Polémica con los fondos para el nuevo modelo de residencias: Madrid amenaza con ir a los tribunales

La caótica implantación del nuevo modelo de residencias de mayores: "Hay demasiados flecos sueltos"

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado este miércoles ha terminado con polémica.

Durante la reunión entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas, se ha pactado el reparto del Nivel Acordado que se llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Según ha dado a conocer Derechos Sociales, para este año 2023, los fondos destinados alcanzarán los 783 millones de euros, una cifra que supone un aumento de 300 millones respecto al año pasado, afirman. 
 
“Para poner en valor esta nueva aportación quiero recordar cuál era el punto de partida. Tras años de supresión de esta dotación, finalmente en 2021 conseguimos recuperarla, invirtiendo más de 283 millones de euros. En 2022, el nivel acordado siguió aumentando y ascendió ya a más de 483 millones de euros. Y tal y como ya he comentado, este año contamos con 783 millones de euros. Creo que esto es una buena muestra del compromiso de este Gobierno con la dependencia”, habría recalcado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante su intervención en el Consejo Territorial.

Dentro de esta partida, 200 millones de euros se repartirán entre las CCAA que se comprometan y cumplan con el Acuerdo de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, es decir, con el nuevo modelo de residencias promovido por Derechos Sociales. 

El nuevo modelo fue aprobado el 28 de junio de 2022 con el voto a favor de Asturias, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Canarias, Cantabria, Aragón y Melilla y con el apoyo de organizaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. 

Se opusieron al texto, por distintas razones, Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y asociaciones de familiares, patronales y sindicatos, también por diferentes motivos. 

Según el Acuerdo, las residencias de nueva construcción deberán tener más personal, dividirse en unidades de convivencia de 15 personas, ser hogareñas, no tener más de 120 plazas –si son de nueva construcción–, fomentar la participación de todos y eliminar progresivamente las sujeciones químicas y físicas, entre otros cambios. 

Madrid se opone

Ahora bien, por lo que ha podido saber 65YMÁS, de momento, una región, la Comunidad de Madrid, se ha opuesto frontalmente a esta forma de repartir los fondos, que considera discriminatoria. El resto aún no se han pronunciado públicamente.

Cabe recordar que esta autonomía votó en contra del nuevo modelo de residencias y anunció que aplicaría su propio sistema.

De esta manera, según aseguran desde la Comunidad, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, habría denunciado en la reunión que el ministerio “utiliza la financiación estatal como instrumento de presión, quiebra el principio de lealtad institucional y no es más que un último intento de salvar un acuerdo que carece de efectividad en la mayor parte del país”.

Dancausa habría asimismo reafirmado su rechazo al Acuerdo por, según aseguran desde la Comunidad, invadir competencias, carecer de una memoria económica ajustada a la realidad, limitar el acceso de nuevos usuarios al sistema e incrementar las listas de espera.

También habría recordado que el Gobierno regional, pese a este voto en contra, ya estaría adoptando medidas en el ámbito de la calidad del cuidado, como la creación de unidades de convivencia de hasta 25 usuarios, “que estamos implantando en ejercicio de nuestra competencia constitucional y no por imposición del Estado”.

“Es la primera vez que se priva a las comunidades de participar en la distribución de fondos por el simple hecho del sentido de su voto”, ha denunciado.

Es más, desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que acudirán a los tribunales si finalmente se aprueba este reparto. “La Comunidad de Madrid va a utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los tribunales de justicia, para evitar esta clara discriminación”, ha afirmado.