El Supremo imputa a García Ortiz e investiga por primera vez a un fiscal general

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, se mostró en contra de que el alto tribunal investigase a su jefe, el fiscal general del Estado, al entender que los hechos no eran "constitutivos de delito", por lo que pidió "archivar las actuaciones".

El Supremo ha diferido del criterio de la Fiscalía al estudiar la exposición razonada que el pasado julio elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras recibir la querella que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.

En concreto, González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.

El TSJM consideró que la difusión de la nota no se correspondía con la "alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal"–desmentir un bulo–, porque, a su juicio, "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".

La Fiscalía, en cambio, defendió que "dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador".

El Ministerio Público insistió que "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa" era "desconocido" cuando se hizo pública. "Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad", alegó.

No dimite

Tras conocerse su imputación, García Ortiz ha anunciado que seguirá en el cargo. "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado", ha anunciado en un comunicado.

García Ortiz se ha mostrado "consciente" de "la repercusión pública de la noticia" y de "la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales de nuestro país", si bien ha afirmado que "es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias" lo que le ha persuadido para "seguir ejerciendo plenamente" sus "atribuciones legales". "Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho", ha remachado.

En este contexto, ha convocado para el jueves a las 9.30 una Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 Consejo Fiscal, "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado".

García Ortiz ha señalado que "la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo impone la máxima prudencia en los pronunciamientos del fiscal general del Estado a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia a los magistrados de este tribunal".

Sin embargo, al hilo ha subrayado que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española".

"Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que "el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".

"La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo", ha indicado.