La patronal de los hospitales privados, ASPE (@ASPEsanidad), organización que pertenece a CEOE (@CEOE_ES), quiere llevar a Sanitas y Generali ante los tribunales y ante la Comisión Nacional de la Competencia (@CNMC_ES). Considera que el acuerdo alcanzado por ambas aseguradoras para que los clientes de Generali sean atendidos en Sanitas, incumple las normas de competencia.
El pasado mes de octubre, Generali y Sanitas alcanzaron un acuerdo por el que, desde principios de este año, los cerca de 150.000 clientes del seguro de salud de Generali pasaron a ser atendidos como si fuesen asegurados de Sanitas. Es decir, los clientes de Generali serán gestionados por Sanitas, con su cuadro médico propio y en sus centros privados externos. Un cambio que ha resuelto la compañía de manera unilateral.
El dictamen jurídico encargado por la Alianza de la Sanidad Privada Española, desarrollado por el despacho Lener, considera que el acuerdo firmado en octubre de 2022 entre las compañías aseguradoras Sanitas y Generali vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe.
El principal de los efectos de esta estrategia, según ASPE, es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así abuso de una posición de dominio en la negociación, de la que carecería Generali. Para la patronal, el problema radica en que Sanitas, gracias a su mayor cuota de mercado, consigue mejores precios por su relevante volumen de clientes que Generali, lo que supone un perjuicio para las clínicas que ya provisionaban a esos asegurados bajo otras condiciones. Sanitas cuenta alrededor de un 15% de cuota de mercado de pólizas de salud, mientras que la cuota de Generali es de alrededor del 1,5%.
ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas aseguradoras ya en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerdo, pero ambas compañías han ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe.
A la falta de transparencia, “se une una importante confusión en el mercado, no sólo a nivel de gestión de centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias del acuerdo sobre el cuadro médico y de servicios de los que ahora disponen”, señala el dictamen jurídico encargado por la patronal de la sanidad privada.
“Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa (la que tenían concertada con Sanitas) que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali”, dice el dictamen jurídico. “Por este motivo, y tras haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, cabría plantear la oportuna demanda y/o denuncia ante la CNMC, por infracción de las normas de competencia”, añade.
Como agravante, esta acción se ha llevado a cabo de forma unilateral e impositiva, sin tener en cuenta un necesario consenso con los centros sanitarios afectados, simplemente comunicándoles, tanto por Generali como por Sanitas, que el contrato anterior quedaba fuera de vigor, siendo sustituido por un nuevo contrato que establece nuevas condiciones no pactadas
El informe jurídico encargado por ASPE señala que “la actuación de Generali podría vulnerar lo dispuesto en la LCD, por imponer unilateralmente a los hospitales la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali (las vigentes con Sanitas) distinta de las pactadas”.
