Nueva Ley de Dependencia y Discapacidad de Bustinduy: todo lo que cambia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reformar las Leyes de Dependencia y Discapacidad, 18 años después del primer marco legal al respecto. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (@MSocialGob) liderado por Pablo Bustinduy, esta actualización legislativa busca consolidar los derechos existentes, ampliar la cobertura y adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI. Además plantea ser una "marco de referencia" para la aplicación de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en cada comunidad autónoma. "El tiempo de las macrorresidencias se acabó, y esta ley viene a confirmarlo," ha defendido el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia a que esta norma busca que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible.

"Esta ley es la que va a adaptar el sistema de la Dependencia al nuevo modelo de cuidados –aprobado en 2024– para toda España", ha señalado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez Rodríguez, subrayando la importancia de esta actualización. "Si en 2006 la gente que entraba en el sistema estaba dos o tres años, ahora puede estar entre 10-15 años dentro del sistema". Ha defendido además que la modificación ley no es algo aislado, sino que sigue la senda del Plan de Choque de la Dependencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y el Nuevo modelo de cuidados.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, las vicepresidentas y ministras de @mitecogob y @empleogob, Sara Aagesen y Yolanda Díaz, y el ministro de @MSocialGob, Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros y Ministras. https://t.co/ndXrDlcV5j

— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 11, 2025

Los pilares de la reforma: nuevos derechos y servicios

Entre las medidas que recoge el texto están la de ampliar las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y "relacional" (vecinos, amigos), agilizar los procedimientos y eliminar la incompatibilidad entre prestaciones que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. La reforma creará nuevos derechos y un catálogo de servicios para apuntalar el nuevo modelo de cuidados. La estrategia estatal busca desinstitucionalizar al máximo los cuidados en la vejez y reforzar la ayuda domiciliaria, aunque como sucedió con la Ley de Dependencia, tiene como retos conseguir la  la coordinación con comunidades autónomas y financiación suficiente.

La reforma de la Ley de Dependencia se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales, que buscan ampliar los derechos, simplificar los trámites y mejorar la calidad de los servicios, incluyendo la innovación social y tecnológica. Entre ellos destaca la flexibilización y agilización de los cuidados, con la eliminación de obstáculos y rigideces administrativas, ampliar y actualizar el Catálogo de Servicios, adaptándolos a cada persona; el fortalecimiento de derechos y promoción de la Autonomía Personal; y por último el impulso de la Innovación Social mediante herramientas avanzadas y la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial a los cuidados.

Se eliminan las incompatibilidades de las prestaciones

Entre las novedades que introducirá el anteproyecto de ley se incluye la supresión de una restricción impuesta en 2012, que impedía a las personas recibir varias prestaciones simultáneamente.  También se suprime el plazo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

"Esta medida mejora la personalización de los apoyos, permitiendo a las personas recibir varias prestaciones simultáneamente, de acuerdo con sus necesidades y preferencias, sin restricciones administrativas", señalan desde el Ministerio. También se refuerza el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir qué prestación o servicio desean recibir, respetando sus preferencias y voluntad.

Simplificación de trámites administrativos

Uno de los objetivos principales de la reforma es eliminar la burocracia que dificulta el acceso a las prestaciones y servicios. El texto establece que se agilice el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), sustituyendo la burocracia por la comunicación directa con la persona interesada. 

Además se establece un procedimiento de urgencia para tramitar expedientes en situaciones de especial vulnerabilidad, como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica. Y las personas con grado de dependencia verán reconocida automáticamente un 33% de discapacidad. 

Ayuda a domicilio, más allá del hogar

El texto propone que el servicio de ayuda a domicilio se extienda a actividades en el entorno comunitario, como hacer la compra o ir al médico. "Además, se refuerza su orientación a la promoción de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria, siempre de acuerdo con las preferencias y voluntad de la persona", indican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Otra de las grandes novedades es la ampliación de la prestación para cuidados, por la que se permite que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se reconozca cuando el cuidado sea prestado por personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia – como pueden ser amigos o parejas no casadas. También se elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo, permitiendo que se oriente a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Reconocimiento de la Teleasistencia como derecho subjetivo

La teleasistencia se establece con esta ley como un derecho universal para las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. "El servicio será proactivo, accesible y orientado a mantener la autonomía, el bienestar y la participación en la comunidad, mediante tecnologías adaptadas y personal de apoyo", señalan fuentes del Ministerio.

También se promoverá la organización colectiva y participativa de los servicios de ayuda a domicilio, sin ánimo de lucro, para una mejor adaptación a las circunstancias de las personas.

3 nuevos servicios en el catálogo

Tal como informan fuentes del ministerio, se incorporarán tres nuevos servicios orientados a la vida independiente: servicio de cuidados y apoyos en vivienda, servicio de provisión de productos de apoyo y servicio de asistencia personal.  Todos orientados a que las personas puedan vivir en casa y promover la autonomía, de forma que se retrasen o reduzcan los procesos de institucionalización.

El primero de ellos incluye que los servicios se extiendan a viviendas dondeconviven pocas personas con cuidados integrales o en viviendas dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos como puede ser el cohousing. También nuevos servicios de apoyo en formato de préstamos o cesión, como pueden ser sillas de ruedas o elementos de ortopedia. Y por último, apoyos, servicios y cuidados personalizados a través de asistentes personales.

Derecho a permanencia en el entorno elegido

La nueva Ley de Dependencia también contempla el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir qué prestación o servicio desean recibir, respetando sus preferencias y voluntad. Para ello elimina el párrafo del artículo que establecía que sería la Administración quien decide.

También se refuerza el derecho de las personas en situación de dependencia a permanecer en el entorno de su elección. La asignación de centros residenciales y viviendas se basará en sus preferencias, garantizando el acceso a la opción deseada y la permanencia en la lista de espera en caso necesario.

Residencias libres de sujecciones

El texto también establece que todas las personas incluidas en el SAAD tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, basándose en el respeto a la dignidad y en la promoción de la autonomía. Esto se aplica principalmente a residencias de mayores. 

También el derecho a todas las personas en situación de dependencia a recibir Atención Sanitaria en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia.

Apoyo a los cuidadores no profesionales

En el nuevo texto de la Ley de Dependencia se redefine el concepto de actividades de la vida diaria (AVD), incluyendo actividades instrumentales y avanzadas esenciales para que las personas puedan desenvolverse con autonomía en su entorno.

Además se reconocen los derechos de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo el derecho a recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación, y a disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral. 

Sistema de alertas de malas praxis y proyectos de innovación

El anteproyecto de ley plantea una mejora de la calidad en el Sistema de Atención a la Dependencia, establecimiento un marco común para garantizar la calidad en los centros y servicios del SAAD, habilitando sistemas de alerta y respuesta rápida para detectar y actuar ante casos de mala praxis, discriminación o limitación de derechos. Además se publicarán los resultados de las inspecciones. 

El Ministerio de Derechos Sociales incluye además un aparatado dedicado al fomento de la Innovación social y tecnológica. Y propone que el IMSERSO liderare la investigación, innovación y desarrollo tecnológico con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. También la puesta en marcha de proyectos piloto de servicios innovadores para cuidados personalizados y comunitarios, para incorporarlos al catálogo de servicios. 

Apoyos para la autonomía de las personas con discapacidad

Por su parte, se reforma también la Ley de Discapacidad, sobre todo en lo que se refiere al nuevo artículo 49 de la Constitución, que pretende desplegar un modelo de cuidados basado en la comunidad que fomente la autonomía de las personas dependientes y abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. La reforma busca garantizar la libertad de elección de las personas con discapacidad, facilitando el acceso a apoyos como el consentimiento informado accesible o la rehabilitación.

"Poner a la persona en el centro" es el objetivo, según Jesús Martín Blanco, director general de los derechos de personas con discapacidad, subrayando la importancia de ofrecer apoyos personalizados que permitan a cada individuo desarrollar su proyecto de vida.

Accesibilidad como derecho

Se eleva la accesibilidad a la categoría de derecho, permitiendo a las personas con discapacidad reclamar ante la justicia en caso de incumplimiento. Además, se crea un fondo estatal de accesibilidad universal para financiar intervenciones en espacios y servicios públicos, como la adaptación de museos o centros de salud, etc.

Se reforma también la ley de propiedad horizontal para facilitar la accesibilidad en comunidades de propietarios, permitiendo a las personas con discapacidad denunciar a la comunidad en caso de negativa a realizar obras de mejora. El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente en sus hogares y comunidades. 

Regulación de la inteligencia artificial

Conscientes del impacto creciente de la tecnología en la vida cotidiana, los responsables de la reforma han incluido medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la discapacidad. El objetivo es evitar sesgos discriminatorios en procesos de selección y garantizar que la IA se utilice como una herramienta para la inclusión y la autonomía.

Financiación, un reto clave

La implementación efectiva de la reforma requerirá una inversión significativa de recursos públicos, según han reconocido fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Los responsables del proyecto son conscientes de que la financiación es uno de los principales retos a superar, y se comprometen a buscar alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

En cuanto a la financiación del fondo de accesibilidad, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad que contará con diversas fuentes, incluyendo recursos provenientes de las sanciones impuestas por incumplimientos en materia de accesibilidad. Además, hay que recordar que el sistema de dependencia en España, lo que significa que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la implementación de la reforma, según reconocen fuentes del Gobierno. "La ley marco, lo que hace es dar un amparo legal a todas las personas que van a ser usuarias del sistema".

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a un total de 1.644.073 personas actualmente. Ademas hay más de 200.000 personas en lista de espera. Por lo tanto, estiman que la reforma de la Ley de Dependencia impactará a cerca de 2 millones de personas, incluyendo a quienes ya reciben atención y a quienes están esperando acceder al sistema.