Madrid presenta su nuevo modelo de residencias: más hogareñas, más trabajadores y horarios flexibles

Polémica con los fondos para el nuevo modelo de residencias: Madrid amenaza con ir a los tribunales

La Comunidad Valenciana aprueba su nuevo modelo de residencias de mayores

La Comunidad de Madrid ha dado a conocer cómo será su nuevo modelo de residencias de mayores.

Recientemente, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha comenzado a tramitar un proyecto de reglamento –consúltalo aquí–  en el cual se establecen cuáles serán los requisitos y estándares de calidad para los centros sociosanitarios que quieran acreditarse en 2024.

Unos requisitos, que se han diseñado en base a cinco principios básicos: la dignidad y el respeto al dependiente, la personalización de la atención, la participación y la libertad de elección, el derecho a la salud y al bienestar personal y la proximidad y las conexiones comunitarias.

Nuevos centros más pequeños y hogareños

En concreto, las residencias nuevas que quieran acreditarse no podrán contar con más de 150 plazas autorizadas, un 50% de las habitaciones deberán ser individuales y las que tengan más de 50 camas deberán contar como mínimo con un 33% de sus camas organizadas en unidades de convivencia de un máximo de 25 usuarios y el resto de plazas también tendrán que "garantizar un ambiente y funcionamiento similares a un hogar". 

Estas unidades deberán estar separadas claramente unas de otras, tendrán que "contar con las habitaciones necesarias, todas con acceso a baño adaptado o adaptable y con un espacio común, debidamente equipado, que incluye zona de cocina o de office, comedor y sala de estar". "Los residentes podrán participar en la personalización" de las mismas, añade el reglamento. 

Más personal

En cuanto al personal, los nuevos centros tendrán que contar con auxiliares, técnicos en actividades socioculturales, coordinadores de unidades de convivencia, educadores, docentes de taller, personal profesional de las ramas sanitaria y social que cuente con grado universitario, intérpretes de lengua de signos, integradores sociales y trabajadores de la limpieza, cocina, lavandería, transporte y mantenimiento. 

Las residencias con más de 50 plazas, deberán contratar asimismo a jornada completa, al menos, a un profesional de ámbito sanitario, con titulación mínima de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

La ratio mínima de personal de atención directa deberá ser de 0,45, en forma de jornadas completas, en centros con más de 50 plazas acreditadas y, de 0,37, en los que tengan menos de 50. 

Además, los centros deberán contar con "profesionales de referencia, gestores o coordinadores de apoyos, que contribuyan a promover la voluntad y preferencias de las personas residentes, a coordinar los apoyos diarios, y a establecer relaciones de confianza con aquellas y sus familias o personas allegadas". 

"Evitar actividades repetitivas o infantilizadoras"

Por otra parte, la organización de la residencia deberá "basarse en el respeto a las rutinas y hábitos de cada persona, teniendo en cuenta criterios de calidad de vida y personalización".

"Deben evitarse horarios y normas rígidas y uniformes orientadas exclusivamente a la eficiencia del sistema y la organización del mismo", reza el proyecto de reglamento, en el cual se apostilla además que "las personas residentes tienen derecho a proponer y realizar actividades significativas, y a evitar aquellas repetitivas o infantilizadoras que no respeten su dignidad".  

Planes de contingencia, participación y libres de sujeciones

Finalmente, según el documento, las residencias que quieran acreditarse deberán contar también con planes de contingencia ante cualquier incidente como desastres naturales, epidemias y ataques o fallos informáticos; tendrán que garantizar que los usuarios o en su defecto las familias puedan participar "en las decisiones relativas a la planificación, prestación y organización de los servicios" –consejos de personas residentes y comisiones de menús– y que haya visitas libres sin limitaciones "injustificadas de horarios", así como canales directos de comunicación y conexión gratuita a internet. Por último, deberán eliminar progresivamente las "sujeciones", "salvo en situaciones excepcionales y de urgente necesidad" en las que pueda estar en peligro la integridad del usuario o de terceras personas. 

Un sistema diferente

Cabe recordar que el modelo de residencias de Madrid es diferente al del resto de CCAA. A finales de junio de 2022, hace nueve meses, la región anunció que iba a diseñar un sistema propio, diferente al estipulado en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que se aprobó el 28 de junio de ese mismo año. El marco estatal de mínimos implicaba crear unidades de convivencia de 15 personas, que los nuevos centros tuviesen menos de 120 plazas y que se aplicasen unas ratios de personal de atención directa conjunta de 0,51 en 2029, entre otros cambios. 

El Acuerdo estatal salió adelante entonces con el voto en contra de Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que se opusieron al considerar, en unos casos, que la financiación no estaba garantizada y, en otros, que el Gobierno se entrometía en sus competencias.

Recientemente, el 28 de marzo, se ha cumplido el plazo estipulado para que todas las comunidades aprueben "las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento" al Acuerdo de Acreditación estatal, promovido por el Gobierno.

"Transcurrido el primer año desde la entrada en vigor las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo, una mayoría de Comunidades Autónomas podrán solicitar, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la evaluación del impacto de este Acuerdo, y proponer, en su caso, una modificación del mismo", reza asimismo el texto.

Para lograr que todas las CCAA implementen el texto acordado, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destinado una partida de 200 millones de euros que sólo podrán recibir quienes se comprometan con lo estipulado en el documento pactado a nivel estatal.

Esta decisión ha provocado la oposición de varias patronales de la Dependencia y de la Comunidad de Madrid, que amenazó con llevar a los tribunales el reparto de fondos por "discriminatorio".   

Lecciones de la pandemia

Cabe recordar que la modificación y modernización del modelo de residencias responde a una demanda histórica de familiares, asociaciones de mayores y gerontólogos. 

Ahora bien, no fue hasta la llegada de la pandemia –cuando quedaron patentes las carencias de estos centros, como la falta de personal y de cualificación–, que las administraciones públicas se comprometieron a pisar el acelerador y a mejorar de una vez el sistema, garantizando una mayor coordinación sociosanitaria, fomentando la desinstitucionalización y velando por un modelo centrado en los residentes. 

Con todo, estas propuestas no convencen del todo a las asociaciones de familias ni a los sindicatos que demandan ir más allá y aumentar más las ratios de personal y la formación, así como mejorar más la calidad del servicio prestado. Por su parte, las patronales de las residencias han pedido a las administraciones en diversas ocasiones que garanticen la financiación suficiente para adaptarse al nuevo modelo. 

Desde el Ministerio de Derechos Sociales han asegurado en reiteradas ocasiones que los fondos aportados serán suficientes para que las CCAA transiten hacia el nuevo modelo de cuidados y que se trata de un acuerdo de "mínimos". Además, han sostenido que el objetivo fundamental es tender hacia la desinstitucionalización y al mismo tiempo mejorar la calidad de la atención en residencias.