Las residencias ven inviable trasladar de puesto a los trabajadores que rechacen la vacuna

Entre las medidas recomendadas para las residencias de mayores que han sido actualizadas respecto a las del mes de marzo y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) figura, por lo que se refiere al personal trabajador no vacunado o que rechace la vacuna, la posibilidad de realizar un control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo 2 veces por semana), como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención, así como la posibilidad de valorar su cambio de puesto de trabajo.

Sin embargo, las residencias han considerado esta medida presentada por la ministra como descafeinada. Las patronales del sector ven la sugerencia del cambio de puesto de trabajo como una opción inviable puesto que en la mayoría de casos, el personal de las residencias está constituido por auxiliares cuyo trabajo consiste en atender al día a día de los mayores residentes lo que hace su reubicación extremadamente difícil.

En el mismo sentido, el secretario general de la  Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, califica la medida en 65Ymás como de "la última ocurrencia de un Ministerio paralizado por el miedo a tomar decisiones y con cada vez menos competencias". Para él, la reubicación implicaría poner a un Auxiliar de Enfermería que no se ha querido vacunar "a ¿cambiar bombillas, por ejemplo?, ¿arreglar la calefacción de los centros?, ¿preparar quizás la comida de los mayores? ¡Ni se puede, ni se debe! Las funciones de cada categoría laboral vienen perfectamente definidas en cada convenio colectivo, y el personal que contratamos para que atienda de forma directa y adecuada a las personas mayores, debe realizar este tipo de funciones".

Se trata de un documento “generalista, que no concreta nada, son meras recomendaciones”, apunta por su parte en declaraciones a El País José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes para quien “no se entiende que no se regulen cuestiones tan importantes para mantener la protección de las personas vulnerables que viven en residencias como la obligatoriedad de la vacunación de los trabajadores o la exigencia de un pasaporte covid para las visitas”.

En declaraciones al mismo medio, Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Sevilla, apunta que “se plantean dudas sobre si un cambio en el puesto de trabajo podría resultar ilícito. Ahora mismo no hay ninguna legislación, ni en el plano laboral ni en el de la salud, que establezca que la vacunación es un requisito para el desempeño de determinados trabajos, y no podría adoptarla una comunidad autónoma, sino el Gobierno. Si un empleado va a los tribunales, se revisará caso por caso, y podría considerarse ilegal y acarrear consecuencias para el empleador porque una recomendación no tiene ningún valor jurídico”.

Jesús Cubero también recuerda en 65Ymás que las medidas que "desde todas las partes reclamamos y que están adoptando otros países avanzados de nuestro entorno son: planificación de la tercera dosis de vacunación para personas en situación de especial vulnerabilidad, vacunación obligatoria para todo el personal de atención directa (o medidas extraordinarias para poder sus pender esos contratos hasta que haya pasado del todo la pandemia), pauta de vacunación completa para las visitas familiares en las residencias, y mantener las medidas de prudencia y sentido común con las que venimos trabajando en los últimos meses (distancia social necesaria, uso de la mascarilla y gel hidroalcólico)".

En esta misma línea, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha pedido que el Gobierno sea "valiente" y establezca mediante una ley la obligatoriedad de vacunarse contra la Covid-19 al personal de atención a personas vulnerables, como el de las residencias de personas mayores, y del sistema sanitario.

Pascual ha recordado que otros países europeos ya han establecido normativa en esta línea y ha subrayado que "no nos pueden a nosotros dejar para que les digamos al personal si se vacuna o qué, porque no nos cubre la ley".

La presidenta de la patronal de residencias ha explicado que el 95% de los profesionales del sector se ha vacunado, un dato que evidencia que "abogar por la responsabilidad ha funcionado", pero ha advertido de que hay "un 5% que no quiere por diversos motivos" y las personas no vacunadas son "un riesgo" en las residencias.

Pascual ha incidido en que los profesionales de estos centros atienden a personas vulnerables y no pueden "distanciarse de ellos para poderles atender" porque "no hay otra manera de hacer el trabajo".