Era un secreto a voces, que finalmente se ha confirmado. DKV abandona la asistencia sanitaria de los funcionarios y Muface garantiza su continuidad gracias a Adeslas y Asisa, las dos únicas aseguradoras que se han adherido al convenio sanitario para 2025, 2026 y 2027. El Gobierno da carpetazo así a la peor crisis que ha vivido la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en sus 50 años de historia.
Según la documentación remitida por la mutualidad al Portal de Contratación del Estado, Adeslas y Asisa serán finalmente las dos únicas aseguradoras que prestarán asistencia sanitaria privada a los funcionarios adscritos a Muface. Al tiempo, los mutualistas asegurados por DKV tendrán que optar por Adeslas, Asisa o la prestación pública.
DKV era la única aseguradora que no había informado previamente de su decisión, como sí habían hecho Adeslas y Asisa, confirmando hace días que asistirían al concierto. Pero ya se sospechaba que abandonaría el contrato, después de que dejara pasar el contrato de Muface para la asistsencia a los funcionarios en el extranjero, al que daba servicio en exclusiva, y que finalmente ha sido adjudicado a Nueva Mutua Sanitaria.
La mesa de contratación de Muface ha indicado que Asisa ha presentado correctamente toda la documentación. En cambio, ha indicado que Adeslas debe subsanar ciertos documentos sobre el pago de cotizaciones a Seguridad Social e impuestos.
Según los últimos datos disponibles, de cierre de 2023, un total de 199.619 beneficiarios de Muface habían elegido DKV como su aseguradora para recibir asistencia sanitaria. Estos funcionarios y sus familiares deberán elegir ahora si se suman a Adeslas, Asisa o el Sistema Nacional de Salud.
A cierre de 2023, la primera opción entre el funcionariado y sus beneficiarios adscritos era Adeslas, con 508.703 funcionarios, seguida de la sanidad pública, con 457.307 adscritos. En tercer lugar se situaba Asisa, con 363.946 adscritos.
Las comunidades con más beneficiarios de DKV adscritos a Muface eran Cataluña (57.837 personas), Andalucía (45.227 personas), Castilla y León (17.971 personas) y Comunidad Valenciana (17.049 personas).
El contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el Gobierno. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.
En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años. Estas cantidades están exentas de IVA.
Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.
El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
