Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia, recibir las solicitudes presentadas, valorar la situación en que se encuentren las personas solicitantes y dictar, en su caso, la correspondiente resolución en que se reconozca la situación de dependencia.
Del mismo modo, las Comunidades introducen sus datos en el Sistema de Información y con ellos se confeccionan las estadísticas sobre la gestión del Sistema de Dependencia y se realizan los cálculos correspondientes a la parte de la financiación aportada por la Administración.
El último informe del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) publicado esta semana y referido a los datos recibidos hasta el 28 de febrero refleja que, una vez realizado el cruce con los ficheros de fallecidos, la cifra de personas beneficiarias con prestación reconocida es de 1.121.253, lo que representa un 82,62% del total de las personas con derecho (1.357.043), con lo que el 17,38 % de esas personas con derecho a prestación, 235.854, aún no la reciben.
El informe también apunta que el número de personas beneficias, por primera vez desde que se instauró la Ley de Dependencia, se ha reducido puesto que el el mes de diciembre se registraba la cifra de 1.224.230 beneficiados. Son casi 3.000 personas menos que tal vez se pudieran atribuir a los estragos que causa la pandemia.
En cuanto al perfil por edad de los beneficiarios, el 71,56% tienen 65 o más años. En concreto un 18,15% tienen una edad comprendida entre los 65 y 79 años, mientras que un 53,40% tienen 80 o más años.
El número de Servicios y Prestaciones Económicas es de 1.424.127. De esta cifra, más de dos terceras partes corresponden a Servicios, 972.152, con un 68,26% del total. Por otra parte, las Prestaciones Económicas de Cuidados en el Entorno Familiar son en la actualidad 451.975, un 31,74%.
A fecha 28 de febrero de 2021 existe un total de 880.198 personas beneficiarias de Grados III y II (grandes y severos dependientes) de las cuales 781.377 son personas beneficiarias con prestación reconocida, lo que supone un 88,77% de cobertura media nacional.
Por Comunidades, Castilla y León (0,11%), Galicia (1,5%) y Ceuta (2,92%) son las que menor porcentaje de personas beneficiarias y pendientes de concesión de lam prestación, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja (19,02%), Canarias (20,37%) y Cataluña (20,58%).
Por lo tanto, hay un total de 98.821 personas de los Grados III y II pendientes de recibir prestación, esto es un 11,23% de las personas, de estos Grados, que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación.
Respecto al Grado I nos encontramos con un total de 476.845 personas beneficiarias, de las cuales hay 339.876 personas con prestación reconocida, lo que significa un 71,28% de cobertura media nacional y que el 28,72 %, que representa 136.969 personas, aún están pendientes de concesión.
Por Comunidades, Castilla y León (0,57), Ceuta (5,59%) y Navarra (8,22%) son las que menor porcentaje de personas beneficiarias y pendientes de concesión de la prestación, por c ontra, los peores porcentajes corresponden a Andalucía (41,48%), La Rioja (47,63) y Cataluña (47,78%).
