Piden una jubilación digna y poder transferir su dinero de las mutualidades al régimen especial de trabajadores autónomos. Se sienten atrapados y les esperan pensiones irrisorias de alrededor de 500 euros, en ocasiones incluso menos. Son abogados y procuradores, víctimas de la Mutualidad de la Abogacía, y otras. Este sábado día 13 de abril volverán a llenar las calles de Madrid, como ya lo hicieran el pasado mes de febrero.
Bajo el lema ‘Por una jubilación digna, pasarela al RETA ya’ quieren poner fin a “a la injusticia y discriminación causada por haber sido incluidos en un sistema de previsión social alternativo a la Seguridad Social, representado por las mutuas profesionales”.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, “no ha ofrecido una solución integral, justa, razonable y que ampare a todas y todos los integrantes del colectivo afectado, proponiendo parches que no sólo no van a solucionar el problema, sino que pueden agravarlo”, aseguran los organizadores.
Además, sostienen que “la ministra no ha recibido en ningún momento a los miembros del Movimiento #J2 –en el que se han ogranizado los abogados y procuradores- ni ha mostrado la mayor intención de reunirse personalmente con representantes del mismo”.
“Debido a la falta de propuestas viables por parte del Gobierno que aborden nuestras legítimas aspiraciones hacia una transición justa al RETA, asegurando jubilaciones dignas para abogados y procuradores mutualistas, en línea con los estándares de un Estado social y equitativo, el Movimiento #J2 ha convocado una nueva manifestación en Madrid para el 13 de abril”, explican.
Nueva propuesta... a escasas horas de la manifestación
A escasas horas de la manifestación de abogados y procuradores, el el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mejorado su propuesta inicial en dos sentidos:
- El encuadramiento obligatorio en el RETA no afectará a las situaciones de pluriactividad
- Se incluirá en el rescate de los fondos o pasarela a aquellos que estuvieran en una mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que en el caso de los abogados, la más numerosa de las mutualidades, fue en 2005.
Según ha dado a conocer el propio ministerio, las tres principales medidas de su nueva propuesta son:
- Avance para equiparar las aportaciones de la mutualidad alternativa con las cotizaciones del RETA, lo que permitirá garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas. Para ello se incrementará progresivamente el importe de las cuotas a satisfacer por el mutualista, desde el 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos.
- Obligatoriedad del alta en el RETA a partir de 2027 para los nuevos profesionales colegiados, eliminando la opción de cobertura alternativa con una mutualidad, salvo en los casos de pluriactividad.
- Reconocimiento a los mutualistas anteriores a 2005 en situación actual de vulnerabilidad la posibilidad de optar por la conversión del capital acumulado en la Mutualidad. Es decir, mediante desarrollo reglamentario, extendemos esta medida a los que estuvieran en mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que fue en 2005 en el caso de la abogacía.
Atrapados en la Mutualidad
Estos profesionales, inicialmente, estaban obligados a cotizar en un régimen alternativo, y posteriormente, cuando se habilitó legalmente, en la práctica no han podido trasladarse al RETA pues suponía la pérdida total de los fondos aportados a las diversas mutualidades y los años abonados a efectos de aportaciones para sus pensiones de jubilación, a lo que se ha añadido una información poco transparente por parte de estas mutualidades, con la connivencia de muchos Colegios de Abogados, Procuradores y los Consejos Generales de éstos.
Al mismo tiempo, como recuerdan desde el movimiento J2, “no puede tampoco obviarse la propia responsabilidad del Estado en el problema actual, al no haber legislado de una forma garantista, ni haber supervisado, ni controlado el funcionamiento de estas entidades alternativas al sistema público a las que durante décadas se ha dejado operar y en las que el Estado delegó su deber constitucional de asegurar unas pensiones dignas a los ciudadanos”, tal y como establece la Constitución.
Rechazo a la propuesta (incial) del Gobierno
Los abogados y procuradores mutualistas rechazan de plano la primera propuesta de reforma anunciada por la ministra del ramo, Elma Saiz. Y aún no se han pronunciado en relación a la segunda, ni si afecta a la convocatoria de manifestación de este sábado. El pasado 7 de marzo anunció una reforma de la Ley General de Seguridad Social para introducir una pasarela al RETA exclusiva para los mutualistas anteriores a 1996 y que sufran actualmente una situación de “vulnerabilidad”.
Asimismo, Saiz anunció un segundo desarrollo en forma de reglamento para establecer el procedimiento a seguir y las condiciones en que se realizaría este mecanismo que permitiría a estos profesionales trasladar sus cotizaciones a la Seguridad Social. La ministra de Seguridad Social ha establecido que sean solo los mutualistas anteriores a 1996 los que puedan entrar en esa pasarela al RETA porque, sostiene, son los únicos que no tuvieron la opción cuando se colegiaron de optar por ser autónomos.
Ellos sí podrán hacer la transferencia de la Mutualidad de la Abogacía (ahora rebautizado como Mutualidad) a la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, podrán traspasar al RETA el dinero que han ido acumulando a lo largo de todos los años de ejercicio de su profesión en el fondo de Mutualidad, como tiempo cotizado calculado con base mínima.
Sin embargo, los profesionales afectados por las mutualidades insisten en la necesidad de que la pasarela al RETA incluya a "todos los afectados", pues denuncian que "el Estado ha fallado en su deber de vigilancia y no puede dejar a ningún profesional desamparado". Asimismo, han señalado que excluir de la pasarela a todos los afectados incorporados entre 1996 y 2026, y condicionar la pensión de jubilación a cumplir un requisito de vulnerabilidad, es contrario a la Constitución.
El RETA, obligatorio en 2027
El Gobierno quiere que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse obligatoriamente en el RETA a partir de 2027, eliminando así la opción de cobertura alternativa con una mutualidad que tienen actualmente ciertos colectivos, como son los abogados y procuradores.
Sin embargo, el colectivo afectado, organizados en el movimiento J2, Venia, Anama, Ala y Marea Negra, considera que, como dicha obligatoriedad de la adscripción al RETA será a partir de 2027, "los nuevos colegiados corren el riesgo de que, desde ahora hasta esa fecha, las Mutualidades puedan continuar captando mutualistas, como régimen alternativo, pese al tremendo problema que la escasez en cuanto a prestaciones les supondrá eso".