Soledad no deseada: el Senado insta al Gobierno a desarrollar programas de acompañamiento afectivo

La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado este martes por unanimidad una moción de Junts, por la que se insta al Gobierno a reconocer el derecho al acompañamiento afectivo de las personas y a desarrollar programas y medidas contra la soledad, especialmente, de las personas mayores.

En concreto, la iniciativa, que ha sido votada con una transacción, pide al Ejecutivo que reconozca "el derecho de acompañamiento afectivo, entendido como el derecho de todas las personas a relacionarse y a ser tratadas con afecto, a sentirse acompañadas y a que esta sea una relación entre iguales, afectiva, libre, bilateral, directa, respetuosa y consentida".

Asimismo, insta al Gobierno a "seguir desarrollando programas y medidas a favor del derecho al acompañamiento afectivo, en coordinación con las organizaciones del Tercer Sector, los ayuntamientos y el marco competencial de las comunidades autónomas, con el fin de combatir el aislamiento social, particularmente entre la población de mayor edad y en el ámbito rural".

Así, propone impulsar actuaciones para mejorar la prevención, la detección y la intervención, con el apoyo y la financiación suficiente para llevarla a cabo. También pide reconocer la tarea de todas las organizaciones que trabajan para acompañar a las personas en situación de soledad.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a analizar la dimensión de los cuidados a personas en situación de dependencia por parte de las cuidadoras no profesionales, así como el impacto en sus vidas personales o laborales.

Según señalan los socialistas en el texto de esta moción, que ha sido aprobada con 11 votos a favor y 18 abstenciones, en este momento, "el único derecho reconocido a las miles de personas cuidadoras no profesionales en España es el de la cotización a la Seguridad Social" y pide "ampliar sus derechos".

En este momento, según indican, citando datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay 74.322 cuidadores no profesionales dados de alta como cotizantes a través de ese convenio especial con la Seguridad Social. El 73,3% son mujeres frente al 26,7% de hombres, llegando en algunas Comunidades Autónomas a superar el 80% de mujeres, como en Andalucía, Galicia, Melilla o Ceuta.

Además, según añaden, citando datos del IMSERSO, en octubre de 2023 había 552.075 prestaciones económicas para el cuidado al entorno familiar concedidas: 149.803 para personas valoradas con Grado III (un 27.13% del total), 215.906 con Grado II (el 39,11%) y 186.365 con Grado I (el 33,76%).

Por otra parte, la comisión ha aprobado dos mociones del Grupo Parlamentario Popular (GPP), una por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar los servicios de atención al usuario de la Administración General del Estado, que ha sido aprobada con 18 votos a favor, 10 votos en contra y una abstención.

Según señalan los 'populares' en la exposición de motivos, "publicaciones recientes en diferentes medios de comunicación dejan constancia del deterioro al que este Gobierno ha llevado a los servicios de la administración pública, publicaciones que dejan constancia de los numerosos intentos fallidos de trámites en muy diversas oficinas administrativas, de muy diferentes partes de España, siendo el resultado la misma imposibilidad de ser atendidas las demandas ciudadanas".

Por ello, en el texto de la moción, se pide "devolver la presencialidad a las consultas de los ciudadanos en el mayor porcentaje posible, atendiendo de manera especial a las personas de más edad de las que se prevea que tendrán mayores dificultades para una gestión en línea de sus demandas, o que simplemente así lo soliciten".

Asimismo, plantean "implantar Servicios de Atención al Usuario donde se puedan presentar y tramitar todas las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias".

La segunda moción del PP, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora del funcionamiento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha sido aprobada con 17 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.