Penas de hasta 9 años por reformar pisos alquilados y subarrendarlos como turísticos

La Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre 3 años y medio y 9 años de prisión para los diez acusados de formar una organización criminal dedicada al alquiler de viviendas en Barcelona, utilizando documentación fraudulenta. Este grupo reformaba inmuebles sin el conocimiento ni consentimiento de los propietarios, con el propósito de incrementar el número de habitaciones y subarrendarlas como alojamientos turísticos o compartidos, a pesar de carecer de licencia.

Este lunes ha dado inicio el juicio en la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se ha trasladado a una sala de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, dado el elevado número de acusados y defensas a considerar.

Durante la primera sesión, centrada en cuestiones preliminares, dos de las defensas presentaron sentencias previas para argumentar "cosa juzgada", intentando convencer al tribunal de que sus defendidos ya habían sido condenados por algunos de los hechos relacionados con esta causa. La Fiscalía, por su parte, consideró estas resoluciones como evidencia adicional de la actividad delictiva de los acusados.

Los letrados también solicitaron que todos los acusados pudiesen declarar al final del proceso, tras la presentación de todas las pruebas, petición a la que el magistrado presidente no se opuso.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los delitos por los que se les acusa ocurrieron entre 2017 y 2020. El ministerio público sostiene que los acusados actuaban en conjunto y repartían los beneficios de acuerdo a las funciones que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal.

Los diez acusados, uno de ellos compareciendo por videoconferencia, "crearon un entramado cuyo objetivo era contactar con propietarios de inmuebles que anunciaban sus viviendas para formalizar un contrato de arrendamiento". Para ello, presentaban "documentación alterada" con el fin de aparentar solvencia económica. Una vez lograban alquilar las propiedades, cesaban los pagos tras abonar la fianza o la primera mensualidad, y posteriormente realizaban obras sin el conocimiento o consentimiento del propietario.

La fiscalía indica que, de este modo, aumentaban el número de habitaciones para subarrendarlas con fines turísticos a través de dos conocidas plataformas en Internet, todo ello "sin contar con la preceptiva licencia para tal actividad". Una vez que los propietarios se percataban de lo que ocurría, ya no podían acceder a sus viviendas, ocupadas por el grupo criminal, que generaba un clima de miedo y terror cuando estos acudían a pedir explicaciones tras ser alertados por los vecinos del constante trasiego de turistas.

En otras ocasiones, los propios acusados llamaban a los Mossos d'Esquadra o a la Guardia Urbana, mostrándoles los contratos de alquiler y solicitando la expulsión de los propietarios del inmueble.

La Fiscalía sitúa en la cúspide de esta organización criminal a un padre y su hijo, así como a dos mujeres, a quienes atribuye la gestión de las reformas para acondicionar los inmuebles como pisos turísticos, la administración de la red de propiedades y la gestión de cobros y repartos de beneficios.

Una de estas mujeres adquirió, junto a su marido —también procesado—, una sociedad mercantil en 2018, que supuestamente utilizaban para crear contratos laborales que otros miembros de la trama presentaban al alquilar un piso, con el fin de demostrar solvencia económica ante los propietarios.

Los demás acusados aparecen "como arrendatarios en numerosos contratos", presentando documentación alterada y siendo titulares de cuentas bancarias desde las cuales realizaban los pagos de las mensualidades y fianzas. La Fiscalía añade que "ninguno de los acusados ha trabajado en las empresas que mencionaban en los contratos de trabajo y nóminas que aportaban a los propietarios". Se prevé que comiencen a declarar en calidad de testigos a partir de este jueves, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.

El juicio, que se prolongará durante dos semanas, se reanudará este martes con testimonios de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional; los acusados prestarán declaración el 4 de diciembre.

Primera denuncia en 2019

La primera denuncia fue presentada por la propietaria de un piso el 14 de mayo de 2019, tras la inspección realizada por el Ayuntamiento de Barcelona en junio de 2018, que dio lugar a un expediente de alojamiento turístico sin licencia.

En los registros efectuados el 8 de julio de 2020, por orden del Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona en los domicilios de los acusados, se encontraron documentos relacionados con estas viviendas, contratos de alquiler, juegos de llaves de más de 20 inmuebles, dinero en efectivo y escrituras de empresas utilizadas supuestamente para simular nóminas.

Por los hechos que se les imputan, un total de 48, los propietarios reclaman más de 600.000 euros por las rentas no percibidas y por los daños ocasionados en sus propiedades debido a las obras realizadas.

En el escrito de acusación de la Fiscalía —la acusación particular se ha retirado antes de que comenzara la vista oral, aunque reclama compensaciones por daños— se describen coacciones y amenazas hacia los propietarios, a quienes supuestamente llegaron a exigir diversas cantidades de dinero para recuperar sus pisos.

También se relatan amenazas tales como "te vamos a matar, hijo de puta, si no entregas las llaves te reventamos la puerta" dirigidas a uno de los propietarios, quien finalmente decidió entregarlas ese mismo día, a pesar de haber cambiado la cerradura con la intención de desalojo.

Se menciona que los acusados instalaron cámaras de vigilancia en los pisos turísticos y, cuando tenían conocimiento de que los propietarios acudían a sus propiedades, se acercaban para exigirles "que abandonasen el lugar bajo amenazas de causarles algún daño" o de llamar a los Mossos o la Guardia Urbana para que los expulsaran, mostrando los contratos de alquiler.

Por estos motivos, la Fiscalía solicita penas que van desde 3 años y medio hasta 9 años por delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental mercantil continuada, tres delitos de extorsión y un delito leve de coacciones, así como que se indemnice a los afectados con la cantidad que se decida en ejecución de la sentencia.