La cara B de la promesa de Sánchez de reducir el plazo para cobrar la ayuda de Dependencia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que fijarán por ley un máximo de 30 días para recibir la prestación por dependencia.

"Vamos a fijar por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones como la ayuda a la Dependencia", ha anunciado Sánchez, este miércoles, durante su discurso inicial en el debate de investidura celebrado en el Congreso de los Diputados.

Un gran anuncio con una cara B, ya que no significa en absoluto que las listas de espera de la Dependencia se vayan a reducir a 30 días, puesto que lo que se rebaja es únicamente el tiempo de espera para poder comenzar a cobrar-percibir la prestación.

El plazo total de todo el proceso burocrático de la Dependencia (solicitud, valoración, Programa Individual de Atención (PIA) y concesión de la ayuda) puede llegar a superar el año, en algunas comunidades llega casi a los 3 años (Canarias: 977 días en 2022, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales).

Así, como hemos explicado, la reducción anunciada por el presidente en funciones sólo afectaría "por ley" en principio a la última fase de todo el periplo que un ciudadano que precise ayuda a la Dependencia sufre.

Un total de 190.695 personas estaban pendientes de recibir prestación por dependencia a septiembre de 2023 en España y 22.311 fallecieron en lista de espera entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, de las que 11.900 tenían el derecho reconocido, pendientes de prestación, y 10.411 pendientes de resolución de grado, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según esta asociación, en 2022 el tiempo medio de espera total fue de 344 días y había 353.965 personas en el limbo de la Dependencia, esperando cualquier tipo de trámite relacionado con el ejercicio de este derecho –131.810 personas pendientes de valoración y 177.423 a la espera del servicio–. En paralelo, fallecieron 45.360 personas inmersas en estos trámites burocráticos sin prestación. 

Por normativa, el plazo total para resolver los expedientes no debería superar los seis meses, aunque claramente en la mayoría de CCAA se incumple. 

Desde la Asociación de Directora y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, José Ramírez, valora positivamente que se hable de Dependencia y que se quiera aumentar al 50% la financiación del Estado, siempre y cuando las CCAA mantengan su inversión.

Eso sí, respecto a la propuesta de los 30 días, espera a tener más concreción, si bien advierte que los anuncios de este tipo pueden ser "irresponsables, si no hay una voluntad clara de solucionar este problema". 

Y es que, denuncia, en el último año "varias CCAA han hecho caja con el dinero del Planes Choque para reducir la lista de la dependencia" y ciertas regiones siguen sin bajar a cifras razonables.

Por ello, advierte, habrá autonomías –que son las que tienen la competencia en servicios sociales– que puedan cumplir, pero otras como, por ejemplo, "Cataluña, donde el volumen es tan grande que es imposible de lograr".

Así pues, indica, quedan a la espera de más información sobre esta propuesta del presidente del Gobierno en funciones y esperan a ver cómo se materializa para valorarla con detalle. 

 

Por otra parte, el presidente también se ha comprometido a "continuar reforzando el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos de acceso para que más hogares puedan cobrarlo" y con el objetivo de bajar los niveles de desigualdad y pobreza.

En este sentido, el presidente del Gobierno en funciones ha afirmado que es consciente de que muy a menudo, la administración es "lenta, excesivamente burocrática y probablemente farragosa".

Por ello, ha anunciado que en esta legislatura van a "continuar simplificando todos los trámites administrativos" y van a "establecer un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria".