Las residencias de mayores, "en serio peligro" por la inflación disparada

La inflación disparada podría poner en peligro la viabilidad del sistema público-privado de residencias de mayores, según denuncian varias patronales de la Dependencia que avisan: algunos concursos públicos pueden quedar desiertos en 2023, si las administraciones no aumentan lo que pagan por plaza concertada en base a la subida de los costes. 

Cabe recordar que gran parte de las regiones como Extremadura, Cantabria –IPC–, Cataluña –3%–, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha –5%–, entre otras, han anunciado aumentos en el precio que se paga por cama para evitar esta situación si bien, en muchos casos, los incrementos no llegan a la subida real de los costes. 

Y es que, argumentan las empresas, ya se están viendo algunos casos de licitaciones en sectores como la alimentación, el transporte o las obras públicas que terminan sin participantes al no ser tan rentables para las empresas. 

Con todo, este quizá no sea un fenómeno mayoritario, puesto que el sector de los cuidados depende de la financiación del Estado para sobrevivir. Es decir, que probablemente muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas –más de dos tercios del mercado–, se sigan presentando a concursos, aunque no vayan a tener grandes beneficios. 

Eso sí, mientras, se abren los siguientes interrogantes: ¿Podrán hacer frente las empresas a los gastos derivados de la subida de los suministros energéticos este invierno –la mayoría de los edificios son antiguos y no son eficientes–? ¿Están subiendo el precio de las plazas privadas para compensar? ¿Han bajado la calidad del servicio –menús, personal...– a riesgo de ser sancionados? ¿Afectará la subida del IPC a los gastos derivados de la implementación del nuevo modelo de residencias –construcción, reformas, etc.–?

Para los expertos no es descartable una subida de los precios

Para el experto en el sector de las residencias y presidente del foro de economistas inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, la inflación y la subida de los tipos de interés pueden poner en serios aprietos a un sector muy dependiente del dinero público, con una baja rentabilidad –entre el 4% y el 5%– y muy intensivo en mano de obra –los sueldos también han subido y se prevé que lo sigan haciendo–. 

"La subida del Euribor supone que la obtención de financiación para estos proyectos no bajará del 4%, encareciendo el coste para estas inversiones. De igual forma, la inflación –7,3% en España, pero 10,7% en la zona euro– encarece los gastos operativos", contextualiza.

Sin embargo, anticipa Salcedo, no es previsible que las empresas aumenten mucho el precio de las plazas privadas para compensar –hasta ahora, no todas lo han hecho–, puesto que acabarían perdiendo clientes a medio plazo. Cabe apuntar que el precio medio mensual por cama era, en 2021, de unos 1.800 euros frente a los 1.700 de 2017. "Si la financiación para las plazas concertadas aumenta un 2%, por ejemplo –sabemos que van a ser inferiores a la inflación real–, esto obligaría a las empresas a incrementar un 15% el precio de las privadas. Es imposible de asumir. No obstante, otra cosa es que el incremento sea del 4% o 5%. Eso es más plausible", argumenta. Con todo, matiza, "las tarifas superan con mucho la pensión media de jubilación, lo que implica tener que desembolsar una cantidad adicional que no todos los mayores o sus familias pueden permitirse" y, en paralelo, "estamos viendo que el Estado tiene déficit y que no puede atender todo lo que quiere". 

Tampoco parece sostenible, opina Salcedo, que las empresas rebajen la calidad del servicio prestado, puesto que se expondrían a sanciones y, desde el punto de vista económico, no les daría tampoco un beneficio extra suficiente. Por tanto, avisa el experto, se dibuja un panorama complejo para las gestoras de residencias en el que probablemente no vayan a ganar tanto dinero como antes y, seguramente, las pequeñas y medianas empresas acaben presentándose a concursos "aunque la rentabilidad resulte próxima a cero –cubrir los gastos fijos en su totalidad–". "De lo contrario, entrarían en proceso de insolvencia", advierte. Una visión que comparte el presidente de Inforesidencias (@Inforesidencias), Josep Martí, quien no cree que los concursos vayan a quedar desiertos. "Pienso que no será algo ni mucho menos generalizado debido a la tendencia demográfica", comenta.

Apoyo de la administración para no entrar en pérdidas o subir precios

No obstante, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, sí que entiende que hay riesgo de que algunas empresas acaben cerrando. “Llevamos demandando este cambio desde hace mucho tiempo, desde que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aplicó la norma de no indexación de los contratos con las administraciones", comenta a este diario Fernández-Cid, quien entiende que "ahogar a las empresas es pegarse un tiro en el pie".

"El Estado no puede mirar para otro lado cuando los precios se disparan y entramos en inviabilidad, porque por algún lado acabará saliendo el problema. Deberían revisar sus precios públicos anualmente y ser sensibles al incremento de los costes. Si no, vamos a acabar entrando en pérdidas y entonces, ¿cómo se sostiene esto?”, señala Fernández-Cid. Y advierte: “Hay más de 181.000 plazas en el mercado, ¿va a ser sostenible para ellos? Si suben las tarifas un 50%, ¿quién va a poder pagar?”.

"Por el momento, en términos generales, en las residencias de Lares Madrid, este mayor coste lo están asumiendo directamente, y con mucho esfuerzo, los propios centros, sin repercutir este mayor gasto en las cuotas de los residentes", afirma el vicepresidente la patronal Lares Madrid (@LaresMadrid), Fernando Mosteiro. 

"Es muy importante el apoyo de la administración en estos momentos, no solo en las plazas concertadas, sino también al sector en general. Hay que tener en cuenta que muchas de las plazas son Sociales, no concertadas, para personas que no pueden pagar el coste y que, indudablemente, no podrían asumir ni un mínimo incremento en su cuota. Es necesario un pacto entre patronales, sindicatos y administración de cara a los convenios, los precios de las concertadas y un apoyo a las sociales, para poder afrontarlo, sin tener que repercutir más costes a nuestros residentes", sostiene.

"Podíamos aumentar los precios de plaza privada, pero la mayoría del sector no lo ha hecho. El año pasado algunos trataron de aplicar el IPC pero, en general, no. Y lo que paga el Estado por las concertadas han subido un 2 y pico: ninguno ha aumentado el 6,5% del IPC. Mientras, cada administración coge la pelota y la tira en el tejado de la otra", explica por su parte la presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), Cinta Pascual. 

"Estamos desesperados. Está siendo muy difícil. Y es una falta de responsabilidad el que las administraciones no hagan una negociación a nivel estatal para fijar un importe por debajo del cual no se pueda trabajar", critica Pascual que, al igual que el presidente de la FED, avisa: si esto no ocurre, algunos concursos pueden quedar desiertos y las pequeñas y medianas empresas sufrirán las consecuencias. "Ya ocurrió en Valencia. Aunque subieron lo que se pagaba, con los requisitos que se pedían, no se llegaba", recuerda. "Todo el mundo intenta adaptarse: con placas solares –eficiencia energética–, los fondos Next Generation, pero no es tan fácil. Lanzamos una llamada de socorro, porque, o empezamos a hacer algo o esto puede ser un drama.", reconoce. 

CCOO y familiares denuncian que las empresas están bajando la calidad

Ahora bien, no todas las partes ven el problema de la misma manera. Tanto familiares como el sindicato CCOO entienden que las empresas están rebajando la calidad para cuadrar sus cuentas y, en algunos casos, aumentando el precio de la plaza privada.

"La política cicatera que ya aplicaban en sus centros se ha recrudecido especialmente en esta situación de IPC tan alto, con consecuencias negativas en la calidad de la atención a la persona usuaria, que repercute en una más que deficiente política de sustituciones de personal –en un contexto de plantillas muy deficientes sometidas a cargas de trabajo cada vez más insostenibles–; a lo que se suma la incidencia negativa en la calidad de la comida y en la provisión de material", afirma el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera.

"A esto hay que añadir las precarias condiciones de trabajo del personal, con salarios bajos tras dos años de congelación y un bloqueo del convenio estatal de más de cuatro años", opina. Teniendo en cuenta todo lo anterior, apostilla, "las administraciones públicas deberían aumentar la financiación para incrementar las ratios de plantilla y repercutir en una mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo". 

Coincide con Cabrera el portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias de Mayores (@La_Plataforma_1) y presidente de la asociación gallega REDE (@REDE_org), Paulino Campos, quien además denuncia que algunos centros han subido sus tarifas, prometiendo para justificar los incrementos mejoras que no acaban de llegar. Más bien al revés, en su opinión, la calidad ha bajado. "La inflación ya la pagamos a principio de este año cuando se han aplicado subidas de entre 5,5 y 6,5%, dependiendo de si la empresa de referencia ha tomado el IPC de noviembre-2021 o de diciembre-2021, lo que ha supuesto un incremento 'salvaje' de entre 110 y 130 euros mensuales en una factura tipo de 2.000 euros", critica.

Finalmente, la presidenta de la Coordinadora catalana de familiares 5+1 (@CooResidencias), María José Carcelén, avisa: muchas empresas han avisado, "indirectamente", que deberán aumentar los precios de cara a 2023. "No han dicho nada claro, pero todo el mundo lo tiene claro en las residencias privadas: el precio va a incrementarse este año. Y en paralelo, se han multiplicado las quejas que nos llegan respecto a la calidad de la comida –peores gamas y menor cantidad– y a la falta de personal –no contratan, bajas y días libres por la rotación–", denuncia.

"Por ejemplo, en Cataluña van a pagar el 3%, pero el IPC ha sido del 10%. Y es evidente que ellos no van a perder dinero, porque vienen a hacer negocio. No van a poner las grandes empresas el dinero de su bolsillo. Y tampoco les van a sancionar por bajar la calidad, porque no hay casi inspecciones", prevé. 

Y lanza un aviso de cara al invierno: "Estamos muy preocupados. Si ya solíamos tener problemas con la calefacción otros años, este invierno, la calefacción va a estar 'rota' mucho tiempo. Es un gasto muy importante y hablamos de personas para las que es fundamental". 

El Ministerio de Derechos Sociales se pronuncia

65YMÁS se ha puesto en contacto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer cuál es su posición ante esta situación. Desde el ministerio aseguran que "cada comunidad autónoma tiene sus contratos de concierto de plazas, por lo que no cabe una negociación común ni acordada. Estos límites están planteados, entre otras cosas, en la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, la financiación recuperada e incrementada del nivel acordado a las CCAA tiene entre sus finalidades la mejora de los conciertos, tal y como figura en el Plan de Choque a la Dependencia 2021-2023".