Herce: "No hay razones que justifiquen la carnicería fiscal a los planes de pensiones individuales"

Vía libre a la subida de las pensiones de 2024 tras una votación agónica

Herce: "Los hijos de los 'baby boomer' tendrán que jubilarse más tarde que sus padres"

 

José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía, socio fundador de LoRIS Retirement, patrono de la Fundación AGE (Activos de Gran Experiencia) y uno de los mayores expertos en pensiones y economía de la longevidad en España, alerta de que la previsión social, tanto pública como complementaria, son imprescindibles. "No hagamos numerología ni cantos o brindis al sol. Tenemos que ser solventes y diversificar el ahorro para la jubilación, como hacen los países más avanzados en la materia".

En su entrevista con 65YMÁS, se muestra esperanzado en que 2024 sea el año de despegue de los planes de pensiones de empleo, en particular, planes simplificados, que le parecen "una figura muy interesante que ya está teniendo cierto éxito". Sin embargo, critica con dureza el hachazo fiscal propinado por el Gobierno a los planes de pensiones individuales. "No hay razones que justifiquen la carnicería fiscal a los sistemas individuales", denuncia, en referencia a la drástica reducción del tope de aportaciones a solo 1.500 euros anuales en 2021 y 2022. 

Herce, ferviente defensor de compatibilizar trabajo y pensión, advierte de que "las fórmulas de la jubilación parcial, flexible y activa están plagadas de descincentivos y restricciones”. Propone crear un nuevo tipo de contrato, indefinido pero sin indemnización, que permita al jubilado-trabajador seguir trabajando y cobrar su pensión, cotizando, si se quiere, y, por tanto, generando también derechos futuros de Seguridad Social. A su juicio, sería una forma de "retener el talento sénior en las empresas", algo imprescindible, sostiene, de cara a la próxima y masiva jubilación de la generación del baby boom.

PREGUNTA.- Las próximas medidas de reforma de las pensiones, que ya negocian Gobierno y agentes sociales, impulsarán la jubilación parcial. ¿El futuro pasa por compatibilizar pensión y trabajo?

RESPUESTA.- En gran parte sí, pero no es la única medida para hacer el sistema más sostenible. Para empezar, habría que homogeneizar o concentrar de alguna manera las fórmulas de jubilación parcial, flexible y activa de que disponemos en la actualidad, que están teniendo muy poco éxito porque están plagadas de descincentivos y restricciones. En el caso de la jubilación activa es clarísimo: supone una penalización del 50% de la pensión para poder compatibilizar las rentas laborales con la pensión propiamente dicha. Además, se exige un año de demora respecto a la edad legal de jubilación y, adicionalmente, la persona debe generar una pensión que sea el 100% de la base reguladora. Por último, hay que pagar una cotización de solidaridad del 9%. Todas ellas, condiciones muy disuasorias, que hacen que la jubilación activa solo tenga algo de éxito entre los trabajadores autónomos.

P.- Nos acercamos a 2027, cuando la edad de jubilación ordinaria aumentará a 67 años. ¿Cree necesario subir esa edad por ley, o aumentar los incentivos voluntarios?

R.- La edad efectiva media de jubilación ya está aumentando, es algo superior a los 65, lo cual no habíamos visto desde los años 70. Por una parte, la penalización a la jubilación anticipada hace que crezca la edad efectiva media de retiro, pero no la legal. Esas penalizaciones, de momento, le salen bien al sistema, sobre todo ahora, cuando los recortes se aplican sobre la pensión máxima de la persona, y no sobre la base reguladora, como sucedía antes de la reforma de 2021. Por otra parte, respecto a los incentivos a la jubilación demorada, creo que el plus del 4% es actuarialmente justo (lo comido por lo servido) y con él, el sistema ni gana ni pierde. En cuanto al famoso cheque de hasta 12.000 euros, cuando un trabajador o una trabajadora se acogen a él es porque temen que su esperanza de vida no sea elevada, tenga que hacer obras en casa, o quiera dar la vuelta al mundo, pero es un negocio para la Seguridad Social ya que es mucho más barato que el 4%. Con el incentivo del 4%, la jubilación demorada puede ser muy contraproducente para la Seguridad Social, si es masiva y la cogen los más longevos.

"La edad de jubilación no puede quedarse en 67 años. Hay que vincularla a la esperanza de vida"

 

P.- ¿Hasta dónde podría llegar el retraso de la edad de jubilación?

R.- La edad de jubilación legal no puede quedarse en los 67 años, al menos mientras suba la esperanza de vida. Lo que están haciendo los países más avanzados es vincular ambos factores: si la esperanza de vida crece de manera estructural, la edad de retiro aumenta. En Dinamarca se ha llegado a retrasar un año el retiro por cada año de incremento de la esperanza de vida, que es una barbaridad de repercusión. Pero, ojo, si la esperanza de vida disminuye de forma estructural, la edad de jubilación también debe disminuir.

P.- El retiro masivo del baby boom está a la vuelta de la esquina. ¿La reforma actual bastará para soportar el fuerte gasto en pensiones hasta 2050?

R.- Se habla mucho de la chepa de la jubilación de la generación del baby boom, como si fuera la digestión de una boa que dura muchos años y luego se acaba pasando. No será así, porque el bolo alimenticio, una vez que se haya evacuado del sistema (tardará décadas), se va a sustituir por los hijos y los nietos de los baby boomers. De modo que no solo falta por jubilarse la inmensa mayoría de los boomer, sino que quienes les sucedan van a vivir 10 años más (sus hijos) o incluso 20 más (sus nietos). Hará falta más medidas para financiar el fuerte gasto en pensiones en las próximas décadas.

 “Las cotizaciones para pagar la jubilación del baby boom ya están subiendo, y lo harán aún más"

P.- El Gobierno afirma que el nuevo y reforzado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) permitirá sostener las pensiones en las próximas décadas.

R.- Las reformas que se han hecho en 2021 y 2023 son absolutamente insuficientes para afrontar el gasto en pensiones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) reforzado, que consiste en un aumento extra de cotizaciones desde el 0,6% hasta llegar al 1,2%, va a ser insuficiente para afrontar el disparo del gasto. Ni bastará el MEI reforzado, ni tampoco la nueva cotización de solidaridad, que consiste en extraer un porcentaje muy importante del 5, 6 o 7% del exceso de sueldo que sobrepase la base máxima. Al hablar del alza de cotizaciones, hay que saber que el Gobierno ha diseñado un MEI whatever it takes, porque ese es el compromiso con la Comisión Europea. Este MEI total, que yo denomino MEI Marvel, puede llegar a suponer un alza extra de 4-5 puntos porcentuales en el tipo de cotización, si lo que el Gobierno quiere es cuadrar las cuentas hasta 2050. Tendrá que imponer a empleadores y trabajadores un MEI súper potente, insufrible. De hecho, desde el 1 de enero de 2024, pagamos 0,7 puntos porcentuales por encima del 28,3% vigente hasta hace 2022, y en 2023 ya tuvimos que contribuir con un extra del 0,6% de golpe y porrazo. 

P.- ¿Es de prever nuevas y mayores subidas de cotizaciones? ¿Para las empresas en mayor proporción?

R.- De momento, la base máxima de cotización, que afecta a un porcentaje pequeño de trabajadores, ya ha aumentado el 5% en 2024, y esto no está justificado, por la inflación esperada ni por lo que sube la pensión máxima; también podría deflactarse la tarifa del IRPF con la inflación, ya que se aumenta la base máxima. El alza de salarios está rozando el 4% y la inflación convencional en 2023 (diciembre de 2023 contra diciembre de 2022) fue del 3,1%, así pues, los salarios van a recuperar poder adquisitivo. Podemos hablar de récord de cotización, en parte por el empleo, claro que sí, pero es que las bases de cotización de los trabajadores medios son cada año más bajas, porque los salarios son muy precarios, sobre todo los de los jóvenes. Por tanto, lo que sucede es que aumenta el esfuerzo contributivo de los trabajadores y sobre todo de las empresas, fundamentalmente pymes y medianas empresas. Todas las empresas sufren.

“Las transferencias del Estado a la Seguridad Social en 2023 se acercaron a 40.000 millones”

P.- En 2023 han repuntado los ingresos por cotizaciones, el Gobierno es optimista sobre el empleo y la afiliación, pero, pese a las transferencias del Estado por gastos impropios, la Seguridad Social cerrará 2023 y quizá 2024 con déficit. ¿Cómo de preocupantes son las cuentas del sistema?

R.- El gasto en pensiones se va a disparar y no vamos a lograr financiar íntegramente ese gasto. Hay que distinguir el déficit, digamos, contable, de la Seguridad Social, en torno al 0,5% del PIB, y el déficit contributivo, que mide el desfase real entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se gasta. No entro a discutir si los gastos propios están propiamente o impropiamente calculados, pero las transferencias del Estado en 2023 ya se acercaron a 40.000 millones, y los gastos impropios no son de esa magnitud, probablemente estarían por la mitad de esa cifra. De manera que el déficit contributivo tiene un desfase, un gap, de 40.000 millones de euros que, obviamente, vamos a seguir observando en 2024, aunque esto no le guste a los responsables del sistema. Y aparte está la enorme deuda de la Seguridad Social, que ya está por encima de los 116.000 millones de euros.

"Un reto de Saiz es hacer hipótesis realistas, porque en 2025 la AIREF examinará la sostenibilidad del sistema"

P.- ¿Cuáles son los grandes retos de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz?

R.- Un gran reto es lograr aumentar las prestaciones, el gasto, contando con los recursos necesarios. Y hay que ser realista. Las prestaciones se han mejorado mucho, con criterios a veces discutibles, pero en general yo diría que las personas que tenían pensiones comparativamente peores, ahora las tienen un poco mejores porque ha habido elementos redistributivos potentes que, sin embargo, no sabemos bien a quiénes benefician de verdad. Otro gran reto es asegurar la sostenibilidad del sistema y hacer hipótesis realistas, porque en 2025 la AIREF va a examinar la sostenibilidad, según marca la ley de reforma recién aprobada. Otro desafío de Saiz es gestionar las reformas anteriores, además de mejorar las fórmulas de compatibilización de empleo y pensión, y racionalizar la inclusión de trabajadores que, por razón de edad, de nivel de renta, de tipo de contrato o por múltiples razones, todavía están semiexcluidos y no alcanzan a tener una cobertura perfeccionada.

 

P. ¿Cree que habría que eliminar todas las trabas para quien desee jubilarse y seguir trabajando? 

R.- Sin duda, las fórmulas de jubilación parcial y activa, incluso la compatibilidad entre ingresos laborales y de la pensión, tienen que revisarse, en primer lugar, racionalizando las figuras. Existen demasiadas figuras y casi ninguna, por no decir ninguna, está teniendo éxito: pocos trabajadores se acogen a ellas. Hay muchos problemas, por ejemplo, el contrato de relevo no funciona, entre otros aspectos, porque el empleador tampoco tiene muy claro cuál es el papel del reservista y casi nadie se prepara para un relevo. En el caso de la jubilación activa, se requiere eliminar todos los requerimientos de los que hablábamos antes y tratar con justicia a todos los trabajadores que tengan derecho a recibir su pensión, aunque no abandonen la actividad laboral.

“La penalización por jubilación anticipada es un mal negocio para el trabajador y buenísimo para el sistema”

 

P.- La ministra Saiz retocará los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada...

R.- Desde el punto de vista actuarial, las penalizaciones, de hasta el 21% por 24 meses de adelanto en el caso de jubilación anticipada voluntaria, son un claro negocio para la Seguridad Social, y se está viendo en los datos: poca gente se acoge ahora porque el hachazo no va contra la base reguladora, sino contra la pensión máxima a la que se tenga derecho. Las penalizaciones por anticipo de jubilación son un mal negocio para los trabajadores y un buenísimo negocio para el sistema. Pero hay trabajos onerosos que precisan excepciones o mejoría de esas penalizaciones y probablemente haya que incluir muchas más profesiones. Por ejemplo, los profesores de educación secundaria en la mitad de los centros en nuestro país, que están localizados en sitios conflictivos o problemáticos, y que sufren gran desgaste, incluso hasta la depresión severa. O personas de las actividades más duras, que a sus 50 años deberían recibir un sabático laboral a costa del SEPE, que les transformara por completo su capacidad de ser útiles en ese sector o en otros. Hay que impulsar la formación y reciclaje del talento sénior, porque en los próximos años, cuando la persona llegue a los 50, tendrá que seguir dedicando, en la mayoría de las profesiones, como mínimo 15, 16 y quién sabe si 20 años más de trabajo.

P.- El talento sénior es el gran olvidado en las empresas. ¿Qué medidas hacen falta para gestionar los despidos y el edadismo?

R.- Nos encontramos con varias tendencias de fondo. Muy probablemente, sin el recurso a la inmigración o la incorporación de trabajadores de otras canteras, entre ellas la sénior, no podremos mantener el nivel de empleo. Pero las empresas siguen estando obligadas, por lógica de mercado, a contratar y despedir trabajadores, y eso es algo que ellas deben de gestionar, dentro de lo que conocemos como right to manage, dentro de los límites de la ley, por supuesto. Los despidos no se pueden prohibir ni limitar arbitrariamente, hay que gestionarlos, y una forma de hacerlo son los ERE, las prejubilaciones, que deberían ser un acuerdo privado entre empresa y trabajadores, ateniéndose a la ley y a los convenios. Sin embargo, llega un momento en que se realizan ciertas prácticas masivas y vemos, inexplicablemente, al SEPE o a la Seguridad Social engrasando el procedimiento, aceptando jubilaciones anticipadas cuando quizá no debieran de aceptarse y extendiendo los subsidios para que el ERE sea más fácil. Y esa es una línea roja que no debería de cruzarse. Otra cosa es el despido no procedente, y el paro involuntario. Por otra parte, nos encontramos con esa tendencia de fondo que es la disminución de la base laboral, que plantea problemas para la financiación de las pensiones, así como para la actividad productiva de la economía. 

"Retener el talento sénior es clave: se necesita un nuevo contrato de compatibilidad"

P.- ¿Se necesita un nuevo contrato para retener talento senior, que fomente una mayor compatibilización de pensión y empleo?

R.- Sin duda. Una de mis actividades es la de patrono en la Fundación AGE (Activos de Gran Experiencia), y en ella hemos elaborado un manifiesto que detalla una propuesta de compatibilidad, basada en la doble voluntad de las partes. Un contrato radicalmente nuevo, sin antigüedad, donde los sueldos estén ajustados al nuevo estatus de ese trabajador, que ya está jubilado y no necesita acumular derechos. Ese jubilado-trabajador seguiría cotizando no por solidaridad, sino por contingencias comunes, y se le recalcularía su pensión cuando acabara de trabajar, o en tiempo real, o ni cotizaría ni tendría ese recálculo, como se desee. En resumen, desde Fundación AGE abogamos por un contrato nuevo, indefinido mientras las partes así lo deseen, que no conlleve indemnización de ningún tipo. Con este tipo de contrato podríamos rescatar mucho talento, mucha cultura de la lealtad en la empresa y mucha experiencia. Porque, con la rotación laboral que tenemos ahora, se pierde la cultura empresarial y la cultura de empresa.

 

P.- ¿En 2024 despegarán los nuevos planes de pensiones de empleo, simplificados y de promoción pública?

R.- Los planes de empleo simplificados son una figura interesantísima que está teniendo un cierto éxito. De hecho, ya se constituyó un plan de autónomos a los pocos días de aprobarse la ley de 2022. Los planes simplificados pueden ser asociativos, por ejemplo, para asociaciones de autónomos o colegios profesionales; también pueden ser sectoriales, para grandes sectores empresariales a escala estatal (como el caso del plan de la construcción, que ya está en marcha) y hay otros en ciernes que se están discutiendo; y pueden ser asimismo planes administrativos no públicos, es decir, planes que suscriban las administraciones públicas, tales como ayuntamientos, diputaciones, consejerías o gobiernos autónomos e incluso el Gobierno estatal, en tanto empleadores y a favor de sus asalariados. Estas tres categorías de planes (asociativos, sectoriales y administrativos) son lo que se conoce como planes simplificados.

“Cualquier vehículo de ahorro personal debe tener el mismo trato fiscal que el plan de empleo” 

P.- La reforma del Gobierno ha perjudicado a los planes de pensiones individuales, al reducir su beneficio fiscal. ¿Habría que volver a subir los actuales 1.500 euros anuales? 

R.- En 2021, con la Ley Presupuestaria de diciembre de 2020, a los planes de pensiones individuales se les aplicó un primer rejón, bajando el tope de reducción de 8.000 a 2.000 euros. Se vaticinó una debacle de las aportaciones, que se ha producido, con creces. En 2022 se bajó de 2.000 a 1.500 euros, un segundo rejón, y se justificó diciendo que era para evitar que se beneficiaran unos pocos, aludiendo a las rentas altas. Pero, por ejemplo, con el hachazo fiscal se dejó sin opción a los autónomos, que no podían tener otra cosa que planes individuales y figuras afines de pilar 3. Y la segunda justificación del Gobierno es que se desvestía a este santo para vestir al otro (planes de empleo), pero la realidad es que no hemos visto evidencia de nada de eso, por una razón muy sencilla: los que compraban planes individuales no compraban los de empleo. Según los datos de la industria, las aportaciones a planes de empleo no están aumentando. Es más, las aportaciones netas individuales al sistema convencional de empleo son negativas desde hace años, y también en todos los demás subsistemas. Lo cual es el acta de defunción de un plan de pensiones. A mi juicio, no había razones que justificaran la carnicería fiscal que el Gobierno ha hecho con los planes individuales. Cualquier vehículo personal, aunque lo suscriba un amo o ama de casa, una persona que no es activa, debería tener el mismo tratamiento fiscal que los planes de empleo y, además, ambos deben tener el mismo tratamiento fiscal que las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social. Sin límites. Neutralidad absoluta, porque sirven al mismo propósito, ya que hay personas que nunca trabajan, pero aportan a un plan individual para su vejez. ¿Por qué esas personas no pueden acceder al diferimiento fiscal del ahorro para la jubilación?

“Por primera vez en España, todos los autónomos pueden adscribirse a un plan de empleo”

P.- La reforma de los planes de pensiones ha dado cierto aire a los autónomos...

R.- Sí, por primera vez en España, todos los trabajadores autónomos pueden adscribirse a un plan de empleo, con dos ventajas adicionales: costes de gestión más bajos que los planes individuales (0,10% a 0,30%) y la posibilidad de reducir su base del IRPF en hasta 4.250 euros anuales, más otros 1.500 euros, si ya tienen plan individual. A los autónomos, esos hasta 5.750 euros de posible aportación al plan de empleo les permite recuperar aire fiscal, oxígeno, contra el veneno fiscal en el que se encontraban desde 2021. 

P.- ¿Le parece justo el tope de aportaciones a planes de pensiones para autónomos? Tienen menor beneficio fiscal que los asalariados. 

R.- Un trabajador autónomo solo tiene derecho a una reducción de 4.250 euros en la base del IRPF por su plan de pensiones de empleo, que curiosamente es exactamente la mitad de los 8.500 euros a los que tiene derecho un asalariado. Un autónomo es empleado de sí mismo y es a la vez empleador de sí mismo. Si lo pusiéramos en métricas de valor, vale el doble que un asalariado, así que su reducción no debería ser la mitad. Eso es numerología. Y quien haya hecho esos números sabe perfectamente que está perjudicando a los autónomos, a pesar de que han mejorado con respecto a como estaban en 2022 y 2021. En resumen, soy un entusiasta de los planes simplificados de empleo, y en 2024 es cuando deberían despegar. También veo previsible que se impulsen más los planes sectoriales, muy interesantes para los sindicatos: ya han constituido el plan de la construcción, que puede cubrir a cientos de miles de trabajadores. Y ojo, porque los planes sectoriales admiten también a los autónomos.

“Si se produjera una retirada significativa de planes desde 2025, algunas entidades podrían temblar”

 

P.- A esta situación tan complicada de los planes de pensiones se suma que, desde 2025, entrará en vigor la liquidez total…

R.- Yo nunca entendí por qué se adoptó esta medida. En sus orígenes, al parecer, la propia industria solicitó algo de esto para convencer a los jóvenes de que entraran en la logica de la previsión social complementaria. Con motivo de la COVID se permitió la retirada de dinero, pero los ahorradores españoles respetaron el esfuerzo que habían hecho para su jubilación, incluso en las durísimas condiciones de esa crisis, y las retiradas fueron mínimas. Las cifras constatan que, a 30 de septiembre de 2023, había bajo gestión en el sistema de planes y fondos de pensiones (aparte están los productos asegurados) 117.000 millones de euros, y de esa cifra, 87.000 millones eran en planes individuales. Hay que resaltar que los planes de empleo no tienen problema porque, a menos que esté expresamente autorizado en el compromiso por pensiones, no se permiten las retiradas no extraordinarias. Y resulta que, a 31 de diciembre de 2014, había 69.000 millones en planes individuales. Esto significa que, de los 87.000 millones que hoy tenemos depositados en planes individuales, hay 69.000 millones que cumplirían las condiciones para ser retirados el 1 de enero de 2025. El temor a lo que pueda suponer la liquidez total es real, y no solo en la industria, sino también en las autoridades de regulación macroeconómica.

P.- ¿Espera una retirada masiva de dinero por parte de los titulares de planes de pensiones?

R.- No creo que se vaya a producir una retirada masiva del dinero, pero con que suceda en un porcentaje significativo, algunas entidades podrían temblar. Además, el ahorro para la jubilación de millones de trabajadores se vería severamente comprometido. Y probablemente no se sacaría dinero para comprar televisores de plasma, que es lo que sucedió en Latinoamérica y donde ahora los trabajadores no tienen ahorro sustancial para su jubilación, lo cual significa la pobreza. Pero, si una parte sustancial de esos 69.000 millones se retira, ya veremos a dónde van a parar. Sin duda, el ahorro previsional, que ya es raquítico en España, disminuiría severamente, de producirse el cobro adelantado, que la ley actual permitirá en menos de un año.