Los supermercados podrán limitar compras para evitar el desabastecimiento

El Gobierno ha dado 'luz verde' a que los establecimientos comerciales puedan limitar las compras de sus clientes "cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor" para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.

Así, lo recoge el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con una modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

"Excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador", señala ahora el nuevo apartado en dicha norma.

El Ejecutivo precisa que estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.

"Lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad. A veces se producen alarmas guiados por el nerviosismo. Eso es lo que contempla el plan y creo que lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad, que entre todos nos corresponde transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", ha afirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La titular de Transportes ha afirmado que "a veces se producen ciertas alertas y alarmas que generan comportamientos quizás guiados más por el nerviosismo", y ha añadido que se trata de medidas que tienen que servir para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tejido productivo y a empresas.

"Todos debemos ser responsables en ese sentido. Las comercializadoras y supermercados también. Eso es lo más importante en un contexto complicado", ha resaltado.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ha afirmado que el Gobierno ha estado trabajando el plan de respuesta con todos los sectores económicos, en particular con el sector de la distribución, con quien ha consensuado esta medida, que "como bien dice el artículo lo que permite es dar seguridad jurídica para que ellos puedan limitar el número de artículos y con ello evitar el acaparamiento pero, sobre todo, que haya acceso equitativo para todos los consumidores".

"Es una medida que da seguridad jurídica. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado, pero respondemos a una necesidad que el sector de la distribución nos trasladó y que se ha puesto de manifiesto como consecuencia de los paros patronales de transporte", ha resaltado.

Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otros, han indicado a Europa Press que "el objetivo exclusivo de este Real Decreto-Ley es la protección del consumidor".

Según han explicado, en él se recoge el sentido de una nota informativa que ya emitieron las direcciones generales de Consumo y la de Política Comercial a mediados de marzo, cuando hubo problemas con el aceite de girasol.

En concreto, han precisado, que la Ley de Comercio Minorista establece una obligación de venta que "no es absoluta", pudiéndose llevar a cabo limitaciones de ventas cuando se den razones "objetivas y justificadas", según la interpretación de estas dos direcciones generales. Por ejemplo, puede haber limitaciones puntuales en el número de botellas de aceite de girasol que compra un consumidor para que un mayor número posible de consumidores pueda comprar.

En este sentido, Anged ha señalado que el Real Decreto-Ley da seguridad jurídica a la nota informativa que ya emitieron dichas direcciones generales. "Este tipo de notas son interpretativas, por tanto, el Real decreto-Ley refuerza lo que la Administración competente ya había expresado con el caso del aceite de girasol, con el objetivo de proteger a los consumidores", explica la patronal.

Pocos días después de iniciarse el conflicto bélico en Ucrania, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) avisó de que algunas empresas de distribución alimentaria estaban adoptando medidas de limitación de venta de aceite de girasol debido al "comportamiento atípico" del consumidor que se había producido.

La asociación aclaró que la "demanda anómala" afectaba a un número "muy limitado" de productos relacionados con el aceite de girasol procedentes de Ucrania ante el temor de que se produjera el llamado 'efecto papel higiénico', como ya ocurrió en la pandemia.

El acopio de productos en algunos puntos de venta se ha incrementado también en los últimos días a raíz del paro de los transportistas, aunque la situación ya se va normalizando.

Facua lo califica de "irresponsabilidad"

Facua-Consumidores en Acción ha calificado de "irresponsabilidad" que el Gobierno "dé carta blanca" a los comercios para que puedan limitar el número de productos que los usuarios pueden adquirir, a la vez que suben sus precios, según informa en un comunicado.

En concreto, la asociación advierte de que estas limitaciones son las que provocan el acaparamiento de bienes y el desabastecimiento, además de permitir la especulación con los precios con el argumento de la escasez de los productos a la venta.

Facua ha denunciado que este cambio de la normativa permite que sean los empresarios los que decidan cuándo la aplicación de la medida está justificada y es proporcional, dejando en sus manos cuándo y cómo limitan las unidades que ponen a la venta.

La organización de consumidores ha señalado que "unido a la falta de controles en el mercado, puede provocar que muchos lo hagan con el fin de conseguir incrementos de ventas al tiempo que suben los precios".

En este sentido, la asociación ha lamentado que, "una vez más", el Ejecutivo "salga en defensa de los posibles especuladores en lugar de los consumidores". "El Gobierno está eludiendo su responsabilidad de investigar lo que está ocurriendo con la falta de bienes y las subidas de precios y opta por respaldar decisiones unilaterales de las empresas que pueden ser claramente especulativas", ha indicado.