Tres de cada 10 autónomos en España tenía más de 55 años en 2022, un 2,58% más que el año anterior, según revela el informe 'Ranking de Territorios por la Economía Sénior 2022' publicado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE.
El estudio, que analiza la capacidad de las comunidades autónomas a la hora de ofrecer más oportunidades a un colectivo compuesto por 16 millones de personas y que representa el 33% de la población total y un 26% del PIB español, destaca que la cifra de autónomos sénior en España contrasta con la de jóvenes, ya que estos representan solo a uno de cada 10, además de ser el colectivo con la mayor tasa de paro nacional (27%).
En este sentido, indica que el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional han puesto de manifiesto una nueva realidad en la que el colectivo sénior está siendo cada vez más relevante en la economía y en la sociedad en general.
El estudio señala que, entre 2021 y 2022, se ha observado un crecimiento en el número de autónomos sénior, aumentando la cifra nacional en un 2,58% y alcanzando un total de 585.774.
Y es que la empleabilidad en todo el colectivo sénior, indica Fundación MAPFRE, está registrando una tendencia al alza reflejada en un incremento con respecto a 2021 tanto de la tasa de actividad como de la tasa de empleo, situándose en 29,31% (más de un punto y medio porcentual) y 20,24% (casi un punto porcentual), respectivamente. No obstante, el desempleo también ha crecido más de medio punto en comparación con 2021 a nivel nacional (12,61% frente al 12,06%).
En este contexto, la Fundación destaca el aumento de la jubilación demorada, es decir, la decisión de un trabajador sénior de continuar trabajando más allá de la edad de jubilación tradicional. Además, de tener beneficios económicos para el trabajador, la jubilación flexible es una solución que cada vez más empresas eligen de cara a retener el talento sénior.
A nivel general, la cifra de autónomos sénior ha experimentado un notable crecimiento, aunque siguen existiendo diferencias notables entre los territorios españoles. Así, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de autónomos sénior, encabezando el ranking con un total de 95.090. La siguiente región es Cataluña (desciende del 1ª al 2ª puesto con 94.105), seguida de la Comunidad de Madrid, que se mantiene en la tercera posición con 66.864. Por el contrario, las CCAA con menor cantidad de autónomos sénior son Cantabria y La Rioja.
Por otro lado, destaca el caso de Islas Baleares y Asturias, que se intercambian las posiciones 13.ª y 14.ª, en esta edición con respecto a la primera.
El informe ‘Ranking de Territorios por la Economía Sénior 2022’ pone de manifiesto que no todas las comunidades autónomas ofrecen las mismas condiciones y oportunidades a las personas mayores de 55 años. De esta forma, Islas Baleares (34,44%), Comunidad de Madrid (33,54%) y Región de Murcia (31,28%) encabezan la tasa de actividad (trabajando o buscando trabajo) de los mayores de 55 años. Por su parte, la tasa de ocupación, aquellos que ya tienen empleo, de la población sénior está encabezada por Castilla y León (24,9%), Principado de Asturias (23,4%) y País Vasco (22,75%).
En el caso del desempleo sénior, Comunidad Foral de Navarra (6,44%), País Vasco (7,02%) y Aragón (7,55%) presentan los mejores datos, frente a Andalucía e Islas Canarias que cierran el ranking (con 18,34% y 16,45%, respectivamente).
Este sentido, Murcia se sitúa a la cabeza como la ciudad con menor tasa de paro entre mayores de 55 años (27,88%), seguida de Palma de Mallorca, con un 29,23%, y Málaga, con un 29,43%.
Contar con más personas mayores de 55 años entre la población activa es fundamental para potenciar la economía basándola en talento sénior. De esta forma, configurar un marco adecuado es clave para aprovechar la capacidad y potencial de este colectivo.
España podría convertirse en referente en economía sénior a nivel mundial ya que cuenta con la tercera esperanza de vida más alta, una elevada calidad de vida, buenas infraestructuras y un sistema sanitario público y privado de alto nivel.
En esta línea, las instituciones públicas y privadas deberán trabajar conjuntamente para fomentar un envejecimiento saludable, promover la participación de los séniores en la sociedad, facilitar su acceso a los servicios y generar las condiciones para construir un tejido económico y social que dé respuesta a las necesidades de casi un tercio de la población.
