra del nuevo modelo

El nuevo modelo de residencias fue aprobado el 28 de junio de 2022 con el voto a favor de Asturias, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Canarias, Cantabria, Aragón y Melilla y con el apoyo de organizaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. 

Se opusieron al texto, por distintas razones, Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y asociaciones de familiares, sindicatos y patronal, también por diferentes motivos –los dos primeros pedían medidas más ambiciosas y los terceros exigían un modelo más flexible–. 

En cuanto a las CCAA, varias de las que votaron en contra del Acuerdo –de distinto color político– se siguen oponiendo a este documento "de mínimos" por razones de financiación –creen que no hay garantía de que sea suficiente en el futuro– o por ciertos puntos específicos –ratios, plazas...–, y otras, se mostraron en contra por un tema de competencias.   

El 28 de marzo, según el texto firmado, las autonomías deberán haber aprobado "las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento" al Acuerdo, como ha hecho recientemente la Comunidad Valenciana.

"Transcurrido el primer año desde la entrada en vigor las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo, una mayoría de Comunidades Autónomas podrán solicitar, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la evaluación del impacto de este Acuerdo, y proponer, en su caso, una modificación del mismo", reza asimismo el texto.